El martes 14 de julio, el INDEC difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio. Es probable, aunque no seguro, que marque un número por debajo del 2,0%, según el consenso de consultoras económicas. Incluso, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, adelantó que puede ser del 1,9%. 

¿Qué relevancia tiene esta cifra si surge del relevamiento de una canasta de consumo de bienes y servicios desactualizada y, en especial, cómo se puede hacer un análisis riguroso de la economía de Milei si el actual IPC —e incluso el IPC de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018—  ya no son representativos?

 

A comienzos de cada mes se difunden los variados aumentos de los servicios públicos (gas, luz, transporte de colectivos, subtes y trenes, agua, peajes) y privados (prepagas, telefonía móvil, internet, TV por cable). También se difunden las subas de los alquileres y de los combustibles. Cada semana, las consultoras informan las subas de los precios promedio de alimentos y bebidas. Cada una de esas variaciones, en general, suelen ser superiores al posterior dato del índice de precios al consumidor del INDEC. La explicación es que otros rubros compensan esas subas, de acuerdo con la ponderación definida para cada capítulo en la elaboración del indicador de precios.

Antes de ingresar en la evaluación técnica y práctica del actual IPC, el abordaje básico, de sentido común, obliga a preguntarse cuál es el motivo por el cual, mes a mes, hay aumentos generalizados de bienes y servicios bastante por encima del alza del IPC sin que el INDEC de Milei los refleje en sus estadísticas.

Una primera aproximación para entender esta disociación entre el indicador oficial y la percepción global de las familias respecto al movimiento de los precios es que ha habido un significativo cambio de precios relativos en lo que va del gobierno liberal-libertario.  

¿Qué implica que cambiaron los precios relativos?

Un cambio en los precios relativos altera la estructura de costos y el valor de un bien frente a otro. Cuando estos valores cambian drásticamente, la canasta fija del actual IPC pierde representatividad, ya que asume que las familias consumen las mismas proporciones a pesar de que la distorsión de precios las obliga a modificar los hábitos de compra. 

Para explicar este fenómeno, se puede desglosar de la siguiente manera. Por un lado, aparece la ponderación fija en relación con el comportamiento real. Si un rubro —como los servicios regulados (tarifas, transporte) o la salud— aumenta su precio relativo de manera mucho más abrupta que los alimentos o la indumentaria, el consumidor se ve forzado a recortar otros gastos y sustituir productos.

Por otro lado, irrumpe el sesgo de sustitución, lo que implica que, si el IPC no actualiza la importancia que tienen estos rubros en el bolsillo del consumidor, el índice termina reflejando el costo de una canasta teórica que la sociedad ya no consume de la misma forma.

Por último, está la distorsión de precios. Durante años se repitió, hasta convencer a la mayoría de la población, que las tarifas de servicios públicos eran “baratas”. Y ahora padecen los tarifazos. Distintos sectores de la economía aumentan sus precios a ritmos dispares. Esta dispersión hace que el “promedio” general que arroja el IPC no coincida con la percepción de inflación de muchos hogares, cuya canasta de consumo real se ha vuelto más específica y distinta de la del promedio nacional.

 

 

Cómo cambiaron los precios relativos con Milei

El economista Nadin Argañaraz ofrece una aproximación numérica al cambio de los precios relativos en el ciclo político de Milei, con dos variables principales que lo definieron: los tarifazos en los servicios públicos y privados y el atraso cambiario. Argañaraz indica que, de los 12 componentes del índice de precios, 7 registraron un aumento de precio relativo y 5 una baja de precio relativo. El detalle de estas variaciones es el que sigue:

• Vivienda, agua y servicios públicos fue el componente que más aumentó su precio relativo con relación al promedio de precios entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 (30 meses). En concreto, lo hizo un 65%, es decir que subió un 65% por encima del promedio de precios.
• En el otro extremo, las prendas de vestir y calzado fueron los bienes que más se abarataron en términos relativos; bajaron un 36% con relación al promedio de precios.
• Las comunicaciones, que también registraron cambios en el marco regulatorio, tuvieron un aumento de precio relativo del 26,7%. El precio relativo del transporte subió un 15,4%.
• Entre los que bajaron de precio relativo, el segundo que más lo hizo fue el componente integrado por equipamiento y mantenimiento del hogar.

Otro punto de vista interesante es el comportamiento diferencial de los precios relativos de bienes y servicios. De la mano de los servicios regulados, los servicios aumentaron su precio relativo un 34,4%. Por su parte, el precio relativo de los bienes tuvo un descenso del 11,6%.

“Este cambio de precios relativos, obviamente, ha generado un cambio del poder adquisitivo del salario en relación con cada componente del índice de precios, siendo la mayor pérdida la registrada en alquileres y servicios públicos y la mayor ganancia la anotada con prendas de vestir”, explica Argañaraz.

Breve nota metodológica del INDEC sobre el IPC

Antes de juzgar la calidad del actual IPC –sentencia que aquí no es un misterio–, vale la pena detallar cómo explica el INDEC la forma en que elabora este indicador

En el apartado Metodología, el instituto oficial de estadísticas dice que el Índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en áreas urbanas. Precisa que la estructura de ponderaciones para las canastas ha sido determinada de manera tal que refleje las proporciones de gasto de consumo de los hogares que pertenecen a cada región, sobre la base de la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 2004/05. 

