Agostina Vega tenía 14 años. Desapareció un sábado por la noche en Córdoba y fue encontrada muerta una semana después. El principal acusado por el femicidio, Claudio Barrelier, era empleado de la Municipalidad de Córdoba.

Hasta ahí, el dato ya resulta estremecedor. Pero hay otro elemento que vuelve el caso todavía más inquietante: Barrelier había estado detenido poco tiempo antes por una causa vinculada a privación ilegítima de la libertad y aun así seguía formando parte de la estructura estatal.

La explicación oficial fue que la Municipalidad nunca recibió una notificación formal de la Justicia. Y justamente ahí aparece una de las contradicciones más profundas del Estado argentino actual.

Mientras gobiernos nacionales, provinciales y municipales hablan permanentemente de inteligencia artificial, automatización, ciudades inteligentes, chatbots y análisis masivo de datos, muchas administraciones públicas todavía no pueden resolver algo muchísimo más elemental: cruzar información crítica entre sus propios organismos.

Hoy existen municipios que anuncian centros de monitoreo inteligente, sistemas predictivos de tránsito y hasta proyectos de “gemelos digitales” capaces de simular el funcionamiento urbano en tiempo real. Sin embargo, al mismo tiempo, el Estado sigue sin contar con mecanismos mínimos para detectar automáticamente si un empleado público fue detenido, imputado o involucrado en causas graves incompatibles con determinadas funciones.

El problema no es tecnológico. La tecnología para hacerlo existe desde hace años.

No hace falta inteligencia artificial avanzada ni sistemas futuristas. Bastaría con niveles básicos de interoperabilidad entre bases de datos estatales, protocolos institucionales claros y alertas automáticas entre áreas de recursos humanos, organismos de control y sistemas judiciales.

La pregunta entonces no es si el Estado tiene herramientas digitales. La pregunta es por qué muchas veces decide utilizarlas más para marketing político que para fortalecer capacidades institucionales reales.

El caso Agostina también expone otra discusión incómoda: la baja profesionalización del empleo público en buena parte de Argentina.

Barrelier no había ingresado mediante concurso ni a través de un proceso técnico de selección. Su incorporación se produjo por recomendación política. El propio concejal que impulsó su ingreso reconoció haberlo hecho entrar “con un certificado de buena conducta en blanco”.

Ese mecanismo no es excepcional. Se repite en municipios, provincias, legislaturas y organismos públicos de distintos signos políticos. Gobiernos de derecha, izquierda, peronistas, radicales, libertarios o progresistas reproducen muchas veces la misma lógica: utilizar al Estado como estructura de pertenencia política antes que como organización profesional.

Y cuando el empleo público se construye sobre vínculos personales en lugar de sistemas institucionales sólidos, los controles también tienden a debilitarse.

Por eso el problema de fondo excede completamente el caso Córdoba.

Porque incluso aceptando que no existió comunicación formal desde la Justicia, sigue existiendo una pregunta básica: ¿nadie dentro del municipio advirtió que un empleado había sido detenido? ¿Qué ocurrió con su asistencia laboral? ¿Faltó a trabajar? ¿Pidió licencia? ¿Ningún área administrativa de RRHH activó un seguimiento?

La secuencia revela un Estado fragmentado, donde muchas veces cada organismo funciona como una isla desconectada del resto.

En ese contexto, el debate sobre inteligencia artificial corre el riesgo de transformarse en una discusión superficial si antes no se resuelven capacidades estatales mucho más básicas: interoperabilidad, trazabilidad administrativa, control interno y profesionalización de la función pública.

La enorme mayoría de los empleados públicos trabaja honestamente y sostiene servicios esenciales. El problema no son los trabajadores estatales. El problema es un sistema institucional que muchas veces incorpora sin evaluar, controla poco y coordina peor.

Después de cada tragedia, Argentina suele responder con anuncios urgentes, nuevas leyes y promesas de reforma. Pero rara vez se discute la dimensión estructural del problema: un Estado que incorpora tecnología sin construir primero institucionalidad.

El femicidio de Agostina Vega tiene responsables penales directos. Pero también deja al descubierto las debilidades de un aparato estatal que muchas veces quiere parecer moderno sin resolver funciones elementales de control y coordinación.

Porque un Estado inteligente no es el que más habla de inteligencia artificial. Es el que puede usar información pública de manera eficiente para prevenir riesgos, controlar su propia estructura y proteger a la ciudadanía.

Y hoy, en demasiados casos, Argentina todavía está muy lejos de eso.