El gobierno celebra la estabilidad macroeconómica pero los números reflejan una caída de la inversión productiva y desplome de la inversión extranjera. |
La columna vertebral de todo proceso de crecimiento es el desarrollo de inversiones productivas. Supuestamente, el gobierno de Javier Milei iba a generar las condiciones para lograrlo. Sin embargo, la realidad es que el modelo aplicado provocó una grave caída, verificada en el comportamiento de las empresas locales y del exterior.
La inversión total en los años 2024 y 2025 fue todavía más baja que en el último período del gobierno de Alberto Fernández, según el INDEC. A pesar de la crisis de 2023, la variable como porcentaje del PBI en el primer año de mandato de Milei se desplomó un 16,2% y en el segundo fue un 6,4% menor, aún con las promociones para atraer a los inversionistas con extraordinarios sacrificios fiscales ofrecidos con el RIGI, vigente desde julio de 2024.
La contracción no puede atribuirse a la acción política de la oposición, ya que importantes referentes, como Mauricio Macri, Martín Lousteau, Margarita Stolbizer, Facundo Manes y los conversos gobernadores peronistas, se jactaron en diversas oportunidades de darle las herramientas necesarias a Milei para el avance de su modelo. Y la mala performance inversora tampoco puede achacarse a la idea de que las políticas no tuvieron el tiempo suficiente para afirmarse. La leve recuperación de 2025 tras el fuerte descenso de 2024 fue interrumpida ya desde el segundo trimestre de ese mismo año con un nivel en disminución continua y, de acuerdo con datos oficiales preliminares, cayó aún más en el tercer año de gobierno de Milei.
El empeoramiento contrasta con el discurso oficial que arguye el «riesgo kuka» como raíz de todos los problemas. El razonamiento carece de lógica cuando se observa que el máximo registro de inversión del gobierno de Milei (20,6% en el primer trimestre de 2025) ni siquiera llegó a alcanzar el valor promedio del último año «kuka» (21%).
Incluso la inversión en los primeros dos años de la presidencia libertaria estuvo por debajo de todos los años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, excepto en 2009 cuando se vio afectada por la crisis financiera internacional.
Si bien el INDEC recién publicará el 23 de junio su primera medición de inversión de 2026, otros datos oficiales y el de una reconocida consultora privada dan cuenta de que la merma de las erogaciones empresariales se profundizó en los últimos meses.
Una variable proxy determinante de la actividad en términos de desarrollo tecnológico es la importación de bienes de capital. Es un indicador que cobró relevancia por el incremento de la dependencia externa derivada de la abrupta apertura comercial de los dos últimos años y medio y de la hecatombe generada sobre la fabricación nacional de maquinarias (en el primer trimestre de 2026, la actividad del sector fue un 30% inferior que la del mismo período de 2023, según el INDEC).
En el primer cuatrimestre de 2026 la inversión habría vuelto a caer bruscamente comparada con el mismo lapso de 2025, dado que las compras externas de bienes de capital bajaron un 7,1% medidas en dólares y un 13,9%, contabilizadas en cantidades.
En sintonía con esa aproximación, la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, ponderada positivamente en el mercado, anticipó que la inversión, en términos interanuales, se redujo 11,4% en abril y que acumuló una contracción del 6,7% en el primer cuatrimestre de 2026. De esta manera, el estudio calcula que el guarismo solo representó el 16,8% del PBI en ese período, lo cual significa que regresó al pozo del año más angustiante de la pandemia (2020).
Ahora bien, lo más chocante respecto al discurso oficial es lo que sucedió con la Inversión Extranjera Directa (IED). Mientras el ministro Luis Caputo insiste con que la figura del presidente representa un «atajo para las inversiones», el derrape de la IED no tiene precedentes y no es causada por un fenómeno exógeno que haya implicado una reducción en el mundo y en particular en Latinoamérica. También es difícil asociarlo al polifacético «riesgo kuka», ya que la IED tendió a ser considerablemente mayor en los años de gobiernos de ese signo político.
Con relación al PBI, la IED pasó desde un equivalente al 3,8% del PBI en 2023 a hundirse hasta apenas el 0,5% del PBI en 2025, según datos de la OCDE (es una organización internacional integrada por los países más desarrollados del mundo).
Esas inversiones externas, en 2022, totalizaron los 15.206 millones de dólares y, en el último año de la administración de Fernández, habían sido de 24.757 millones de dólares. En tanto, en el primer año de gobierno de Milei fueron 11.644 millones de dólares y, en su segundo año, se achicaron a sólo 3.134 millones de dólares.
Esa impresionante disminución en la primera parte del mandato de Milei fue la más pronunciada entre los países de América Latina evaluados por la OCDE que incluye al resto de los más grandes de América del Sur (Brasil, Colombia y Chile) y de América Central (México y Costa Rica).
