Una patente adulterada, tapada o ilegible puede convertirse en bastante más que una infracción de tránsito. También puede dejar fuera del radar de las cámaras de videovigilancia a un vehículo y complicar una investigación judicial. Con ese argumento, el Concejo Municipal de Rosario avanza con una modificación al Código de Tránsito que busca endurecer las sanciones para automotores y motovehículos que circulen con sus chapas identificatorias alteradas o que impidan su correcta lectura.

El proyecto, presentado por la concejala Carolina Labayrú, del bloque Unidos, obtuvo despacho favorable en la comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana, que preside Federico Lifschitz (bloque Socialista), y fue girado a Obras Públicas, que ayer no lo trató y quedó para la reunión del próximo martes.

La iniciativa pretende corregir un vacío que existe en la normativa vigente, según la mirada de la edila oficialista. Hasta hoy, un inspector puede detectar que un vehículo circula o está estacionado con una patente adulterada y labrar el acta correspondiente, pero esa situación no contempla de manera expresa la posibilidad de disponer su traslado al corralón. Y eso es lo que pasará si la idea de Labayrú se hace ordenanza.

“Hasta hoy la normativa tiene un vacío porque si ves en circulación o estacionado en la vía pública un vehículo que tenga su patente adulterada, el inspector puede labrar un acta que se traduce o no en una multa, pero no está contemplado que pueda llevarlo al corralón. Eso es lo que venimos a corregir”, sostuvo la ex secretaria de Control municipal.

La reforma propone incorporar al régimen de infracciones distintas modalidades de manipulación de las chapas patentes. Quedarían alcanzados los casos de adulteración, ocultamiento total o parcial, colocación de elementos ajenos al diseño original y ubicación antirreglamentaria. También se incluyen las chapas que resulten ilegibles por deterioro, suciedad o cualquier otra causa.

El texto contempla además un supuesto que apunta directo a las maniobras destinadas a burlar los sistemas de control: la utilización de dispositivos, mecanismos o intervenciones materiales que sean objetivamente aptos para impedir, alterar o dificultar la identificación de la patente.

El argumento de fondo es que el dominio alfanumérico vehicular funciona como una pieza más del sistema de seguridad urbana. Si no puede ser leída, no sólo se dificulta determinar si el vehículo cometió una infracción. También puede perderse información relevante para los sistemas de videovigilancia y para posteriores investigaciones.

“Una patente adulterada no solamente evita una multa, sino que también permite que una cámara de videovigilancia no lo identifique. También dificulta que la Justicia reconstruya el recorrido de un vehículo”, señaló la concejala.

La modificación apunta a darle a los inspectores una herramienta que hoy no tienen frente a una conducta que puede ser deliberada. La posibilidad de retirar el vehículo de la vía pública funcionaría como un escalón adicional respecto de la mera confección de un acta.

“Una patente que se pueda ver bien, en definitiva, lo que hace es ayudar a los controles y a la seguridad”, planteó Labayrú. Y agregó: “Lo que estamos haciendo es darle más herramientas a los inspectores para que puedan actuar y para que sea un acto de justicia para los rosarinos que sí cumplen las normas”.