Luego de un desgaste de tres meses por sostener la indefendible situación de Manuel Adorni, el gobierno de los Hermanos Milei encara con premura medidas que considera imprescindibles para llegar en términos competitivos a la cita electoral de 2027, cuando procurará ser la primera fuerza no peronista en conseguir la reelección. Esto es posible desde la reforma constitucional de 1994, que redujo el mandato de 6 a 4 años, pero habilitó una reelección. El núcleo de coincidencias básicas acordado por Raúl Alfonsín y Carlos Menem se inspiraba en este punto en el modelo estadounidense. El peronismo logró una enmienda sutil pero decisiva: un/a presidente/a reelecto/a no debería irse a su casa al concluir el segundo mandato. Le bastaría con descansar cuatro años, para intentar un nuevo ciclo de 4+4.
Menem lo intentó. En 2003, luego del mandato interruptus de Fernando De la Rúa y del interinato de unos meses del Senador Eduardo Duhalde, Menem presentó su candidatura. Su campaña giró sobre la consigna Menem lo hizo. Con inaudito candor, personas grandes y de aceptable formación cultural creían que un nuevo turno menemista implicaría el regreso de la paridad cambiaria entre el dólar y el peso, el famoso 1 a 1 de la convertibilidad. Así, se impuso en la primera vuelta, el 27 de abril de 2003, rozando el 25% de los votos, con una ventaja de dos puntos sobre Néstor Kirchner. Un tercer candidato peronista, Adolfo Rodríguez Saá, superó el 14%. Pero el rechazo a Menem era tan consistente que el expresidente rehusó presentarse al balotaje porque temía una derrota aplastante y prefirió retirarse cantando victoria.
Desde mediados de junio de 2002 regía la ley de internas abiertas y obligatorias por las que los partidos debían elegir cada uno un candidato. Para impedir que Menem fuera el candidato único peronista luego de vencer en las internas, y acumulara en la elección general todos los votos del mismo color, Duhalde pidió al Congreso que suspendiera por una vez ese sistema. El Congreso lo hizo con la ley 25.684, lo que permitió las tres candidaturas peronistas y el prudente retiro de Menem. Recién en diciembre de 2009 se promulgó la ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, que instituyó las PASO. Ahora los Hermanos Milei se proponen eliminar o una vez más suspender las PASO para dificultar aún más la elección de un candidato peronista aceptado por todos. El consenso en ambas agrupaciones es que el triunfo de cualquiera de ellas depende de la fractura de la otra, porque ninguna tiene asegurada la mayoría constitucional requerida: 45%+1 o 40%+10% de diferencia en la primera vuelta, mayoría simple en el balotaje. El nuevo jefe de gabinete, Diego Santilli, ya ha comenzado la ronda de consultas con los gobernadores para conseguirlo, con el beneplácito tanto de la Zarina como de Peaky Blinders y de los primos Menem. Es prematuro vaticinar si lo conseguirá y por ahora tanto en el libertarianismo como en el peronismo no hay opiniones concordantes. Del otro lado de la competición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se ha tropezado con quien fue su segundo en el Ministerio de Economía durante la presidencia de Cristina, Emmanuel Álvarez Agis. EAA le dijo al periodista de La Nación+ Maxi Montenegro que el líder futurista está llevando a cabo un ajuste más fuerte en la provincia que Milei en la Nación. También dijo que entre 2011 y 2015 el 40% de las medidas que adoptó fueron de derecha. «Axel se va a enojar, pero ajusta más que Milei», agregó. En una reciente reunión con la cúpula futurista, Kicillof ordenó no contestar los cuestionamientos del kirchnerismo. ¿Es una táctica para mostrar que no está contaminado o un rasgo de personalidad cuando le piden una explicación?
Disparen sobre Pochak
Además, el gobierno se ha enzarzado en otra batalla desatinada, esta vez contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en especial contra su vicepresidenta argentina, la jurista Andrea Pochak. La motivación es impedir un pronunciamiento del organismo interamericano en favor de la expresidenta CFK, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por la causa Vialidad, en la que no tuvo intervención alguna porque se refiere a obras realizadas en la provincia de Santa Cruz, con fondos aprobados por el Congreso de la Nación y sin intervención del Poder Ejecutivo Nacional.
Este empeño pone en evidencia el desconocimiento de la Zarina y sus asesores sobre el funcionamiento del sistema, ya que ninguno de sus integrantes puede intervenir en casos de su propio país. Si lo intentaran serían denunciados y se anularían esas actuaciones. La Secretaria General de la Presidencia no parece conocer el chiste del hombre que le ruega a Dios ganar la lotería. El altísimo le responde: comprá un billete. En el caso de Cristina, sería presentar su caso ante la CIDH. «Ninguno de sus abogados hicimos algún planteo ante la Comisión», respondió a una consulta para esta nota el defensor de Cristina en la única causa en que fue condenada, Alberto Beraldi. Dos meses antes de que la Corte Suprema dejara firme la condena en la causa Vialidad, Milei dijo en una entrevista: «Va a ir presa y cacarea luego de estafar a los argentinos». Luego de la condena, se corrigió: se había limitado a no interferir con la acción judicial.
