Los diez puntos de la reforma laboral que la CGT buscará impugnar en la Justicia
La CGT avanza en una estrategia judicial para frenar artículos clave de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Desde la central obrera advierten que el proyecto presenta “violaciones de carácter constitucional”. El eje central de la impugnación será la regulación del derecho de huelga y los cambios en la negociación colectiva.
La Confederación General del Trabajo (CGT) se prepara para impugnar la reforma laboral en la Justicia si el proyecto oficial es aprobado sin modificaciones por el Congreso. Así lo anticipó el cotitular cegetista Jorge Sola, quien sostuvo que la iniciativa “tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional” y advirtió que el Gobierno enfrentará un nuevo escenario de judicialización, similar al ocurrido con el DNU 70 a fines de 2023.
Mientras intensifican el diálogo con senadores de distintos bloques para introducir cambios en el texto, el equipo jurídico de la central obrera ya comenzó a analizar en detalle el articulado. Se trata del mismo grupo de abogados que logró que la Justicia declarara la invalidez constitucional del capítulo laboral del DNU 70, antecedente que refuerza la decisión de avanzar por la vía judicial.
El foco principal de la futura presentación estará puesto en la reglamentación del derecho de huelga, pero también en una serie de modificaciones estructurales al sistema laboral argentino. Incluso especialistas ajenos al sindicalismo, como el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca, advirtieron que varios artículos están redactados de manera imprecisa y podrían derivar en una fuerte conflictividad judicial.
Los diez puntos de la reforma laboral que la CGT buscará impugnar
- Reglamentación del derecho de huelga (artículo 88), por considerarla más restrictiva que los convenios de la OIT.
- Imposición de servicios mínimos del 75% en actividades declaradas esenciales durante medidas de fuerza.
- Exigencia de un 50% de actividad en los denominados servicios “trascendentales”.
- Ampliación excesiva del listado de servicios esenciales, que incluye salud, educación, transporte, energía y telecomunicaciones.
- Incorporación de numerosas actividades como trascendentales, lo que en los hechos limita el ejercicio del derecho a huelga.
- Modificación del régimen de ultraactividad, que habilita la revisión de más de 1.700 convenios colectivos vigentes.
- Cambio en la prelación de convenios, permitiendo que los acuerdos por empresa prevalezcan sobre los sectoriales o nacionales.
- Debilitamiento del poder de negociación sindical, al fragmentar la negociación colectiva.
- Inseguridad jurídica para trabajadores y empleadores, por redacciones consideradas ambiguas o imprecisas.
- Afectación de derechos laborales de raigambre constitucional, según sostienen los abogados de la CGT.
Con este esquema, la central obrera se encamina a un nuevo capítulo de confrontación judicial con el Gobierno, convencida de que varios ejes de la reforma vulneran garantías constitucionales y estándares internacionales en materia laboral.