Hasta 2023, Argentina no tenía registros tan dispares en comparación con el resto de la región, pero desde 2024 la brecha creció y en 2025 terminó recibiendo menos de una cuarta parte que las otras naciones latinoamericanas analizadas. La debacle pone de relieve el descrédito real en el exterior del modelo de Milei y la inviabilidad de los negocios productivos en Argentina.
La pérdida de productividad resultante de un desempeño inversor tan mediocre, a la vez, sin una política de Estado que combata el fenómeno con inversiones focalizadas en sectores estratégicos y un diseño de políticas pro-inversiones, además, termina retroalimentando esta decadente dinámica. El atraso relativo que implica desestimula nuevas inversiones, un loop vicioso cada vez más difícil de romper.
También repelen decisiones de inversión una multiplicidad de decisiones de política pública. Entre las más relevantes, se destacan:
1. Los descontrolados aumentos de las tarifas de los servicios públicos sin contrapartida de desarrollo de inversiones por parte de las empresas beneficiadas.
2. El ahogamiento del mercado interno por haber usado como ancla antinflacionaria el ingreso de los trabajadores activos y pasivos que, además de alimentar un creciente y peligroso descontento social, comprime la escala de producción y ventas y agudiza el encarecimiento del costo medio de las empresas por un prorrateo de costos fijos en decrecientes unidades producidas y vendidas.
3. El abandono de la obra pública que deriva en un constante deterioro de la infraestructura pública y, en consecuencia, en el incremento de los costos de logística y funcionamiento general de las empresas.
4. La permisividad para la práctica del contrabando y de la competencia desleal sin controles en la Aduana y con flácidas medidas antidumping en un escenario internacional crecientemente proteccionista y, por lo tanto, con saldos de exportación más agresivos.
5. El desfinanciamiento de los principales institutos de investigación tecnológica, como el INTI, el INTA y la CONAE, que son emblemas de la capacidad estatal en América Latina para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y que sirven de soporte para el desarrollo productivo.
6. El encarecimiento y racionamiento del crédito para la producción, sobre todo el orientado a las pymes. En lugar de generarse condiciones propicias para la ampliación y modernización productiva, el gobierno habilita un esquema abusivo en favor del negocio financiero, dándole libertad a los grupos financieros de establecer tasas de interés por los préstamos que otorgan que triplican o incluso llegan a cuadriplicar la inflación esperada mientras pagan por sus depósitos poco más de la mitad de la inflación esperada.
7. El sostenimiento de regulaciones cambiarias para mantener un tipo de cambio artificialmente bajo, pero sin compensaciones para el funcionamiento de actividades relevantes en términos de generación de empleos de calidad y distribución del ingreso que no cuentan con ventajas naturales y que afrontan las adversidades competitivas indicadas en los puntos anteriores.
8. Por último, un relato oficial que desatiende todas las problemáticas planteadas.
En este escenario no debería sorprender el pobre comportamiento de las inversiones. El modelo habilita espacios de muy alta rentabilidad y de mercado en sectores con demanda cautiva o asociada a la explotación directa de recursos naturales sin valor agregado. Para el resto, el mercado y la rentabilidad se comprimen y ponen en riesgo su subsistencia.
Así, la pretendida «reconversión productiva» que pregona el oficialismo se torna una misión imposible que no puede destrabarse con pequeñas reducciones de cargas impositivas, desregulaciones, cierta estabilidad macroeconómica, baja del riesgo país y motosierra. Por más intentos por inflar las expectativas, la credibilidad de la política oficial se desvanece.
Lo que falla es el modelo y la prueba más contundente es su fracaso en activar decisiones de inversión, un fenómeno muy parecido a lo sucedido en la Convertibilidad y en el gobierno de Mauricio Macri.
Los resultados dejan al descubierto que el proyecto de Milei opera en pos de una transformación regresiva y más desigual de la estructura productiva. Tiene como ejes el negocio financiero y la capitalización de las condiciones de explotación primaria previamente desarrolladas, como Vaca Muerta y la infraestructura de los gasoductos, para la explotación irrestricta de recursos naturales revalorizados, como los energéticos y la minería, sin condicionalidades de desarrollo productivo y de inversiones.
El bajo y decreciente nivel de inversión representa un parámetro objetivo de la salvaje degradación del entramado productivo. El empobrecimiento crónico que origina desembocará en un colapso cada vez peor en la medida que perdure. Lamentablemente, si viniera un marciano no diría, como supone Milei, que «la reconstrucción de este país es maravillosa» y que «está en el camino a ser en 30 años a ser una de las principales potencias mundiales».