Barbados impulsa una iniciativa para que países involucrados en la agenda climática deberían tener derecho a una pausa de dos años en el reembolso de su deuda externa.
Una propuesta de Barbados a organismos internacionales podría ayudar a la posición argentina en su negociación con el FMI. Los países más expuestos al calentamiento del planeta, pero con menos voz en los grandes foros internacionales, tienen enormes dificultades para reunir fondos y adaptarse a las condiciones del futuro.
«Creemos que tenemos un plan», señaló la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, en la última conferencia sobre el cambio climático, la COP27, en noviembre en Egipto. La Iniciativa Bridgetown propone utilizar como garantía los US$ 500.000 millones en derechos especiales de giro del FMI para crear un nuevo fondo fiduciario que lograría reunir el dinero necesario para que los países en vías de desarrollo que sufran desastres naturales derivados del cambio climático deberían tener derecho a una pausa de dos años en el reembolso de su deuda externa.
Según lo indica en esta propuesta, esos fondos deberían provenir en parte de un impuesto sobre los combustibles de origen fósil. En 2022, el FMI creó el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad para los países que enfrentan riesgos macroeconómicos a causa del cambio climático y las pandemias. Barbados fue el primer país en pedir esa línea de crédito.
Por su parte, el Banco Mundial se encuentra presionado tras la renuncia de su presidente David Malpass por unas declaraciones controvertidas sobre el cambio climático. Sin embargo, la institución aprobó el año pasado proyectos por valor de US$ 31.700 millones, una cifra récord, para proyectos de adaptación y lucha contra el cambio climático.
«Creo que en este momento hay un consenso», aseveró Avinash Persaud, el economista que encabeza la Iniciativa Bridgetown, a la agencia AFP. De lograrlo «cambiaremos el futuro de 3.200 millones de personas, especialmente porque ese grupo está creciendo», agregó.
Canje por acción climática
Casi desde el inicio de su gestión, el presidente Alberto Fernández insiste sobre una propuesta en la que se plantea un canje de deuda para financiar acciones climáticas.
La propuesta del presidente fue basada en una declaración conjunta del Ministerio de Agricultura argentino y productores privados que plantea que Argentina es un acreedor del cambio climático y no un deudor. Y en esta problemática mundial “hay países que tienen una responsabilidad histórica y actual por la degradación ambiental y son ellos los que deben liderar el proceso de mitigación, así como proporcionar los medios económicos para que otros se adapten”. En este sentido, un informe del Banco Mundial de 2018, reveló que casi el 60% de los gases de efecto invernadero fueron emitidos por solo cinco países, mientras que Argentina solo representó el 0,7%.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el sistema de canje de la deuda por acción climática consiste en un mecanismo para fomentar las iniciativas de protección ambiental en los países en desarrollo, al mismo tiempo que reducen su deuda. Esto quiere decir que parte de la deuda externa sea adquirida por agentes del sector privado o gobiernos a menor precio, y la intercambien por inversiones para financiar actividades de cuidado ambiental.