El INDEC asegura que estos gastos fueron actualizados por relativos de precios hasta diciembre de 2015 y, a partir de entonces, mes a mes, se actualizan por precios. Una vez obtenidos los resultados de cada IPC regional, se calcula el IPC nacional a partir de la agregación de los índices de precios regionales. Detalla que, cada mes, se observa una cantidad aproximada de 320.000 precios en los puntos de recolección. 

El relevamiento se efectúa todos los días hábiles del mes y abarca negocios tradicionales de distintos rubros (verdulerías, carnicerías, panaderías), súper e hipermercados, empresas prestadoras de servicios, colegios y hogares inquilinos seleccionados de acuerdo con la distribución de los gastos según el tipo de negocio a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/2005 y con posteriores ajustes y adecuaciones. Esta tarea se realiza de forma directa a través de la visita o contacto de un encuestador a cada establecimiento u hogar seleccionado, mediante llamadas telefónicas, correo electrónico, páginas web y publicaciones.

 

 

El IPC-INDEC distorsiona cualquier análisis

La secuencia de elementos que permite concluir que el actual IPC no sirve para la evaluación rigurosa del comportamiento de las principales variables económicas es concluyente. 

La canasta de consumo del índice vigente está desactualizada, también lo está la que iba a reemplazarla y Milei intervino para que no se concretara. Además, los cambios de los precios relativos en estos años han sido sustanciales. Es decir, el IPC-INDEC de Milei solo sirve en términos políticos para que la propaganda oficial muestre un sendero de desinflación distorsionado. 

Subestima, además, lo que ya es un fuerte ajuste regresivo de los salarios y las jubilaciones. Esto implica que el derrumbe de los ingresos reales es todavía mayor al registrado.

Evaluar el ingreso disponible de las personas es la forma más aproximada de integrar el análisis de estas variables porque permite mostrar que el IPC- INDEC hoy no sirve y solo está al servicio de convalidar un ajuste más pronunciado y de confundir a la mayoría de la población acerca del grado de de estabilidad de precios.

La plata no alcanza

La Fundación Capital, de Martín Redrado y Carlos Pérez, presentó un informe que analiza el impacto en el poder adquisitivo de las familias del pago de los servicios públicos. Calculó que, en mayo, mientras el IPC fue del 33% en los últimos 12 meses, en el AMBA las tarifas eléctricas y de gas se incrementaron en promedio un 55%  y el transporte público, un 49%.

En términos de ingreso disponible, resulta relevante cuantificar el costo de la canasta de servicios públicos de los hogares, según tengan o no subsidios, para entender el peso que estos tienen en los presupuestos familiares.

La Fundación Capital estimó para junio que el gasto promedio mensual en electricidad, gas, agua y transporte público para una familia tipo del AMBA alcanzó los 163.600 pesos para los hogares con subsidios y 275.800 pesos para los que no cuentan con ellos. El informe aclara que, para hogares con subsidios a la energía, pero que no tienen el beneficio de la tarifa social del transporte, el costo alcanzó los 232.700 pesos. En los tres casos, el monto subió en torno al 55% frente a junio del año pasado, unos 20 puntos por encima de la inflación.

En el mismo período, los salarios del sector privado registrado se habrían incrementado 29,7% interanual. Como resultado, los servicios públicos pasaron a absorber una porción más elevada del ingreso. 

 

 

El ingreso disponible se evapora

En el AMBA, el gasto promedio ponderado en servicios públicos habría representado en junio el 10,8% del ingreso promedio de los asalariados registrados, desde el 9,1% en el mismo mes de 2025. Al inicio del gobierno de Milei, esta proporción era del 4,3% del ingreso.

Si bien el aumento de los servicios fue generalizado, el impacto no fue homogéneo entre los hogares. La Fundación Capital calculó que una familia con ingresos equivalentes a dos salarios mínimos vitales y móviles (735.600 pesos en junio), el pago de los servicios públicos (incluyendo los subsidios) habría alcanzado el 22% del ingreso familiar, lo que implica una suba de 5,7 puntos porcentuales respecto de un año atrás y una cuadruplicación frente al 5,3% de diciembre de 2023. 

En un hogar que percibe dos jubilaciones mínimas (incluyendo bonos, por 946.636 pesos), el gasto en servicios habría sido del 17,3% del ingreso, lo que triplica el nivel de diciembre de 2023.

La Consultora Equilibria también realizó un cálculo general sobre el ingreso disponible, a fines de junio, de 14,5 millones de personas (jubilados, empleados públicos y asalariados formales), que se ubicó un 14,5% por debajo del promedio registrado entre enero y septiembre de 2023.

La ficción estadística liberal-libertaria

El debate de fondo, entonces, no es si el IPC de junio perfora o no el 2%. Ese dato puede ser celebrado por la narrativa oficialista, pero no alcanza para definir si existe una macroeconomía ordenada, como gusta decir a los economistas del establishment.

Es un índice de la ficción estadística del INDEC de Milei. La observación crítica a la política económica no debe quedarse en una cifra oficial distorsionada, como se explicó. Hacerlo sería quedar atrapados dentro de la propaganda del ajuste como recorrido imprescindible para conseguir la estabilidad.

El punto central es la licuación del ingreso disponible de las personas por un cambio de la estructura de precios relativos que atenta contra el bienestar general. La cuestión no es cuánto bajó la inflación de Milei, sino cuánto ajuste adicional puede soportar una sociedad mientras se va demoliendo, mes a mes, el ingreso disponible de la mayoría de los hogares.