El debate parlamentario en torno a la reforma política en Santa Fe sumó dinamismo en las últimas semanas. Al proyecto de Código Electoral presentado por el bloque de senadores provinciales del peronismo, que busca agrupar en un único cuerpo legal las normas de votación, se añade el trabajo de la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe, con fecha límite para la presentación de sus propuestas para el 2 de julio. En este contexto de reconfiguración del sistema normativo en lo electoral, Rosario/12 habló con Oscar Blando, Doctor en Derecho, docente de grado y posgrado en Derecho Político, Electoral y Constitucional, director de las Diplomaturas en “Derecho Electoral y Político” y “Derecho Municipal y a la Ciudad” de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y asesor de la Convención Constituyente de la Provincia de Santa Fe.

—En los pasillos de la legislatura provincial se está pergeñando un acople de categorías en la boleta única, entiéndase pegar la boleta de legisladores provinciales a la de gobernador, ¿qué consecuencias traería esa decisión?

-Sería el famoso efecto arrastre, que la categoría mayor arrastre a la menor. Esto se parecería a la lista sábana. Lo que antes era la lista sábana o la boleta sábana horizontal, que la veíamos en las boletas partidarias, la que una arrastraba a la otra. Bueno, acá no sería una boleta sábana grande, sino sería una sabanita, es decir, de dos categorías que estarían pegadas. Esto uno puede decir, puede estar bien o no, lo que tiene es un efecto, y el efecto es el efecto arrastre. Hay que decir las cosas como son, y esto es político. Hoy, para algún sector conviene que haya arrastre, y a lo mejor hace diez años atrás no convenía que hubiera arrastre. Por lo tanto, ese es un tema eminentemente político, más allá del diseño técnico de la boleta única.

-¿Puede una herramienta electrónica garantizar un sufragio transparente?

—Yo siempre he combatido el voto electrónico, sin perjuicio de que CABA lo tiene, Salta tiene, pero en el mundo el voto electrónico es un instrumento en retroceso. En el mundo lo que prevalece es la boleta única de papel, con distintos diseños. Pero incluso en Latinoamérica o en América del Sur, la mayoría de los países tienen boleta única de papel. Brasil y Venezuela tienen voto electrónico, Uruguay tiene la boleta partidaria, pero todos los demás países tienen boleta única de papel como tenemos nosotros.

—¿Cuáles son los motivos de ese retroceso a nivel internacional?

—El voto electrónico fue no solamente dejado de lado, en algunos países como en Alemania fue declarado inconstitucional, porque no brinda las seguridades que brinda el voto de papel. Para Santa Fe no creo que estén dadas las condiciones para que se incorpore el voto electrónico. Es más, yo creo que hay que colocar una cláusula que lo impida. Es decir, que no se puede incorporar tecnología en la emisión del voto. Para evitar ese problema no tiene que haber entre el elector y el sufragio, digamos, una máquina en el medio. Eso no debe ser. Tampoco tiene que contar. Sí puede transmitir los resultados, porque eso lo hace más rápido, como ocurre en Santa Fe, pero no puede ni emitir el voto ni contar los votos a través de una máquina. Pero yo descarto que Santa Fe vaya hacia el voto electrónico. Creo que se va a afianzar, vamos a ver cómo, la boleta única de papel.

—Las leyes son la letra escrita, pero también contienen un espíritu, ¿cuál debiera ser el principio ordenador de lo que se va a legislar?

—Me parece que el espíritu tiene que ser de ampliar la democracia. En momentos en donde hay una desafección ciudadana por la política, por los partidos, por las elecciones. En las últimas elecciones a convencionales votó el 50% de la gente. Lo que hay que hacer es dar incentivos a la participación política, a ampliar la democracia. Por eso es preocupante, en algunos proyectos o algunas ideas, que se quiera elevar el piso, o el umbral electoral, a partir del cual se distribuyen las bancas. Hoy en Santa Fe tenemos una limitación del 3% del padrón electoral de un viejo decreto ley de la dictadura, que estableció ese 3% del padrón. Por ejemplo para diputados provinciales, se necesita ese 3% para empezar a distribuir las bancas.

—¿Qué diferencia sustancial hay entre calcular ese piso sobre el padrón o sobre los votantes efectivos?