Esto ratifica el temor que la expresidenta inspira a los Hermanos Milei. No lo dirán, porque se jactan de haber puesto el último clavo en el ataúd del kirchnerismo, pero es su principal obsesión. La inquina oficial contra Pochak se debe a que fue subdirectora del Centro de Estudios Legales y Sociales. Además, fue Subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cuando CFK era vicepresidenta del Doctor Fernández. Como tal, coordinó la política de derechos humanos del Estado argentino ante organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intervino en el seguimiento de casos internacionales y en la relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y participó en el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Zarina instruyó al embajador ante la OEA, Carlos Cherniak, que impidiera que la Comisión se pronuncie a favor de Cristina en la causa Vialidad, porque los libertarios creen que Pochak es una persona próxima a la expresidenta. Para eso, el embajador que proviene de la UCR debe impulsar una denuncia contra Pochak por un supuesto conflicto de intereses, que por ahora se tramita en el juzgado federal argentino de Julián Ercolini, El Escondido. La denuncia fue presentada por Iván Szoke Urquiza, quien durante la década de 2010 y comienzos de la siguiente fue secretario en la fiscalía federal de Carlos Stornelli. Le imputa a Pochak administración fraudulenta contra el Estado, prevaricato, abuso de autoridad y violación de sus deberes funcionales. El motivo: haber patrocinado desde el CELS hace 16 años a la jueza de Misiones Marta Susana Catella, removida en juicio político. La petición del CELS sostuvo que se habían violado sus garantías constitucionales. Recién el 12 de marzo de este año la CIDH realizó la audiencia de fondo del caso 14.010, en la que expusieron el CELS y el Estado de Argentina. Pero aún falta el informe de fondo, que podría enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión actúa como fiscal, que investiga los hechos, y la Corte como juez, cuyas decisiones son mandatorias para los Estados.
La ofensiva es impulsada por la Fundación Faro, creada por Milei como instrumento de su batalla cultural, orientada por Agustín Laje. Pero también tiene la misión de recaudar fondos para La Libertad Avanza entre empresas y profesionales, de lo que se encarga Francisco Caputo, el hermano del consultor sin cargo, Santiago Caputo.
Inaugurada al concluir 2024, en todo ese año recibió donaciones por casi cinco millones de dólares, según el balance que presentó un año después del vencimiento del plazo legal. Pero se negó a revelar la identidad de esos benefactores, por lo que fue emplazada por la Inspección General de Justicia. Según el sitio Chequeado del 30 de mayo de este año, en las tres cenas de recaudación con empresarios y políticos, organizadas en el Yacht Club de Puerto Madero por los hermanos Juan y Patricio Neuss, dos de los cuatro hijos del difunto Jorge Neuss, el principal orador fue el presidente Milei. En enero último, dos centrales hidroeléctricas fueron adjudicadas a Edison Energía, una de las ramas del holding de los Neuss (que fueron aportantes de la campaña de La Libertad Avanza). La Fundación Faro justifica la solicitud de donaciones en la necesidad de financiar publicidad política en las redes antisociales.
Durante el gobierno de Carlos Menem, la sociedad de Jorge Neuss con la francesa Thales Spectrum fue adjudicataria de la privatización del espectro radioeléctrico. La Oficina Anticorrupción denunció que habían pagado coimas por 25 millones de dólares a Menem y otros funcionarios. En 2008 el juez federal Sergio Torres procesó a Neuss, al ex secretario de comunicaciones German Kamerath y al abogado especialista en privatizaciones turbias Juan Carlos Cassagne, por una defraudación que estimó en 671.831.357 millones de pesos. El procesamiento fue confirmado por la sala II de la Cámara Federal, que integraba por entonces Martín Irurzun. Los jueces de Casación Augusto Diez Ojeda y Mariano González Palazzo, con la disidencia de Gustavo Hornos, dejaron sin efecto los procesamientos y embargos dictados contra Kammerath, Cassagne y Neuss. Nueve años más tarde, Jorge Neuss se suicidó luego de matar a balazos a su esposa, Silvia Saravia, en el country Martindale de Pilar, donde los chicos Neuss se criaron próximos a los hermanos Francisco y Santiago Caputo. Dentro de dos semanas, Irurzun cumplirá 75 años y deberá retirarse, salvo que Milei solicite al Senado una extensión de cinco años, hasta que tenga 80, tal como el camarista deseaba. Pero el ministro de Justicia Juan Mahiques se negó. Es la venganza por los procesamientos de Thales Spectrum. La justicia mantiene una línea invariable. La última semana, el juez Marcelo Martínez de Giorgi apartó de la causa $LIBRA a los querellantes, como solicitó Mauricio Novelli, quien argumentó que no se trataba de una estafa. Al apartar a los dos querellas, integradas por los damnificados Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, sólo quedó el fiscal Eduardo Taiano a cargo de la investigación. Los fundamentos de Martínez de Giorgi no vaticinan nada bueno para el avance de la causa. Según el juez, $LIBRA es una memecoin, es decir una broma, de modo que las pérdidas de los inversores son el riesgo de mercado y no un delito. Y la Corte Suprema confirmó el decomiso de 684.990 millones de pesos de Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad. Esto equivale a casi 500 millones de dólares, muy inferior al Producto Bruto que se atribuyó haber robado a Cristina, y muy superior a los bienes de la expresidenta y su familia.
