El fotógrafo Pablo Grillo estaba registrando la violencia policial cuando un cartucho de gas lacrimógeno le aplastó la cabeza. Al momento de ser alcanzado por el disparo policial, el joven reportero del medio porteño La Tribu era uno de los miles de manifestantes que se acercaron al Congreso para respaldar el reclamo de los jubilados. Al cierre de este texto, peleaba por su vida en el hospital Ramos Mejía.
La brutal represión policial desplegada por el Gobierno de Javier Milei dejó una decena de heridos, al menos tres de ellos graves. La recurrente marcha de jubilados de los miércoles tenía esta vez un condimento especial: la presencia de hinchas de distintos clubes que se sumaron en solidaridad. Pero a poco de iniciar, por la efectiva y coordinada acción de infiltrados y uniformados violentos, la marcha derivó en un amplio despliegue de violencia institucional que caracterizará la siguiente fase del gobierno de Javier Milei.
Una tarde de furia
La concentración estaba prevista para las 17 horas, pero el operativo represivo se activó mucho antes. A las 16.30, apenas comenzaban a llegar los primeros manifestantes, la policía desplegó camiones hidrantes, lanzó gases lacrimógenos y disparó balas de goma para despejar la Plaza de los Dos Congresos. El objetivo era claro: disuadir antes de que la protesta tomara fuerza.
Los primeros en recibir la avanzada policial fueron los hinchas de Chacarita y Rosario Central, quienes, al igual que los jubilados y militantes de izquierda presentes, fueron desalojados a los golpes. Las imágenes de policías golpeando con palos a jubiladas indefensas recorrieron las redes sociales como marca de la crueldad oficial.
A varias cuadras del Congreso, la represión se trasladó a la Avenida 9 de Julio, donde efectivos de la Gendarmería bloquearon el paso a la movilización. En medio del caos, un arma policial apareció en el suelo en circunstancias poco claras, aumentando las sospechas sobre la presencia de infiltrados en los disturbios.
Mientras la represión se desataba en las calles, dentro del Congreso ocurría otro episodio bochornoso. La sesión en la Cámara de Diputados se vio interrumpida por una violenta pelea entre Oscar Zago (MID) y Lisandro Almirón (La Libertad Avanza), quienes terminaron a las trompadas.
El detonante de la pelea fue el respaldo del MID a la creación de una comisión investigadora por la criptoestafa de $LIBRA, el escándalo financiero que salpica a Milei. La situación escaló aún más cuando se intentó normalizar la Comisión de Juicio Político con Marcela Pagano como titular, una jugada que algunos libertarios rechazaban.
En plena sesión, Rocío Bonacci (ex aliada de Milei) arrojó un vaso de agua a Lilia Lemoine, quien la había increpado. El caos terminó con Martín Menem levantando la sesión, lo que impidió que la oposición pudiera avanzar en la quita de las facultades delegadas al presidente.
Mientras la represión se desplegaba en las calles y el Congreso era un caos, en la Casa Rosada Milei seguía con su plan de entregar el país de a pedazos. Acompañado por Luis Caputo, Guillermo Francos y Luis Lucero, el presidente cerró acuerdos con los ejecutivos de la minera británica Rio Tinto, quienes buscan profundizar la explotación de litio en Argentina.
Terror de Estado
El show represivo había sido agitado por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, en los días previos. Primero al tildar la convocatoria como una «marcha de barrabravas» y luego alterando la ley del Deporte para meter miedo entre los hinchas que habían anticipado su vocación de manifestarse.
El miércoles por la madrugada, el Ministerio de Seguridad emitió una resolución para aplicar el derecho de admisión a los simpatizantes que se arrimaran al Congreso. La norma Patricia Bullrich modificó la legislación del derecho de admisión en los estadios para restringir el acceso a hinchas que hubiesen “protagonizado incidentes en espectáculos futbolísticos o manifestaciones públicas» y «hayan afectado el orden público o usado transporte no habilitado». El evidente objetivo de la resolución: meter miedo entre los simpatizantes y evitar que participaran del reclamo.
No es la primera vez que el Gobierno se propone cercenar el derecho al reclamo. En las primeras semanas de su mandato, se presentó una «ley anti piquetes» que limitaba el derecho de reunión, a la manera de un Estado de Sitio. La intención naufragó en origen, pero fue retomada por la denominada «ley antimafia» -promulgada esta semana- que limita y cercena varios derechos civiles de personas que puedan ser consideradas «sospechosas» de cometer un delito a la vista de una fuerza federal. Entre otras cosas, la norma extiende las prisiones preventivas sin aviso a la autoridad judicial y ampliar la pesquisa por cercanía o familiaridad.
La similitud con las disposiciones de la dictadura genocida que asoló a la Argentina no es casualidad: la brutal transferencia de ingresos que entonces impuso Martínez de Hoz y ahora ejecuta el gobierno de Milei sólo es posible de aplicar por intermedio de la fuerza pública.
El terror de Estado que Bullrich desplegó el miércoles contra los jubilados, a quienes la motosierra de Milei les hizo aportar el 20% del «mayor ajuste de la historia» del que suele jactarse el presidente, es parte de una secuencia fatal que la Argentina ya padeció.
La réplica farsesca de los años más oscuros del país incluye la colaboración de medios y comunicadores oficialistas, que llegaron a extremo de ponerse el casco para reportar los partes policiales desde el lugar de los hechos. Así las cosas, la televisión -copada por la prensa adicta- difundió el supuesto hallazgo de armas tumberas, contenedores dañados y un vehículo policial incendiado. El episodio ígneo recordó el incendio de un móvil del medio Cadena 3 en uno de los primeros episodios represivos coordinados por Bullrich. Entonces, como ahora, la policía no detuvo a los perpetradores del incendio, alentando las sospechas de complicidad y/o cercanía entre uniformados y civiles violentos.
La presencia de infiltrados incentivando la violencia en manifestaciones públicas es un clásico de las provocaciones de la ministra, que va por su tercera gestión a sangre y fuego. La presencia de Bullrich en un gabinete es la marca en el orillo de los gobiernos que pretenden imponer su plan de hambre a pura represión.