El exfiscal regional de Rosario Patricio Serjal, de 48 años, condenado en noviembre de 2025 a nueve años de prisión efectiva, multa e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos por asociación ilícita, cohecho pasivo agravado y peculado de servicios en el marco de una red de corrupción ligada al juego clandestino en Santa Fe, continuará detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Rosario. La decisión la tomó un tribunal provincial, que rechazó su pedido de prisión domiciliaria por razones de salud, al considerar que la solicitud carecía de fundamentación suficiente y tras constatarse, en una requisa realizada en su celda un día antes de la audiencia, la tenencia irregular de dos teléfonos celulares ocultos en el colchón que utilizaba.

La decisión fue adoptada por los jueces Facundo Becerra, Hebe Marcogliese y Juan Ignacio Gasparini durante una audiencia de revisión de la medida cautelar realizada el martes 16 de diciembre de 2025 en el Centro de Justicia Penal de Rosario, en la que también se evaluaron los planteos médicos formulados por la defensa y la oposición del Ministerio Público de la Acusación, que subrayó tanto el incumplimiento de las normas penitenciarias como la inexistencia de un cuadro de salud que justificara una morigeración del régimen de detención.

Serjal se encuentra alojado desde el 7 de noviembre pasado en el complejo penitenciario ubicado sobre avenida Francia al 4800, cercano a la Jefatura de Policía, luego de haber asistido en libertad a todo el debate oral y público que culminó con la sentencia condenatoria de primera instancia. A poco más de un mes del fallo, sus defensores Ignacio Carbone y Renzo Biga solicitaron que el exfuncionario judicial continuara el cumplimiento de la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario hasta tanto la condena quedara firme, argumentando un deterioro en su estado de salud física y mental producto de la situación de encierro.

Durante la audiencia, la defensa aportó informes médicos correspondientes a los años 2020 y 2021, período en el que Serjal estuvo detenido por primera vez en el marco de la misma causa, y sostuvo que la actual privación de la libertad había interrumpido un tratamiento psiquiátrico previo y que el interno no estaría recibiendo atención médica adecuada dentro del establecimiento penitenciario. También solicitó la intervención de una junta médica interdisciplinaria para evaluar su condición clínica de manera integral.

El fiscal José Luis Caterina, uno de los responsables de la acusación junto con Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato, refutó esos argumentos al señalar que el propio Serjal había realizado su último tratamiento psiquiátrico en enero de 2025, diez meses antes de la condena, y que desde su ingreso a prisión existían al menos diez informes oficiales que daban cuenta de controles y atenciones clínicas, psicológicas y psiquiátricas. En ese sentido, indicó además que el 6 de diciembre, tres días antes de la audiencia, el detenido se negó a ser trasladado para realizarse estudios médicos por problemas intestinales.

A esos elementos se sumó un dato que terminó de inclinar la balanza judicial: durante una requisa efectuada el lunes previo a la audiencia en la celda que Serjal comparte con otros dos internos, personal penitenciario secuestró dos teléfonos celulares que se encontraban ocultos en el colchón asignado al exfiscal regional. Según se consignó en el acta, Serjal reconoció que los dispositivos eran de su propiedad, una circunstancia que fue considerada por el tribunal como una infracción grave al régimen carcelario y un indicio negativo a la hora de evaluar cualquier flexibilización de la detención.

Con esos elementos, los jueces resolvieron rechazar “in limine” el pedido de morigeración al entender que no se encontraban reunidos los requisitos mínimos para habilitar el planteo y que la audiencia no revestía el carácter de urgencia invocado por la defensa. De este modo, se mantuvo la prisión preventiva efectiva en el marco de una condena que aún no se encuentra firme, pero que ya se ejecuta.

La situación de Serjal se inscribe en uno de los casos más relevantes de corrupción institucional investigados y juzgados en la provincia de Santa Fe desde la implementación del nuevo sistema procesal penal. El exjefe de los fiscales rosarinos fue hallado culpable de haber integrado y organizado una asociación ilícita destinada a brindar cobertura judicial a una estructura dedicada a la explotación del juego clandestino en distintas localidades de la provincia, a cambio de pagos periódicos en dólares.

Según la acusación, la organización estuvo activa al menos entre abril de 2017 y julio de 2020 y tuvo como otros protagonistas centrales al empresario Leonardo Peiti, señalado como responsable del armado y financiamiento del negocio ilegal; al entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien actuó como nexo operativo dentro del Ministerio Público de la Acusación; y al senador provincial Armando Traferri, imputado como presunto organizador y apuntado como la “pata política” del entramado. También fueron mencionados el excomisario Alejandro Torrisi, ya condenado, el empleado judicial Nelson Ugolini, sentenciado a cinco años de prisión, y otras personas que cumplieron distintos roles dentro de la estructura.

El tribunal que condenó a Serjal consideró probado que, abusando de su cargo como fiscal regional, impartió directivas para interferir en investigaciones penales, desviar causas, omitir persecuciones obligatorias, filtrar información reservada y garantizar impunidad a las actividades de juego ilegal que se desplegaban en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Gálvez, Rafaela y Reconquista. Parte de esas maniobras incluyó reuniones con integrantes de la organización, viajes oficiales utilizados para encuentros clandestinos y el uso indebido de recursos del Estado.