Luego de dos años de juicio oral, en noviembre pasado la Justicia Federal absolvió a los 17 acusados en la causa conocida como “el Villazo”, que juzgó delitos de lesa humanidad contra obreros metalúrgicos en Villa Constitución, en 1975. Tras escuchar el veredicto, querellantes, sobrevivientes y familiares hablaron de “un fallo vergonzante” y aseguraron que apelarán la decisión.

Transcurrido el tiempo establecido por el Tribunal Oral Federal N° 1, este viernes 6 de febrero se emitirán los fundamentos del fallo, y desde el equipo jurídico querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) manifestaron “expectativas” por conocer los argumentos, y así avanzar hacia la siguiente instancia.

“Tenemos muchas expectativas porque realmente no podemos entender cuáles pueden haber sido los fundamentos para la vergonzosa absolución de la totalidad de los acusados”, plantearon desde el equipo querellante integrado por las abogadas Gabriela Durruty, Julia Giordano, Jesica Pellegrini y el abogado Federico Pagliero.

Se trata de la causa en la que se juzgaron secuestros y homicidios de trabajadores metalúrgicos, durante la represión desatada en marzo de 1975 en la zona industrial de Villa Constitución, en la antesala del golpe del 76.

Luego del debate que comenzó en noviembre de 2023, y por el que pasaron un centenar de testimonios, casi dos años después, por mayoría -con un voto en disidencia- el tribunal decidió no hacer lugar a los pedidos de condena realizados durante los alegatos, y los 17 imputados fueron absueltos.

Se trata de expolicías federales y un expolicía provincial; al tiempo que, por primera vez en la provincia, se juzgó a civiles en el caso de dos ex jerárquicos de la empresa Acindar para quienes Fiscalía y querella habían pedido penas de prisión perpetua, en el marco de la acusación por la responsabilidad empresaria. Mientras que para el resto de los acusados, se habían solicitado penas de entre 10 y 25 años.

“Estamos esperando, y no sólo aquí en la región, sino que recibimos consultas de todo el país y del exterior, ya que el resultado final causó mucha desilusión, estupor y un sentimiento de injusticia que caló hondo en la sociedad argentina en general y de Villa Constitución, en particular”, expresaron desde el equipo jurídico sobre el impacto que tuvo el veredicto.

En ese sentido, para la querella de APDH, “el fallo es una burla a los obreros de la lista Marrón y sus familiares, quienes durante 50 años estuvieron colectando pruebas y prestando testimonios. Hablamos de cientos de voces que se escucharon a lo largo de estas décadas ante Conadep, juzgados de instrucción y en el propio debate oral, lo que generó un caudal probatorio de gran envergadura que, sin lugar a dudas, estableció la existencia de un centro clandestino de detención en la empresa Acindar y su rol clave en la maquinaria de secuestros, torturas y homicidios”.

Al mismo tiempo, plantearon que “aceptar sin más que correspondía absolver es afirmar que durante 15 años de instrucción la justicia desperdició recursos diligenciando pruebas insuficientes y que el propio tribunal sentenciante abrió el debate a una causa que no tenía objeto”.

Y recordaron: “Fue un debate larguísimo, donde se escuchó a tantos testigos para después absolver de culpa y cargo a todos los imputados de la causa. Claramente existió un blindaje de impunidad para el poder económico y su participación en el andamiaje del Terrorismo de Estado”.

Para el equipo jurídico, “la decisión es un retroceso histórico que garantiza impunidad para los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los trabajadores de Villa Constitución”.

Y agregaron: “Por supuesto que, por mandato de querellantes, sobrevivientes, familiares y la APDH, apelaremos este fallo ante la Cámara de Casación una vez publicados los fundamentos, para revertir este nuevo atropello judicial”.