Aunque el gobierno decidió retirar el capítulo que modificaba la ley de tierras en el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, por la que hoy se restringe la compra de tierras rurales por parte de capitales extranjeros, un informe del Observatorio de Tierras vuelve a poner el foco sobre una discusión que trasciende la propiedad privada y se adentra en un terreno mucho más sensible: la soberanía territorial. Aunque el fenómeno suele asociarse a Misiones, Neuquén o Corrientes, Santa Fe tiene su propio punto crítico. Se encuentra a poco más de 200 kilómetros de Rosario y lleva un nombre que enciende las alarmas en Santa Fe: el departamento Garay.

El estudio, elaborado por investigadores del Conicet y de la Universidad de Buenos Aires, sostiene que alrededor de 13 millones de hectáreas del país –casi el 5 por ciento del territorio nacional– pertenecen hoy a empresas o personas extranjeras. En términos de superficie, equivale prácticamente a toda la provincia de Santa Fe.

Sin embargo, los autores insisten en que el dato nacional es apenas una fotografía incompleta. “La verdadera dimensión del fenómeno aparece cuando bajamos la escala y miramos por departamento, o cuando cruzamos la información con la ubicación de cursos de agua, acuíferos o zonas con potencial minero”, explicó una de las investigadoras, Julieta Caggiano.

En ese mapa, Santa Fe aparece con un porcentaje relativamente bajo de extranjerización: el 1,72 por ciento de su superficie, unas 220 mil hectáreas sobre un total de 12,8 millones. Pero ese promedio provincial esconde una situación excepcional.

Garay –el distrito representado por el senador departamental del bloque Unidos, Germán Baumgartner– registra un 16 por ciento de sus tierras rurales en manos extranjeras, convirtiéndose en el único departamento santafesino que supera el límite del 15 por ciento establecido por la Ley de Tierras Rurales. Sobre un total de 391.777 hectáreas, 61.630 pertenecen a propietarios extranjeros, según los registros de la Dirección Nacional de Tierras Rurales relevados por el Observatorio.

La situación adquiere mayor relevancia por tratarse de un territorio atravesado por el sistema del río San Javier, uno de los principales reservorios de agua dulce de la provincia. El informe advierte además que parte de esas propiedades se encuentran próximas a cuerpos de agua de gran magnitud, precisamente uno de los supuestos cuya adquisición por extranjeros restringe el artículo 10 de la legislación vigente.

Entre los propietarios más emblemáticos figura la estancia San Enrique, de 937 hectáreas, vinculada al magnate estadounidense George Soros a través del grupo Cresud/IRSA. En este holding talla el multimillonario Eduardo Elztain, uno de los primeros mecenas de Javier Milei.

También existen emprendimientos turísticos explotados por empresarios franceses y estadounidenses dedicados principalmente a la pesca y la caza deportiva sobre la costa santafesina.

La advertencia de los investigadores coincide con el tratamiento parlamentario del proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, impulsado por el oficialismo nacional, que propone eliminar los actuales límites a la adquisición de campos por parte de extranjeros.

Para Caggiano, existe una contradicción difícil de explicar. “El propio gobierno nacional sostiene en su página oficial que ninguna provincia supera el límite del 15 por ciento. Entonces, ¿por qué se esfuerzan tanto en derogar la ley?”, se preguntó.

Según el Observatorio, el argumento oficial de que una mayor demanda internacional incrementaría el valor de los campos puede beneficiar a los propietarios actuales, pero también encarecer el acceso a la tierra y los arrendamientos, acelerando la concentración y desplazando a pequeños y medianos productores.

Ese es precisamente uno de los aspectos que preocupa en Santa Fe, donde la producción agropecuaria depende cada vez más de arrendatarios que de dueños. Es decir, de productores que alquilan la tierra que trabajan.

“La provincia ya tiene cerca del 70 por ciento de sus productores en condición de arrendatarios”, advirtió la diputada nacional Caren Tepp. “Hoy producen en condiciones difíciles, con pérdida de rentabilidad. Imaginemos qué pasará si además deben negociar con propietarios extranjeros. El riesgo no es solamente la concentración, sino la extranjerización del modelo productivo agropecuario argentino”, señaló a Rosario/12.

Para la legisladora de Unión por la Patria, el impacto excede largamente la discusión inmobiliaria. “No estamos hablando sólo de la renta agropecuaria. También están en juego los recursos naturales asociados a esos territorios y la capacidad de decidir sobre ellos”, afirmó.

Desde Rosario también surgieron reparos al proyecto, aunque con una mirada diferente sobre cómo debería abordarse la regulación.

Consultado sobre el debate, el intendente Pablo Javkin sostuvo ayer que el problema no pasa por mantener un límite uniforme para todo el país. “Si los límites se ponen a nivel nacional, entonces es un problema. Si usted los pone a nivel provincial y departamental, cambia totalmente la discusión”, planteó por en rueda de prensa, al sugerir que las restricciones deberían contemplar las particularidades territoriales.

La observación no es menor. El informe demuestra que los promedios provinciales pueden ocultar realidades muy diferentes. Mientras la mayor parte de Santa Fe exhibe porcentajes mínimos de extranjerización, Garay ya sobrepasó el techo legal y comparte indicadores con departamentos mesopotámicos o patagónicos históricamente afectados por este fenómeno.

Por eso, para los investigadores, el debate continúa, aunque este jueves no llegue al Senado, y excede el derecho de propiedad. Se trata, sostienen, de discutir quién controla el territorio, los recursos estratégicos, el agua y el futuro productivo del país. Y, en el caso santafesino, de evitar que una excepción como Garay deje de ser una alarma para convertirse en la regla.