Un productor agropecuario de la localidad de Peryrano dueño de dos campos en Santa Fe y en provincia de Buenos Aires, que fue el cuarto imputado en la audiencia en la que se le dictó prisión preventiva por seis meses al presunto jefe narco Brian Walter Bilbao por el traslado de casi una tonelada de cocaína, se declaró inocente y afirmó que “no merezco estar acá, toda la vida laburé, nunca anduve en nada raro”. En ambos establecimientos rurales, el hombre tiene pistas de aterrizaje y en uno un hangar con una avioneta, con la que realiza fumigaciones. Para los fiscales del caso, existe evidencia de que los acusados -Carlos Eduardo Equioiz Volpe y Pablo Aranda, además de Bilbao- estuvieron en la zona donde están ubicados esos campos, y las coordenadas satelitales aparecieron en los teléfonos celulares secuestrados a dos pilotos que se estrellaron con una aeronave cerca de Estación Díaz, en junio pasado.

El productor Eduardo D.P. fue el único de los cuatro acusados el jueves que decidió declarar durante la audiencia. Sus abogados defensores son Federico Pagliero y Julia Giordano, quienes representan en juicios por delitos de lesa humanidad a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), aunque en este caso actuaron como particulares. Creen en la inocencia de su cliente y consideraron disparatada la vinculación del hombre con la banda de contrabando internacional de drogas por medio de vuelos clandestinos.

El caso

Bilbao fue detenido el último martes en una camioneta con 956 kilos de cocaína, en el partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Otro hombre que iba con él logró escapar, pero el “Rey del sur” -como dicen los panes de estupefacientes- cayó luego de estar dos años prófugos por otra causa de “bombardeo” con cocaína, que la Justicia investiga bajo el nombre de “Cosecha blanca”.

Hasta esta semana, el ex gerenciador de la radio y el teatro Vorterix de Rosario y de Mar del Plata -entre otras inversiones que se investigan por presunto lavado de activos- era el segundo prófugo más buscado en el ranking de recompensas establecido por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe junto al Ministerio Público de la Acusación. Se ofrecían 40 millones de pesos por datos sobre su paradero.

Los investigadores creen que la avioneta que apareció el mismo martes en un camino rural cerca de Arequito, con 62 kilos de droga, pertenece al mismo grupo criminal liderado por Bilbao. Además, los fiscales de la Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar) también lo acusaron por el transporte de 475 kilos de la misma droga que ingresó al país el 30 de octubre de 2024 en una avioneta cuyo piloto, el militar retirado boliviano Oscar Armando Caba Hurtado, fue detenido y por cuya investigación fue condenado en un juicio abreviado a 7 años y 2 meses de prisión. Ese hecho ocurrió en la zona rural de Andino.

Y responsabilizaron a Bilbao por el contrabando de 30.500 dólares que les encontraron a dos pilotos -uno de nacionalidad boliviana y otro peruano- que aterrizaron de emergencia con una avioneta Cesna en cercanías de Estación Díaz el 3 de junio pasado, presumiblemente luego de haber “bajado” una carga de estupefacientes. Ambos fueron condenados en un juicio abreviado en septiembre pasado.

Lunes de pato

En ese caso de Estación Díaz, los fiscales accedieron a los teléfonos de los pilotos, Milton Carlos Arévalo Estrada y Zabala Mikjail. Tenían un grupo con otros contactos llamado “Los lunes de Pato”, desde donde “se organizaban las maniobras de transporte aéreo de lo que entendemos se trataría de estupefacientes, ya que allí se puede ver las conversaciones en las que programaron el vuelo registrado aquí como TAI (tránsito aéreo irregular)”, sostuvieron los fiscales.

En él detallaban coordenadas precisas de “punto de recogida”, punto “Final” y “lugar que está tranquilo”. Para los fiscales, esas “coordenadas coinciden con los campos vinculados a Eduardo D. P”.

Los establecimientos rurales están ubicados en la zona de Arroyo del Medio (Santa Fe) y en Maguire (Buenos Aires). De este último, creen los acusadores, habría levantado la cocaína Bilbao el martes en el que su suerte de prófugo se terminó.

También existe un audio entre Volpe y Aranda en el que mencionan el nombre del dueño del campo. La abogada Giordano consideró disparatado que dos personas que estaban cometiendo un presunto ilícito, mencionen con nombre y apellido a un miembro de la organización en un audio, cuando lo habitual es que se utilicen sobrenombres.

“Esto es terrible”

A diferencia de los otros tres acusados, que guardaron silencio, el productor agropecuario pidió declarar en la audiencia del último jueves. Entre lágrimas dijo: “Esto es terrible, corro el riesgo de que financieramente me destruya, por el prestigio de años y años de laburo que tengo con mi viejo. Hay gente que dice ‘por algo se lo llevaron’, es un pueblo de 1.300 habitantes, es terrible”.

Eduardo D.P. aseguró que “para mí esto es el fin del mundo” y les pidió a los fiscales que “investiguen bien, que estoy abierto, que revisen todo”. Agregó: “No merezco estar acá, toda la vida laburé, nunca anduve en nada raro. Tengo ganas de volver a mi casa y seguir trabajando, ir a trillar lo que sembré”.

Su defensora Giordano puntualizó que el productor rural ya fue investigado en una causa de este mismo año -por la aeronave de Estación Díaz- que consideró “espejo de esta”, y que el mismo Ministerio Fiscal la archivó por falta de pruebas que dieran cuenta de que en la pista de aterrizaje del campo de Arroyo del Medio se ejerciera alguna actividad ilícita.

Explicó que se hizo una visita ocular por parte de Gendarmería, pasaron perros para detectar restos de estupefacientes, y no se encontró nada.

El hombre aseguró en su declaración: “No conozco a ninguna de las personas que están acá”, y al ser preguntado por sus defensores afirmó que “aviones a la noche se ven por todos lados, en Pergamino, en Arrecifes, en Peyrano pasan aviones, helicópteros, vuelan bajo”.

“Mis campos están cerrados con tranquera y llave. Pero tengo dos campos vecinos que no tienen tranquera, nada, no sé si estas personas estuvieron ahí, yo nos las conozco, no las vi nunca en mi vida”, declaró.

Sin embargo, los fiscales solicitaron prisión preventiva por 180 días para él, medida de coerción que les fue concedida por el juez de garantías del caso, Carlos Vera Barros.