Hay algo casi mecánico en la secuencia: caso conmocionante, saturación mediática, demanda de orden, respuesta penal. El nombre propio —hoy Jeremías Monzón, ayer Blumberg— funciona como operador simbólico: condensa angustias difusas y las vuelve políticamente administrables. En ese pasaje, todas las estadísticas -ese dato incómodo de los “mínimos porcentuales”- quedan relegadas. Que los delitos cometidos por jóvenes de 14 o 15 años representen apenas el 0,2% del total de esa franja etaria no produce empatía ni afecto. Cuando el miedo ya ganó el terreno, ese detalle resulta irrelevante.

No hay simetría posible entre ambos registros. La estadística exige distancia, tiempo, comparación; es una lectura fría de los hechos que requiere concentración. Pero Jeremías ocurrió ayer. El hecho anula toda distancia. Es imposible competir con un “mínimo porcentual” frente a la imagen de un joven torturado y la proyección inmediata: que le pase a tu hijo en la esquina. Porque el miedo no se queda en el cuerpo propio. Se derrama sobre todo lo que el yo considera su extensión: casa, hijos, pareja, bienes. Todo lo mío. Ahí la diferencia de clase se diluye. Lo que se activa es la defensa del mundo propio, común a todos.

En ese estrépito entra el populismo penal como una suerte de pastilla para calmar la angustia social. “Así no se puede vivir”, “tierra de nadie”, “falta orden”: no funcionan como diagnósticos, sino como consignas pedagógicas. Enseñan que el problema es la norma blanda, la edad mal puesta, el límite corrido. No importa demasiado si la medida funciona; importa que produzca alivio.

El ejemplo es cercano. ¿Acaso el protocolo antipiquetes no “puso orden” en las calles? Aunque sepamos que ocultó el conflicto y avanzó sobre el derecho a protestar, produjo una sensación eficaz: alguien hizo algo. Con el nuevo régimen penal juvenil ocurre algo similar. Se sabe que no va a reducir el delito, pero reduce la sensación de desorden, de intemperie, de anarquía. Da la impresión de que el caos tiene borde. Es una política del afecto, no de la eficacia. Y como toda política del afecto, no se discute con razones, sino con imágenes, zócalos, movileros y gestos de dolor.

Bullrich lo dice sin rodeos: no hay ideología, se termina la impunidad, el que las hace las paga. Viejas fórmulas recicladas —otra versión del “se acabó la joda”— en un país donde, si eso fuera cierto, la factura pendiente de ejecutivos, funcionarios, bancos, financieras y corporaciones transnacionales, públicas o privadas, sería sencillamente impagable. Porque la ley no es neutral: es una decisión profundamente política sobre cómo nombrar el problema y dónde ubicar la causa. Y recrea una ilusión antigua: la creencia de que el derecho no regula la realidad, sino que la produce.

La ilusión de que mover una coma o correr el umbral etario va a recomponer el orden social. Pero la experiencia —no hace falta ser foucaultiano para advertirlo— muestra otra cosa: la ley penal llega siempre tarde, cuando el daño ya ocurrió, y rara vez incide sobre las condiciones que lo hicieron posible. Blumberg es el antecedente brutal y su enseñanza incómoda: las penas se endurecieron, las leyes cambiaron, y sin embargo ni el miedo ni el delito se disiparon. Al contrario, el miedo se volvió estructural. La promesa de “esta vez sí” se renueva justamente porque nunca se cumple. Es un crédito político que se paga con frustración social, pero que siempre vuelve a tomarse.

Discutir sensatamente en este contexto se vuelve cada vez más difícil. La crónica roja ya no describe simplemente un “mundo amenazado por el delito común”: lo produce como clima psíquico. Ese clima erosiona la posibilidad de matizar, de comparar, de pensar a más de una velocidad. En ese terreno, el discurso académico queda atrapado entre dos imposibles: si complejiza, será acusado de estar del lado de los delincuentes; si simplifica, será señalado por la propia academia como traición.

Alguna vez, para incomodar esa lógica, propuse incluir los accidentes de tránsito dentro del debate sobre inseguridad. La reacción fue inmediata: una ocurrencia fuera de lugar. Sin embargo, esa incomodidad dice algo central. Se toleran muertes evitables cuando no hay enemigo identificable. El tránsito mata más que el delito común, pero no amenaza intencionalmente lo mío. No hay un victimario claro, no hay voluntad maligna a la que señalar, no hay un sujeto al que castigar. Y sin esa figura, el miedo no se organiza como demanda punitiva.

Algo similar ocurre con la pobreza. Produce daño, acorta vidas, deteriora cuerpos, pero lo hace de manera difusa, lenta, sin escena dramática ni autor visible. No irrumpe en el cuerpo propio ni en el aquí y ahora, no invade la casa ni la esquina. Por eso cuesta tanto generar empatía sostenida: no hay agresión personalizable, no hay relato simple, no hay maldad a extirpar. En cambio, el delito violento condensa todo lo que el miedo necesita para volverse político: un cuerpo amenazado, un daño inmediato y un culpable reconocible.

Es, diría Barthes sin demasiada cortesía, el triunfo de la doxa. No se impone por la fuerza, sino por fatiga: fatiga de pensar, de matizar, de sostener ambigüedades en una economía de la atención cada vez más empobrecida. Frente al miedo -exceso puro de afecto- la doxa ofrece descanso: una explicación simple, un culpable identificable, una solución clara. Bajar la edad. Endurecer penas. Poner orden. Es el lenguaje del alivio.

Pero -advertiría Porota- no se trata simplemente de ignorancia. No es que no se piense: es que se necesita cerrar. Cerrar la discusión, clausurar la pregunta, detener la intemperie. La “respuesta obvia al peligro” se vive como supervivencia. De ahí la frase irrebatible: a mí me importa lo que puede pasarle a mi hijo en mi esquina. La doxa se vuelve experiencial: si yo lo siento, es verdad. Y toda estadística pasa a parecer manipulación.

Otra vez Porota, para terminar donde duele un poco más: El problema no es solo que la realidad no cambia cuando cambia la ley -quizás sea más hondo- es usar la ley para no tener que pensar por qué de la complejidad del delito, del porque los pibes delinquen y del “porque” esta realidad es la que se dice que es.