Dos policías llegan hoy a juicio acusados de delitos contra la integridad sexual de una adolescente, cometidos en marzo de 2023, en la ciudad de Roldán. Colectivos feministas y organizaciones sociales difundieron un petitorio “para garantizar que se haga justicia”. En ese sentido, plantean que el pedido de pena de la Fiscalía -que en la audiencia preliminar fue de 12 años- tenga en cuenta que además de un delito sexual “se trata de una profunda traición al deber de cuidado que la sociedad deposita en quienes visten un uniforme y representan a las fuerzas de seguridad”.

Lautaro A., de 26 años; y Ricardo P., de 27, fueron imputados por haber detenido el móvil al ver a la joven en la ruta A012, para luego cometer el delito. Según se indicó el año pasado, durante la audiencia preliminar, tras el hecho, ambos trasladaron a la víctima a su domicilio, “bajo amenazas de no contar lo acontecido”. En esa instancia también se les prorrogó la prisión preventiva.

En aquel momento, la fiscal de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual les atribuyó el hecho cometido el 3 de marzo de 2023, alrededor de las 3 de la mañana en la zona de la ruta A012, entre Carlos Gardel y Los Nogales, de la ciudad de Roldan.

La acusación judicial expresa que ambos, cumpliendo funciones en la policía provincial, circulaban en un móvil oficial, en el que Ricardo P. iba al volante y Lautaro A., como acompañante, cuando detuvieron la marcha al ver a la joven, de 15 años, que caminaba por el lugar. Le hicieron algunas preguntas y le ofrecieron llevarla a su casa. El acompañante hizo lugar en el espacio de atrás para que ella subiera. “Trasladaron el móvil hacia la banquina, apagaron las luces, y A. pasó al asiento posterior”, donde la violentó. “El accionar fue interrumpido por una llamada radial por lo que A. regresó al asiento delantero”, para luego llevar a la víctima a su domicilio “bajo amenazas de no contar lo acontecido”. Fue al advertir que estaba siendo buscada por la familia.

El caso llegó también al área de género del municipio roldanense y además fue abordado por profesionales del Samco local, con dispositivos que acompañaron a la joven víctima en un proceso que trabajó puntualmente sobre la situación de vulnerabilidad frente a los hechos.

En la justica, la calificación fiscal en la audiencia preliminar de mayo de 2025 fue, para A., por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas y por haber sido personal de las fuerzas policiales en ocasión de sus funciones, en calidad de autor; mientras que a P. se le atribuyeron esos mismos delitos, en calidad de participe primario. En tanto, la fiscal Noelia Riccardi adelantó por esos días el pedido de pena de 12 años de prisión para ambos.

En ese contexto, esta semana, integrantes de organizaciones sociales, comunitarias y de mujeres, en una nota dirigida a la fiscal Mariela Gusso -que representará al MPA en el debate- apuntaron a “que la acusación sea sostenida con la máxima convicción, produciendo toda la prueba necesaria y requiriendo una condena que refleje la verdadera dimensión de los hechos que se juzgan”.

El documento expresa: “Sabemos que el juicio oral constituye la etapa más trascendente del proceso penal”. Y más adelante agrega: “En ese marco, queremos expresar nuestro acompañamiento al trabajo realizado por la Fiscalía y solicitar respetuosamente que la acusación sea sostenida con la máxima convicción, produciendo toda la prueba necesaria y requiriendo una condena que refleje la verdadera dimensión de los hechos que se juzgan. Si durante el debate se acreditan los hechos atribuidos a los imputados, estaremos frente a una de las formas más graves de violencia que puede sufrir una mujer: la violencia sexual ejercida por quienes, lejos de protegerla, habrían utilizado el poder, la autoridad y los recursos que el Estado puso en sus manos para someterla y luego procurar su silencio”.

El petitorio plantea que “quien porta un arma reglamentaria, conduce un patrullero y ejerce autoridad en nombre del Estado tiene una responsabilidad superior a la de cualquier ciudadano. Esa autoridad existe para brindar protección, generar confianza y asistir a quien lo necesita. Si esa posición privilegiada fuera utilizada para vulnerar la dignidad de una niña adolescente, el reproche jurídico, ético e institucional debe ser también superior, porque el daño no alcanza solamente a la víctima, sino que hiere la confianza de toda la comunidad en las instituciones públicas”.

En el mismo sentido, sostiene: “Entendemos que la Justicia debe valorar la conducta de cada uno de los imputados conforme al grado de participación que resulte probado durante el juicio. La responsabilidad no puede limitarse únicamente a quien hubiera ejecutado materialmente el hecho. Quien facilita, acompaña, permite, intimida o contribuye a asegurar la impunidad también debe responder plenamente por sus actos”.

Y suma: “Solicitamos que, al formular su alegato final, la Fiscalía requiera la aplicación de la máxima pena que el ordenamiento jurídico permita, considerando todas las agravantes que resulten acreditadas durante el debate, particularmente las previstas por el artículo 119 del Código Penal, junto con las reglas de autoría y participación establecidas en los artículos 45 y 46, y los criterios para la determinación de la pena previstos en los artículos 40 y 41 del mismo cuerpo legal. Entendemos que solo una respuesta penal firme y proporcional puede expresar el verdadero reproche que merece un hecho de estas características cuando involucra a funcionarios públicos”.

Al mismo tiempo, señalan: “Somos conscientes de que ninguna condena podrá devolverle a la víctima aquello que le fue arrebatado. Ninguna sentencia alcanzará para reparar completamente el dolor, el miedo, las secuelas emocionales, psicológicas y sociales que deja una agresión sexual. No existe pena capaz de reconstruir íntegramente un proyecto de vida atravesado por la violencia ni de borrar el sufrimiento que también alcanza a su familia y a sus seres queridos”. Y que “la respuesta del Estado debe ser clara, firme y proporcional: porque cuando el daño es irreparable, la Justicia tiene la obligación de demostrar que la sociedad no tolera semejantes conductas y que quien las comete deberá asumir todas sus consecuencias”.

Para los firmantes, el caso también “interpela como comunidad. Nos obliga a pensar en nuestras hijas, hermanas, esposas, madres y en todas las mujeres que cada día caminan solas por nuestras calles, regresan de estudiar o de trabajar, esperan un colectivo o piden ayuda confiando en quienes tienen la misión de protegerlas”.

Sobre el final, señalan: “Confiamos en que el MPA continuará actuando con la independencia, el compromiso y la firmeza que este caso requiere, sosteniendo la acusación hasta sus últimas consecuencias y requiriendo una condena que sea verdaderamente proporcional a la gravedad de los hechos”.

Y aclaran: “No formulamos este pedido desde el rencor ni desde el deseo de venganza. Lo hacemos desde la convicción de que una sociedad más justa solo puede construirse cuando las víctimas encuentran respuestas, cuando la ley se aplica sin privilegios y cuando quienes tienen el deber de proteger comprenden que nunca podrán utilizar el poder que el Estado les confió para violentar la dignidad de otra persona”.

En sus redes, Liliana Leyes, una de las referentes feministas de Rosario que firmó la petición, señaló que la “fiscal pidió en la acusación 12 años de prisión (aunque podría haber pedido hasta 20 años)”. Y anunció el acompañamiento en las jornadas de juicio: “El 20 y 21 estaremos allí presentes para visibilizar que nuestras vidas valen. Y que si nos tocan a una, nos tocan a todas. Seguiremos luchando y gritando con nuestras niñeces nó!”.