El Ministerio de Agroindustria de la Nación despidió a 14 técnicos de ese organismo que trabajaban en Santa Fe. La pérdida de los puestos de trabajo de ingenieros agrónomos, veterinarios, antropólogos y trabajadores sociales se suman a la mayor vulnerabilidad a la que quedan expuestas las familias rurales y las comunidades de pueblos originarios.
En el Ministerio de Agroindustria de la Nación se inició la semana pasada un plan de ajuste donde dispuso 330 despidos. Según los trabajadores de esa cartera nacional, la mitad de los puestos de trabajo que se perdieron son de Buenos Aires y el resto se reparte en el resto de las provincias. En Santa Fe hay un efecto directo ya que son 14 los despidos en la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que depende de Agroindustria. Además, en los organismos como el Senasa y el Inta también hubo despidos en los últimos días.
Entre las 14 personas a las que el ministro Luis Miguel Etchevere, expresidente de la Sociedad Rural Argentina, dejó sin trabajo hay ingenieros agrónomos, veterinarios, antropólogos y trabajadores sociales. Esos técnicos trabajaban para contener y brindarles herramientas a las familias agricultoras en situación de vulnerabilidad que se resisten a engrosar los cordones de pobreza de las grandes ciudades y mantienen viva la tradición rural de sus familias.
La Subsecretaría de Agricultura Familiar tenía trabajando en la provincia de Santa Fe a 55 personas que con lo justo llegaban a cubrir todo el territorio provincial. Ahora solo quedarán –la Asociación Trabajadores del Estado está luchando en una mesa de diálogo con el ministerio para que los despidos queden sin efecto– 41 trabajadores del organismo y eso significa que haya zonas de la provincia que quedarán sin cobertura.
Para tener una dimensión del impacto de la medida, en Gato Colorado (departamento 9 de Julio) echaron al único médico veterinario que trabajaba en el extremo noroeste de la provincia. «Hay zonas y departamentos que quedan sin asistencia. A eso hay que sumar la falta de presupuesto que tenemos. Es un vaciamiento total de la subsecretaría», explicó la antropóloga Tatiana Arzamendia, santafesina a la que le llegó el telegrama de despido el lunes pasado.
«Nosotros estábamos trabajando en el marco de unos contratos que se renuevan automáticamente todos los años, pero que también se pueden interrumpir. Entre los despedidos hay personas que hacía entre ocho y 20 años que estaban trabajando en la subsecretaría», explicó.
La antropóloga estaba trabajando en la zona centro de la provincia que abarca La Capital, Las Colonias y parte de Garay, donde la subsecretaría teníamos distintos proyectos en marcha. «Yo estaba trabajando en Recreo con la comunidad Com Caia, que ahí se articulaba con el Proyecto Pro-Huerta, con proyectos para mejorar el sistema productivo, la huerta agroecológica, donde hay varias familias que producen. También se trabaja con los pescadores», narró Arzamendia.
Los técnicos de la subsecretaría también llevan adelante el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, que es un registro que incluye a pescadores y a todos los agricultores familiares. «En todos los lugares que echaron a los técnicos ya no se puede contabilizar la cantidad de agricultores familiares que hay. Tampoco se van a poder inscribir al monotributo social, que es una herramienta que es muy buena porque ayuda a los productores a formalizar su trabajo, la comercialización, a tener aportes jubilatorios y una obra social. Y eso es gratuito para ellos. Nosotros somos los técnicos del único organismo que los inscribe al monotributo», remarcó.
«En Monte Vera –continuó– trabajamos con una feria local de productores y también con la escuela técnica para fabricarles distintas herramientas manuales a los productores. Todos esos procesos se cortan en algún punto si no estamos».
El despido de los trabajadores de la subsecretaría tiene un doble efecto negativo. Por un lado, hay personas que pierden su fuente de trabajo después de años de dedicación y de conocer como pocos el terreno y las necesidades donde se desempeñan los agricultores familiares. El segundo impacto de la medida lo sufren las propias familias que sobreviven con el cultivo de la tierra y la cría de animales a muy baja escala.
«Nosotros trabajamos con pueblos originarios y con los agricultores familiares, que son familias muy vulnerables que siguen resistiendo en el medio rural o en zonas periurbanas», dijo Arzamendia y completó: «Con esto que se brinda desde el Estado, que son sus derechos, podemos contribuir a que se queden en el medio rural. Es muy probable que sin estas ayudas del Estado terminen mudándose a las villas de las grandes ciudades. Son agricultores que producen el 70% de los alimentos que consumimos en las ciudades».
El diseño de políticas de desarrollo rural para los pequeños productores tiene en estas últimas décadas su primer mojón, en 1993, con la puesta en marcha del Programa Social Agropecuario. Allí comenzaron a formarse los equipos territoriales interdisciplinarios que terminaron incorporándose, en 2009, a la Subsecretaría de Agricultura Familiar.
Según los trabajadores, «la agricultura familiar representa en Argentina a más del 70% de los productores agropecuarios. Este sector es el que produce los alimentos sanos y frescos para la mesa de los argentinos, cuida los recursos, protege el medio ambiente, abastece las economías regionales, genera empleo y promueve el arraigo rural». De allí radica la importancia de diseñar políticas a largo plazo para un sector que necesita, como pocos en el campo, de un Estado que lo respalde.