Los activos financieros
Los cinco millones de dólares declarados por FARO se han invertido en activos financieros, que están a disposición de Milei. Salvando las distancias, también Donald Trump en Estados Unidos tiene estructuras dedicadas a inversiones financieras. En su caso se trata de criptomonedas, que manejan sus hijos. Además de las distancias, los diferencian las magnitudes. Ya como presidente, Trump ganó con esas inversiones 1.435 millones de dólares en 2025. Según Reuters, con World Liberty Financial (WLFI) obtuvo 800 millones de dólares y con el memecoin $TRUMP y otros tokens asociados unos 635 millones. Esto supera largamente sus negocios inmobiliarios, hoteles, campos de golf y licencias de marca. Sumando todo, exceden los 2.200 millones de dólares. Una empresa de inversión vinculada a los Emiratos Árabes Unidos compró casi la mitad de World Liberty Financial, una operación que, según el New York Times, difuminó la línea entre la política exterior y las empresas privadas. Legisladores demócratas y organismos de control ven un conflicto de intereses, porque el gobierno impulsó políticas favorables al sector cripto en el que el presidente y su familia mantenían importantes intereses económicos. La Casa Blanca lo niega, porque afirma que esos activos son administrados de manera independiente. El New York Times también recordó que, en una fecha que no menciona, Trump calificó los negocios con criptomonedas como «refugio para traficantes de drogas y estafadores». Las causas judiciales que más inquietan a Milei son las que se siguen en Estados Unidos y en la Argentina por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que el presidente fue el primero en difundir, cuando sólo sus creadores, de la familia de Haden Davis, conocían la sigla alfanumérica del contrato para comprar.
En Estados Unidos es tradicional que los presidentes cosechen importantes ingresos, pero su escala es insignificante en comparación con Trump y, además, ocurren una vez terminados sus mandatos presidenciales:
- Barack Obama recibió decenas de millones de dólares por libros y un contrato con Netflix tras dejar la Casa Blanca.
- También su esposa Michelle firmó un contrato con Netflix por 65 millones de dólares.
- Bill Clinton cobró más de 100 millones de dólares por conferencias y libros luego de su mandato. Esto incluyó cuatro viajes a Buenos Aires, organizados por los empresarios con inquietudes Martín Varsavsky y Gerardo Werthein durante las presidencias de Fernando De la Rúa y CFK. En ningún caso se informó sobre el pago, pero se sabe que Clinton no cobra menos de 150.000 dólares por presentación.
- George W. Bush recibió decenas de millones por memorias, conferencias y actividades de su fundación.
- Joe Biden luego de ser vicepresidente de Obama recaudó 17 millones de dólares por libros, discursos y docencia (2017-2019).
Pochak es en este momento la pieza clave del sistema interamericano, donde integra un bloque que continúa la tradición progresista de sus anteriores integrantes, que con cuatro miembros prevalece sobre los tres miembros de la tendencia más inclinada hacia las posiciones de la nueva derecha regional, interesada en modificar la jurisprudencia afianzada en las últimas décadas. Ni Pochak ni la propia CIDH admiten el alegado conflicto de intereses. La vicepresidenta de la Comisión reconoce que al presentar la lista de casos internacionales en los que debería excusarse porque participó como representante de los peticionarios olvidó en forma involuntaria el caso Catella. Pero nunca intervino desde el Estado en ninguna presentación, ni participó en la estrategia de la Secretaría de Derechos Humanos al respecto, que está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aun cuando así no hubiera sido, nada afectaría su imparcialidad porque desde que asumió en la CIDH no intervino en ningún caso de su país, tal como ordena el reglamento del organismo.
