La tensión entre la cúpula de la Fiscalía Regional Rosario, a cargo de Matías Merlo, y los jueces penales de la ciudad por la competencia sobre las causas de microtráfico se incrementó este miércoles cuando los miembros de la Cámara de Apelaciones consideraron “desajustadas y agraviantes” sus palabras de un día antes, además de denunciar que la intervención consistió en “un intento de coacción institucional”. El magistrado Gustavo Salvador escaló el conflicto al afirmar a Rosario|12 que los dichos del jefe de los fiscales son “temerarios e irresponsables” y que procuran “presionar a la Justicia”.

El trasfondo del debate es sobre el vínculo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) con el Poder Ejecutivo, que formalmente es de articulación de esfuerzos pero que, en los Tribunales, algunos consideran de cierto nivel de sumisión del primero al segundo.

La disputa pública comenzó cuando el fiscal Regional Merlo dijo, en declaraciones a una radio, que si los jueces de segunda instancia envían al fuero federal las causas por microtráfico de drogas, aumentarán los homicidios y las balaceras, por lo que los magistrados “deberán hacerse cargo de las consecuencias”.

“Si nos quitan la herramienta de investigar el microtráfico, nos están quitando un instrumento esencial para bajar los hechos de violencia altamente lesivos: homicidios, heridos de arma de fuego y balaceras”, sostuvo el jefe de los fiscales de Rosario.

Su mensaje estuvo dirigido a los jueces de la Cámara Penal luego de que dictaran un puñado de resoluciones con el fin de derivar causas sobre búnkeres de venta de drogas al menudeo a la Justicia Federal. “Quienes dicten esas resoluciones deberán hacerse cargo de las consecuencias”, sostuvo Merlo.

Tanto para el Gobierno provincial cuanto para el MPA, la clave del “éxito” en materia de seguridad pública en cuanto a la disminución de la tasa de homicidios dolosos y otros delitos graves –como los tiroteos- radica en la posibilidad de que la Justicia provincial persiga esos delitos. Esa facultad fue otorgada por la Legislatura provincial en diciembre de 2023 a instancias del gobernador, Maximiliano Pullaro, quien solicitó una serie de reformas parlamentarias para el “combate” al narcotráfico.

Así, Santa Fe adhirió a la ley de desfederalización de la persecución penal del microtráfico, como un modo de aliviar la carga laboral de la Justicia Federal y combinar, a la vez, investigaciones judiciales sobre venta de drogas al menudeo con hechos de violencia asociados a ese mercado ilegal. El “éxito” de los últimos dos años desnuda, al mismo tiempo, la pereza del fuero federal en esa materia.

“Desajustadas y agraviantes”

Catorce camaristas firmaron un duro comunicado en respuesta a Merlo, que evidencia la tensión entre el MPA y el Poder Judicial. “Consideramos que sus expresiones no solo resultan desajustadas y agraviantes, sino que constituyen un intento de coacción institucional que busca trasladar, hacia el ámbito jurisdiccional, responsabilidades propias del órgano acusador que él mismo representa”, sostuvieron.

Lo que más ruido hizo en Tribunales, más que un debate técnico sobre competencias, fue el planteo del fiscal Regional de “tirarle” la sociedad encima a los jueces, al señalarlos como responsables de un futuro e incierto incremento de los homicidios y las balaceras.

El comunicado de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario destaca que “resulta temerario y carente de rigor jurídico pretender vincular resoluciones sobre competencia judicial con la responsabilidad funcional en la producción de futuros hechos de violencia o balaceras”.

Con lenguaje institucional, explicaron que Merlo no sabe de qué está hablando o se hace el sota. “Las declaraciones del Fiscal Regional evidencian un profundo desconocimiento —o una omisión deliberada— de las reglas de competencia establecidas en la Ley de Desfederalización de Microtráfico y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijeron los camaristas.

Los datos objetivos parecieran darles la razón. “Más grave aún resulta la intencionada tergiversación de los datos de la realidad pues, en esta Cámara, se recibieron entre los años 2024 a lo que va del 2026, un total de 358 casos de recursos relacionados con el fenómeno del microtráfico y solo 7 de ellos se han remitido a la Justicia Federal para su prosecución por imperio de las normas de competencia y a pedido de parte”, sentenciaron.

“Temerario e irresponsable”

Para el juez Gustavo Salvador, “es temerario, como mínimo, e irresponsable desde el punto de vista funcional, que un fiscal regional, con un desconocimiento total de la situación, plantee la posibilidad de que -ante determinadas resoluciones de los camaristas penales de Rosario-, ello acarree una consecuencia como es el incremento de la inseguridad pública, el incremento de los homicidios y de las balaceras”.

El magistrado explicó que “no es toda la competencia de narcotráfico que corresponde a la Justicia provincial, sino que por el contrario, por una adhesión de la provincia a la ley nacional, tiene solamente las cuestiones de narcomenudeo”.

Repitió que “de las 357 causas que han llegado a la Cámara de Apelaciones, en solo 6 declaró la incompetencia y remitió la causa a la Justicia Federal” y aclaró, en el mismo sentido, que “no es que la Justicia provincial se está declarando incompetente en todas las causas”.

Salvador explicó que la declaración de incompetencia debe reunir una serie de requisitos, que no son arbitrarios, sino que están estipulados en una norma jurídica. “Esa decisión se basa en una ley. Independientemente de que el fiscal provincial y el fiscal federal se pongan de acuerdo en qué causas tramita uno y otro, esto está sujeto a una ley que regula las competencias”.

En esa línea, el juez de segunda instancia abundó que la incompetencia local se declara “porque por las características del caso, por la cantidad de personas involucradas, por las figuras delictuales, por las cuestiones propias de cada una de las causas, se considera narcotráfico a gran escala y no microtráfico”.

Presiones

Si bien ningún miembro del Poder Judicial de Santa Fe lo admite en público, los camaristas dejan trascender en privado que el trasfondo de la contienda que escaló a la conversación social, radica en la sintonía con la que trabajan el MPA y la gestión de Unidos en la Casa Gris.

Una porción nada desdeñable de los actuales fiscales fueron seleccionados durante esa gestión y otros que venían de anteriores fueron apartados de sus cargos, o sus perfiles debidamente raleados.

La necesaria articulación entre poderes –el MPA es, desde la reforma constitucional de septiembre pasado, una suerte de “extra poder” con márgenes de autonomía del Judicial y del Ejecutivo- no obtura la procura del equilibrio entre ellos, afirman en los pasillos de Tribunales, donde en ocasiones avizoran que ese vínculo es asimétrico con el Poder Ejecutivo.

En el comunicado, la Cámara recuerda que “la independencia de los jueces es la última garantía de los ciudadanos frente al poder”, y agrega que “ceder ante presiones que exigen apartarse de la ley bajo amenaza de ‘responsabilidad social’ por hechos de violencia sería claudicar en nuestra función republicana y democráctica”.

Para Salvador, “no hay ninguna duda de que lo que se está intentando es presionar a la Justicia, afectando su independencia. Nosotros nos ceñimos y nos debemos a lo que dice la ley”.