—Una cosa es la cantidad de votantes y otra cosa es el padrón, la cantidad de votos emitidos. Se toma como base el padrón, específicamente. Con lo cual, si esto se elevara al 4% o 5%, se está poniendo una barrera más, porque si hoy para una elección de diputados se necesitarían alrededor de 85.000 votos para empezar la distribución, si se elevara al 5% del padrón, se van a necesitar alrededor de 141.000 votos. Conclusión: hay grandes sectores que no van a estar representados, porque hay minorías en Santa Fe que tienen legitimidad, que son partidos políticos y que quedarían afuera. Yo lo que digo es que no hay que ponerle barreras a la democracia, hay que ponerles barreras a los aventureros de la política, a los partidos PYME que se hacen y que llegan para una elección determinada o que hacen negocios con la política.

—Al establecer esos pisos altos se genera un escenario complejo, dado que existen figuras públicas que se posicionan detrás de esas estructuras. ¿Cómo se resuelve esa tensión para resguardar la participación sin derivar en una distorsión?

—El camino no es restringir la participación democrática. ¿Qué pasa con esos sectores que quedan afuera de la representación, que no van a tener su candidato porque le elevaron la barrera? Una de dos tiene esa persona: o vota algunas de las opciones, es decir, el mal menor, o lo que es peor, no va a ir a votar, lo que va a incrementar la no participación. Y lo que vengo diciendo es que hay que dar incentivos para la participación, no desincentivar la participación política. O va a ir y va a votar en blanco, o va a ir y va a ser el voto nulo. Entonces, el camino es no elevar los pisos restringiendo la democracia. En todo caso, a esos sectores hay que impedirles, tenerles controles para el acceso a los partidos políticos. Que los partidos políticos tengan verdadera vigencia, que no solamente aparezcan al momento de una elección con dinero para comprar listas y candidatos. Ese es un problema que va por otro costado, pero no se consigue restringiendo la participación popular.

—En la reciente reforma constitucional se hace referencia a la posibilidad de la revocatoria de mandato. ¿Qué implica técnicamente este concepto?

-En la nueva constitución existe la posibilidad de revocar mandatos, incorporando institutos que se llaman de democracia directa o semidirecta. Es decir, que no es solamente el voto en una elección la forma de participación ciudadana, sino que también puede hacerlo con una consulta popular, con una iniciativa para hacer una ley, o referéndum, o revocar el mandato, Pero existe un problema por cómo se diseñó en la Constitución, que impone un mecanismo de búsqueda de firmas para empezar el proceso, estableciendo un porcentaje para revocar el mandato de un cargo provincial, del 25% del padrón electoral. Por lo tanto, se necesitarían alrededor de 708.000 adhesiones o firmas para iniciar el proceso de revocatoria de mandato. Después, suponiendo que se llegue a tener esa cantidad, el pueblo tiene que, en su conjunto, votar si está a favor o no de la revocatoria de ese mandato. Esa votación es a través de un sufragio, y otra vez aparece, para revocar el mandato, la exigencia del 50% del padrón electoral. O sea, que en Santa Fe se necesitaría más de 1.400.000 votos para revocar un mandato, lo que hace prácticamente inviable.

—Más allá de la dinámica estrictamente parlamentaria, ¿cómo debería encauzarse esta discusión en la ciudadanía?

—Hablando de la participación, las leyes electorales, además del voto y el debate en el Parlamento, en la Legislatura, deberían tener una discusión pública, amplia y democrática. En ese sentido, yo propuse a las autoridades, envié nota al ministro de Gobierno de la provincia, a la Presidencia del Senado y a la de la Cámara de Diputados, tres notas iguales pidiendo que las entidades académicas —yo dirijo una diplomatura de Derecho Electoral y Político—, observatorios electorales y sociedad civil abran las puertas para una convocatoria para discutir, proponer y enriquecer el debate público. Hasta ahora no hemos tenido una respuesta sobre esto. Acá no se trata de negar el derecho que tienen los legisladores de hacer la ley, que es lo que les corresponde. Pero estas leyes, como pasó al final del proceso de la Reforma Constitucional, que se abrió a la ciudadanía y la gente participó, merecen tener la posibilidad de discutir cómo vamos a votar, qué ciudadanía queremos, cómo queremos nuestros partidos políticos y nuestro financiamiento de la política.