Alerta por el cierre de la SSISU y el RENABAP: más de 300 trabajadores en la calle
En las últimas horas, más de 300 trabajadores de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SSISU) se enteraron de que sus contratos serían renovados solo hasta el 28 de febrero. A partir de esa fecha, el organismo quedaría prácticamente desmantelado, en lo que distintas voces califican como un cierre de hecho del área encargada de ejecutar la política pública destinada a los barrios populares.
La medida alcanza a equipos técnicos, administrativos y territoriales que tenían a su cargo la planificación y el seguimiento de obras de urbanización en todo el país, además del relevamiento de familias para garantizar el acceso al Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
Qué es la SSISU y qué está en juego
La Secretaría de Integración Sociourbana fue creada para implementar la Ley 27.453, que establece un régimen de regularización dominial e integración urbana para los barrios inscriptos en el RENABAP. Entre 2019 y 2023 se pusieron en marcha más de 1.200 proyectos en más de 1.000 barrios del país, y miles de familias accedieron a mejoras habitacionales a través de programas como Mi Pieza.
Ahora, el área será degradada de subsecretaría a dirección nacional, en el marco de un proceso de reestructuración que apuntaría a concluir la ejecución de los fondos remanentes del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Para trabajadores y organizaciones sociales, la decisión implica un vaciamiento de funciones, recursos y capacidad operativa de la única política nacional orientada específicamente a los 6.467 barrios populares registrados, donde viven cerca de 5 millones de personas.
Además, la medida se da en un contexto judicial sensible debido a que el juez federal de Pehuajó, Andrés Heim, ordenó la continuidad de las obras financiadas por el FISU y exigió al Estado nacional la presentación de un plan de acción, en el marco de un amparo colectivo impulsado por vecinos y organizaciones.
Un proceso de recorte sostenido
Desde el cambio de gestión a comienzos de 2024, bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, los equipos del área venían atravesando un proceso de reducción de proyectos por falta de desembolsos en obras y líneas suspendidas. A eso se suman condiciones laborales precarias, contratos trimestrales y pérdida de poder adquisitivo frente a una inflación que supera las paritarias estatales.
El anuncio de esta semana, sostienen desde el organismo, es el desenlace de un proceso de debilitamiento progresivo que deja sin estructura operativa a la política de integración sociourbana.
El impacto es inmediato y concreto. Según datos difundidos por los trabajadores:
– Hay 628 obras paralizadas en barrios de todo el país.
– Quedaron sin adjudicar lotes con servicios para 20.000 familias.
– Unas 100.000 familias de más de 800 barrios necesitan tramitar o regularizar su Certificado de Vivienda Familiar.
– Se frenaron acciones de defensa ante desalojos.
Si bien la Ley de Barrios Populares continúa vigente, desde el sector advierten que, sin personal técnico y territorial, resulta inviable garantizar su cumplimiento. “No es una simple reestructuración administrativa”, sostienen, sino el abandono de una política estratégica para millones de personas.
En los hechos, el recorte no solo implica la pérdida de más de 300 puestos de trabajo, sino también la paralización de obras de infraestructura básica, procesos de regularización y el acceso formal a derechos elementales en barrios populares de todo el país.