Los restos de una mujer fallecida en 2023 fueron exhumados el 26 de marzo en el Cementerio Municipal de la ciudad de Santa Fe para obtener muestras genéticas que permitan establecer si podría tratarse de una hija de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar.

La medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Reconquista en el marco de una investigación por posibles delitos de lesa humanidad vinculados a la apropiación de menores y la supresión de identidad.

La causa se tramita en la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista, a cargo del fiscal federal Roberto Salum, con intervención de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado. La pesquisa se inició a partir del testimonio de una víctima del terrorismo de Estado que, al declarar en otro expediente, mencionó la posible existencia de una persona nacida entre 1974 y 1976 cuya partida de nacimiento presentaba inconsistencias.

A partir de ese dato, el Ministerio Público Fiscal abrió una investigación preliminar para verificar la información. Las primeras diligencias permitieron avanzar sobre la hipótesis de que podría tratarse de un caso de sustracción y ocultamiento de un menor, alteración de identidad y falsificación de documentos públicos.

En ese contexto, los investigadores intentaron localizar a la persona señalada para obtener una muestra de ADN que permitiera su cotejo con los registros existentes. Sin embargo, se estableció que la mujer había fallecido en 2023 y que sus restos se encontraban inhumados en el cementerio municipal de la capital provincial.

Ante esa situación, la fiscalía solicitó una medida cautelar de no innovar para preservar el cuerpo y evitar cualquier alteración que pudiera comprometer la obtención de material genético. Luego pidió formalmente la exhumación, que fue autorizada por el juez federal Aldo Alurralde.

La diligencia se realizó durante la mañana del 26 de marzo y se extendió por aproximadamente dos horas. El procedimiento permitió la extracción de dos piezas óseas que serán utilizadas para la elaboración de perfiles genéticos. Finalizada la tarea, el ataúd fue reubicado en su lugar de sepultura.

Las muestras fueron enviadas al Banco Nacional de Datos Genéticos, donde se llevarán a cabo los análisis para determinar si existe compatibilidad con perfiles de familiares de personas desaparecidas. Ese organismo concentra información genética clave en causas vinculadas a la restitución de identidad.

El operativo requirió meses de planificación y la participación coordinada de distintos organismos.

Intervino el Grupo Especial de Asistencia Judicial, encargado de la seguridad, la documentación del procedimiento y el traslado de las muestras; el Banco Nacional de Datos Genéticos, que aportó un antropólogo forense; la Municipalidad de Santa Fe, que coordinó las tareas en el cementerio; y la Policía de Investigaciones provincial, que brindó apoyo técnico a través de su División Científico Forense.

También participaron la Unidad Fiscal Santa Fe, a través de su Oficina de Derechos Humanos, y el juzgado federal de turno de esa jurisdicción, que colaboraron en el control de la medida judicial.

La investigación se inscribe en los procesos por delitos de lesa humanidad que continúan en el país, en particular en aquellos orientados a esclarecer la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado.

El paso del tiempo aparece como un factor determinante en este tipo de causas, tanto por el envejecimiento de posibles víctimas como por la pérdida de fuentes de prueba, lo que imprime urgencia a las medidas de verificación de identidad.

El resultado de los estudios genéticos será clave para determinar si la mujer exhumada formaba parte de los casos de apropiación investigados y, en ese caso, avanzar en la reconstrucción de su identidad biológica y su historia familiar.