En sus últimas horas previas a asumir en la Cámara Federal, Pablo Yadorala firmó el archivo de la causa en la que se investigaban las valijas y bultos que Laura Arrieta ingresó al país sin pasar por controles tras llegar a Aeroparque en un avión privado del influyente empresario Leonardo Scatturice, de fuertes vínculos con el gobierno libertario. En su papel aún de juez penal económico, después de un año y medio de trámite del expediente, concluyó que no es posible hablar de contrabando no solo porque el equipaje no pasó por el escáner y no se sabe qué había adentro, sino porque el análisis de las imágenes y algunos testimonios lo llevaron a concluir que parecían “equipaje, efectos personales y elementos propios de desplazamiento internacional”. En cambio, decidió enviar a sorteo para que algún juzgado de Comodoro Py investigue el posible incumplimiento de deberes de los funcionarios/as que debieron controlar.

La resolución aclara que el archivo podría no ser definitivo y que la causa debería reabrirse si Estados Unidos contesta los oficios que el juez envió varias veces, donde pedía a las autoridades que precisaran datos sobre el vuelo –que había salido del aeropuerto Opa-Locka, en Miami-, la ruta, los pasajeros, el equipaje, la mercadería declarada y registros de control al momento de la partida. Parece improbable que esa información llegue, al menos por ahora. Se le atribuye, de hecho, oficiar como nexo entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump, entre otras cosas a través de un contrato de una de las empresas ligadas a él, Tactic Global LLC, con la SIDE.

El vuelo privado con matrícula N18RU llegó al Aeroparque Jorge Newbery el 26 de febrero de 2025 a las ocho de la mañana. La tripulación estaba conformada por José Luis Bresciano y Juan Pablo Pinto más Arrieta, todos consignados como empleados de OCP TECH, una de las empresas del grupo encabezado por Scatturice. Según declaró el principal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) José Flores Herbas, Arrieta bajó de la aeronave con un celular en la mano y se lo pasó a la guarda de la Oficina de Control de Pista de la Dirección General de Aduanas (DGA), Cintia Cali, quien estaba esperando y le hizo un ademán con la cabeza, después de lo cual llevaron a la pasajera al sector de arribos internacionales, donde se dirigieron también Bresciano y Pinto. La pesquisa no obtuvo precisiones sobre esa llamada, que parecía guardar relación con el trato particular recibido. La reconstrucción se hizo en base a imágenes (que, según la resolución, son de baja calidad e incompletas) y relatos de testigos.

Guiados por Cali y Silvia Abalsamo, responsable interina de la División Aeroparque Metropolitano (vicejefa de Aduana), los tres atravesaron un circuito que no tenía ningún tipo de control. En ese momento el escáner estaba disponible, no había nadie. Ingresaron 15 bultos en total, la mayoría de los cuales habría pertenecido a Arrieta. Un registro escrito consignaba solo cinco. Luego, inmediatamente, ingresaron otros pasajeros que sí fueron revisados. El avión de Scatturice estuvo en el hangar de la empresa Royal Class hasta el 5 de marzo. Según los tripulantes, habían quedado dos valijas adentro, una de Arrieta y otra de Víctor Germán Du Plooy. Pero la inspección previa a que partiera hacia París, arrojó que no había nada adentro. Un misterio.

La investigación comenzó el 17 de marzo del año pasado, con una denuncia del Servicio Aduanero, después de que Carlos Pagni revelara la historia del vuelo en La Nación. El tiempo transcurrido desde el arribo del avión hasta ese entonces es otro de los argumentos por los que Yadarola dice que hay detalles que no se pueden recuperar y que son esenciales en una causa de contrabando. En cuanto a las comunicaciones, consignó que se pudo establecer que hubo flujo de datos, pero no se sabe si hubo una llamada de WhatsApp, Telegram, Signal, Twitter, Instagram o alguna otra aplicación. No se esclareció de dónde vino la instrucción para evitar el control. Como es habitual, el Gobierno en su momento mintió: el exvocero Manuel Adorni dijo que Arrieta había pasado los controles y que solo llevaba un carry-on y una valija. Milei trasladó la carga al personal aduanero, al que atribuyó la decisión de quién pasa y quién no.

