Cinco agentes están imputados por tortura seguida de muerte y un sexto por vejaciones calificadas, en el marco de la investigación por el operativo que terminó con la muerte del hombre de 35 años en la Comisaría 8ª de Santa Fe.
El futuro procesal de los seis policías investigados por la muerte de Mauro Daniel González comenzará a definirse este jueves, cuando la jueza Cecilia Labanca comunique si hace lugar al pedido de prisión preventiva formulado por el fiscal de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández.
La resolución llegará luego de una extensa jornada desarrollada en los tribunales de Santa Fe, donde se debatieron las medidas cautelares para los uniformados involucrados en el procedimiento realizado en enero pasado, que terminó con la muerte del hombre de 35 años en la Comisaría 8ª.
Cinco de los acusados, identificados como L. A., M. D., F. S. A., S. D. B. y S. P., están imputados por el delito de tortura seguida de muerte, una figura penal que prevé prisión perpetua. En tanto, J. C. B., integrante del Cuerpo Guardia de Infantería, fue acusado por vejaciones calificadas.
La querella, representada por el abogado Rodolfo Mingarini, acompañó el planteo del Ministerio Público de la Acusación. Antes de que la magistrada emita su decisión, restan todavía los alegatos de las defensas.
La reconstrucción del caso
La acusación fiscal es el resultado de una investigación de seis meses que reconstruyó el operativo ocurrido el 17 de enero en barrio Yapeyú. Según esa hipótesis, González atravesaba un brote de salud mental frente a su vivienda, en la esquina de Chaco y Hermanos Figueroa, cuando una llamada al 911 alertó por disturbios y motivó la llegada de la policía.
De acuerdo con la versión del fiscal Hernández, la intervención estuvo marcada por un uso desmedido de la fuerza. La investigación sostiene que los agentes desoyeron incluso las advertencias del padre de la víctima, quien les había señalado que su hijo arrastraba secuelas de una cirugía previa.
Siempre según la reconstrucción oficial, el hombre fue esposado y subido a la caja de un patrullero, donde habría continuado recibiendo agresiones durante el traslado. La secuencia incluyó una parada en una estación de servicio de avenida J. J. Paso antes de ser llevado a un centro de salud. En ese lugar, las cámaras de seguridad registraron a un efectivo intentando reincorporar a González, que ya presentaba escasa reacción.
Luego fue trasladado a Medicina Legal, donde una médica calificó las lesiones como leves. Esa profesional, de acuerdo con lo expuesto en la audiencia, también será imputada en el corto plazo.
Qué determinó la autopsia
Tras su paso por Medicina Legal, González fue alojado en un calabozo de la Comisaría 8ª. Según declararon otros internos, en ese momento ya casi no se movía e incluso intentaron asistirlo dándole agua. Horas más tarde, cuando los agentes ingresaron para notificarle que recuperaría la libertad, lo encontraron sin vida.
La autopsia se transformó en uno de los principales elementos de la acusación. El informe determinó que el cuerpo presentaba 20 lesiones y concluyó que la muerte se produjo por asfixia por aspiración de vómito mientras estaba acostado boca arriba.
Para la Fiscalía, ese desenlace estuvo directamente vinculado con la violencia física sufrida durante el procedimiento. En la misma línea, la querella sostuvo que la detención fue ilegal y describió al menos tres episodios de golpizas. También señaló la existencia de un traumatismo compatible con el golpe de la culata de una escopeta.
Durante su exposición en la audiencia, el abogado querellante Rodolfo Mingarini afirmó que los cinco policías acusados por tortura seguida de muerte tuvieron “una conducta antinormativa” y remarcó que se trata de un caso de gravedad institucional.
La decisión de la jueza Labanca se conocerá este jueves, feriado por el Día de la Independencia, y será clave para definir si los seis efectivos continúan el proceso en libertad o bajo prisión preventiva.