Este viernes el gobernador Maximiliano Pullaro anunció que envió una nota al nuncio apostólico en la Argentina para invitar al Papa a visitar Rosario, a la espera de la confirmación oficial de una eventual gira de Su Santidad por Sudamérica.

La noticia, en principio, puede interpretarse como un gesto institucional. La llegada del Sumo Pontífice sería un acontecimiento histórico para la ciudad y para toda la provincia. Sin embargo, el anuncio también invita a una reflexión más profunda, ¿qué lugar ocupa hoy la religión dentro de la construcción política del gobierno de Santa Fe?

No se trata de cuestionar la fe personal del gobernador. Cada dirigente tiene derecho a profesar sus creencias y expresarlas públicamente. El interrogante aparece cuando esas convicciones comienzan a mezclarse con las decisiones de gobierno, la construcción electoral y el manejo de recursos públicos.

En los últimos años, Pullaro construyó una relación cada vez más estrecha con distintos sectores del evangelismo. Participó activamente de numerosos encuentros con pastores y referentes religiosos, compartió actos públicos y promovió que varios de esos dirigentes integraran las listas de Unidos para Cambiar Santa Fe, la coalición que hoy gobierna la provincia y que desde hace décadas conduce políticamente la ciudad de Rosario.

La pregunta clave es si la fe comenzó a transformarse en una herramienta de construcción partidaria o dónde termina la creencia personal y empieza la estrategia política. Las propias declaraciones del gobernador alimentan ese debate.

En distintas entrevistas sostuvo que, además de trabajar día y noche, necesita orar. Afirmó que sin la ayuda de Dios, sin la oración de otras personas y sin los milagros muchas cosas no serían posibles. Son definiciones que forman parte de su vida espiritual, pero que también adquieren una dimensión pública cuando provienen de la máxima autoridad política de la provincia.

Más llamativas aún fueron sus reflexiones sobre la ciudad de Rosario. Pullaro llegó a atribuir “la disminución de la violencia” a una «batalla espiritual» que los pastores libraban en los barrios de la ciudad. Incluso, desde distintos sectores del oficialismo se habló de la «pacificación» de Rosario como el resultado de un «milagro» y se llegó a afirmar que «no es suerte, es intervención divina».

La discusión cobra aún más relevancia cuando aparecen decisiones administrativas y políticas que “fortalecen” el vínculo entre el Estado y determinados sectores religiosos.

Uno de los casos que despertó cuestionamientos fue la distribución de fondos del Programa Redes del Cuidado, administrado por la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod). Según información oficial, se destinaron partidas cercanas a los cuatro mil millones de pesos a fundaciones evangélicas vinculadas al partido UNO, espacio liderado por el diputado provincial Walter Ghione. A su vez, Ghione promovió la designación de Luciano Sciarra, un hombre de su confianza, al frente de la Aprecod.

Más allá de que esos fondos puedan tener un destino social legítimo, el volumen de los recursos y la vinculación política de algunas de las organizaciones beneficiadas alimentaron interrogantes sobre los criterios utilizados para su asignación.

La discusión sobre el vínculo entre política y religión también quedó expuesta durante la reforma de la Constitución de Santa Fe. En el tramo final del debate, los obispos de las cinco diócesis de la provincia solicitaron que el nuevo texto incluyera una referencia expresa a la Iglesia Católica, al advertir que su omisión desconocía su aporte histórico, educativo, social y cultural en el territorio santafesino. Tras ese planteo, la Convención incorporó una mención al catolicismo, aunque mantuvo el principio de que la provincia no tiene una religión oficial y que la relación entre el Estado, la Iglesia Católica, las demás iglesias y los cultos reconocidos debe regirse por los principios de autonomía, igualdad, cooperación, neutralidad y no discriminación. El episodio dejó en evidencia que, lejos de quedar al margen del debate institucional, la cuestión religiosa continúa teniendo un peso significativo en las decisiones políticas de la provincia.

En paralelo, el gobierno provincial habilitó a las iglesias y comunidades religiosas a actuar como personas jurídicas privadas mediante un decreto que fue celebrado especialmente por las iglesias evangélicas, que reclamaban ese reconocimiento desde hacía años.

La medida fue presentada como un avance en materia de derechos y organización institucional. Sin embargo, también consolidó un vínculo político que venía fortaleciéndose entre el oficialismo y esos sectores religiosos.

Quizás la imagen que mejor sintetiza esa relación ocurrió durante una visita a una iglesia de Capitán Bermúdez junto al reconocido evangelista Edgardo Silvoso. Allí, Pullaro pronunció una frase que rápidamente se viralizó: «Nosotros entregamos esta provincia a Dios, se la entregamos a Jesús, y lo que le pedimos se va a cumplir».

Para algunos creyentes, esas palabras representan una muestra de humildad y de fe. Para otros, implican una utilización política de símbolos religiosos que deberían permanecer al margen de la gestión pública.

Por eso, el debate no pasa por cuestionar la espiritualidad de un gobernador. El verdadero interrogante es otro, ¿hasta qué punto la fe puede convertirse en un instrumento de construcción política sin desdibujar la separación entre las convicciones personales y las responsabilidades institucionales?

La invitación al Papa llega en ese contexto. Puede ser un gesto protocolar, una muestra de respeto hacia la Iglesia Católica o un intento de posicionamiento institucional. Pero también ocurre en un momento en el que el gobierno provincial profundizó como nunca antes su alianza con importantes sectores del evangelismo.

Las coincidencias, en política, rara vez son casuales.

Y cuando la religión comienza a ocupar un lugar central en el discurso del poder, la sociedad tiene derecho a preguntarse si está frente a una expresión genuina de fe o ante una estrategia que también busca construir legitimidad, ampliar alianzas y consolidar poder político.