La explicación del juez

“Si bien la ausencia de registros de escáner impide certeza absoluta sobre el contenido específico, la valoración conjunta de imágenes, características externas observables, declaraciones de pilotos, documentación y contexto permite sostener, con la prudencia propia de esta etapa, que lo transportado aparece prima facie más compatible con equipaje, efectos personales y elementos propios de desplazamiento internacional que con mercadería ostensiblemente identificable como carga comercial típica, sin perjuicio de la imposibilidad de clausurar definitivamente otras hipótesis hasta tanto se reciba la cooperación internacional pendiente”, dice un tramo de la resolución.

Aunque quedó a la vista que fueron funcionarios los que indicaron eludir los controles para hablar de contrabando, dice el fallo, se tendría que haber detectado mercadería que debería pasar por Aduana, algo que no sucedió porque no hubo registro del escáner y por ende, “se desconoce el contenido de los bultos”). Agrega que, si la prueba no alcanza para establecer “la existencia de un acuerdo doloso entre los funcionarios que autorizaron el paso sin control” entonces no se puede hablar de un ardid o engaño.

Yadarola aclaró que a Cali y Abalsamo no les tomó declaración testimonial porque estimaba que podrían quedar imputadas. Son parte del grupo de funcionarios que incluyó al “extraer testimonios” para que la Cámara Federal haga un sorteo y otro juzgado, pero de Comodoro Py, investigue otros posibles delitos. “Las particulares circunstancias del caso sí habilitan la posible comisión de delitos ajenos” al fuero penal económico, “consistentes en incumplimientos a los deberes de funcionarios públicos”.

“Pese a los diversos requerimientos efectuados, la D.G.A. no ha explicado adecuadamente qué motivó la decisión de los agentes aduaneros para que Arrieta, Pinto y Bresciano egresaran de la zona primaria aduanera mediante un paso habilitado solo para ellos, sin ningún tipo de control sobre sus equipajes. Ello no implica desconocer que los criterios de selectividad para el control de equipajes en el ámbito aeroportuario…” Pero en este caso, agregó, coincide con el fiscal Claudio Navas Rial y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que señalaron que tuvieron un trato diferencial: “El desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero…”.

Más allá de que se abra una causa nueva, nada hace suponer que se vaya a conocer de dónde salió la orden para liberar de todo rigor la entrada de Arrieta y compañía.

Los personajes

Arrieta, muy cercana a Scatturice, tiene 33 años y se ocupó de parte de la organización de la cumbre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se hizo en Buenos Aires, donde disertó Milei. CPAC Argentina fue inscripta como tal por Scatturice en Florida, Estados Unidos, como sociedad sin fines de lucro (él figuraba como director y Arrieta como tesorera). En ese país es el foro conservador más antiguo, un evento que aglutina a la ultraderecha.

El empresario supo trabajar en la Secretaría de Inteligencia y aceitó su vínculo con el gobierno de Milei a través de Santiago Caputo, aunque con el gobierno de Milei comenzó a multiplicar contratos con el Estado. OCP Tech es una de sus empresas y obtuvo más de quince contratos con organismos públicos. A través de Tactic, parte COC Global Enterprise, firmó el contrato con la SIDE. También había comprado Flybondi (ahora en plena reestructuración) y OCA. Algunos de los negocios fueron denunciados por el diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade, quien también pidió que se investigaran otros seis vuelos antes y después del de las valijas sin control.

El juez Yadarola –recordado como uno de los pasajeros del vuelo privado que llevó a un grupo de jueces y funcionarios a Lago Escondido invitados por Clarín– cierra este capítulo incómodo para el Gobierno con la oficialización de su ascenso, impulsado por el ministro Juan Bautista Mahiques, a pocas horas de prestar juramento en la Sala I de la Cámara Federal. Un tribunal donde la Casa Rosada espera blindarse en escándalos de corrupción como el caso Libra.