Una paradoja que hasta ahora nadie ha destacado es que el embajador Cherniak ha tenido un vínculo ostensible con la política de derechos humanos de CFK, a diferencia de Pochak, quien desde el CELS polemizó con ella y con su cuñada, la ex ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner. Al ser reelecta en 2011, la presidenta CFK designó a Cherniak encargado de derechos humanos en la embajada argentina en Italia. Como tal mantuvo una cálida relación con los dirigentes de organismos argentinos defensores de los derechos humanos que impulsaron los juicios realizados en Roma contra represores argentinos por secuestros, torturas y asesinatos de trabajadores e intelectuales de origen italiano. El embajador durante su gestión fue Torcuato Di Tella (h).
La senadora Cristina Fernández fue designada para presidir la Comisión de Asuntos Constitucionales en 2005. Presentó un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura y convocó a instituciones y personalidades especializadas en los temas judiciales. Entre ellos el CELS, que había sido uno de los autores del documento Una Corte para la Democracia, que inspiró el decreto 222 sobre el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema. La prisa que tenía el gobierno nacional se manifestó en la fecha elegida para esa discusión: la semana de Navidad. El proyecto reducía de 20 a 13 el número de miembros del Consejo. Cristina sostenía que eso lo haría menos burocrático y más eficiente. Pochak disintió con ella y la discusión fue ríspida. Era el mejor momento del gobierno de Néstor Kirchner y todavía nadie se animaba a cuestionar sus planteos. Pochak advirtió que el proyecto no resolvía los problemas de funcionamiento del Consejo de la Magistratura. En su opinión
- la reducción de integrantes alteraba la relación entre los estamentos prevista por el artículo 114 de la Constitución, que exige un equilibrio entre representantes políticos, jueces, abogados y académicos;
- los representantes políticos pasarían a tener una gravitación mucho mayor dentro del órgano, especialmente del oficialismo;
- el proyecto se impulsaba sin un diagnóstico suficiente sobre las verdaderas causas del mal funcionamiento del Consejo; y
- con la nueva integración y las mayorías requeridas para varias decisiones, ningún juez podría ser acusado ni designado sin que al menos parte del oficialismo acompañara.
La ley 26.080 fue promulgada el 27 de febrero de 2006 y rigió hasta el 16 de diciembre de 2021, cuando la Corte Suprema la declaró inconstitucional por falta de equilibrio entre los estamentos. En los casi 16 años transcurridos, el Consejo no superó ninguno de los problemas que llevaron a su reforma y se acumularon más de seis centenares de vacantes en los juzgados nacionales y federales. La propia Corte tiene un 40% de vacantes, cosa que no parece molestarle. Al declarar la inconstitucionalidad de aquella ley, la Corte le dio 120 días al Congreso para sancionar una nueva ley, mandoneo que la Constitución no contempla en la relación entre los poderes que creó. Ante la falta de respuesta del Congreso, el 15 de abril de 2022 la Corte resucitó la ley 24.937, de 1997. Presidía la Corte Horacio Rosatti, que con la nueva/vieja ley llegó también a la presidencia del Consejo de la Magistratura. La resurrección de una ley derogada por el Congreso 25 años antes, por una decisión de la Corte y en beneficio de su presidente, es uno de los mayores escándalos jurídicos desde la conclusión de la última dictadura.
Pruebas a dieta
En el torpedeo de la Fundación Faro contra Andrea Pochak también participa una organización internacional, Global Center for Human Rights, creada en 2021, con sede en Washington, pero presidida por el argentino Sebastián Schuff. También integra el Frente Joven, creado para oponerse al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo. La colaboradora del Cohete, Luciana Bertoia, descubrió que el Global Center for Human Rights firmó en diciembre de 2025 un convenio de cooperación con el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, que está a cargo del Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio ESMA. Su directora, Ana Mármora, es también una de las referentes más visibles del Frente Joven y suele concurrir a las capacitaciones de la Fundación Faro. El marido de Mármora, Agustín “Chino” Caulo, es el secretario de Culto y Civilización de Milei y tiene a su cargo el área de Cancillería que interviene en los organismos internacionales de derechos humanos. Uno de sus funcionarios, Javier Salgado, fue quien en la audiencia ante la CIDH por el caso Catella acusó a Pochak de haber escondido tres cajas o “treinta kilos” de pruebas, dice Bertoia. Pero la CIDH replicó que Pochak no intervino en la audiencia del caso ni en el tratamiento de los asuntos vinculados con la Argentina. Es ostensible que se trata de una operación del gobierno, en alianza con otros de la región. La ola derechista que está barriendo con los gobiernos progresistas favorece esa ofensiva. El gobierno midió del mismo modo las pruebas contra Cristina en la causa Vialidad. El abogado Alberto Beraldi negó que existieran 30 kilos de pruebas. «No pasan de 300 gramos», dijo.