Una presunta red que articulaba política, negocios de apuestas y contactos judiciales para sostener el juego clandestino quedó bajo acusación formal contra cinco personas. La Fiscalía sostiene que la estructura era conducida por el senador provincial Armando Traferri y que tenía como beneficiario al empresario Leonardo Peiti.

Sin embargo, en la audiencia de este miércoles, los jueces Eleonora Verón, Paula Álvarez y Alejandro Negroni rechazaron las medidas cautelares alternativas que pidió la acusación al considerar que no había elementos suficientes para imponerlas.

La decisión formalizó las imputaciones, pero dejó sin efecto el pedido fiscal de restricciones preventivas. No implica el cierre de la investigación ni un pronunciamiento sobre la culpabilidad de los acusados.

Los imputados son Darío Marcelo Scataglini, José Francisco Fernández Chemes, Oscar Rubén “Popi” Larrauri, Fernando Daniel Moschini y Aníbal Diego Porri.

La hipótesis fiscal ubica el funcionamiento de la presunta asociación entre abril de 2017 y septiembre de 2021, con distintos roles para facilitar el negocio ilegal de apuestas, encubrir sus beneficios y sostener una trama de protección.

Lo que hacía cada uno

La acusación describe una estructura con funciones políticas, comerciales y judiciales. En ese esquema, Scataglini habría actuado como enlace político de Traferri y contacto con Peiti.

La Fiscalía sostiene que intervino en las gestiones para que la empresa Wildar Gaming consiguiera un contrato vinculado con terminales de lotería virtual de Santa Fe.

Uno de los episodios centrales ocurrió el 11 de marzo de 2020, cuando, según la acusación, Traferri, Scataglini, Peiti y Fernández Chemes se reunieron en una oficina del senador en San Lorenzo. La hipótesis fiscal es que allí se distribuyeron tareas para avanzar en el acuerdo con el Ministerio de Economía. El 22 de abril de ese año, Fernández Chemes presentó una solicitud ante la Lotería como apoderado de Wildar Gaming.

La Fiscalía también cuestiona la transferencia de acciones de Wildar, concretada en septiembre de 2020 a favor de Fernández Chemes y Larrauri. Para los investigadores, esa operación habría servido para disimular quién estaba detrás del negocio y facilitar las gestiones comerciales. Ambos son señalados, además, por su presunta intervención como prestanombres en sociedades vinculadas con el juego.

Entre los episodios relevados figura una visita al Centro de Justicia Penal junto con Peiti, después de la detención de Alejandro Torrisi, en junio de 2020. La Fiscalía sostiene que en ese contexto se habría producido un contacto con el entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad y examina si esa gestión contribuyó a alertar a Peiti sobre la investigación.

Porri fue imputado, además, por presunto cohecho activo. La acusación le atribuye haber ofrecido o entregado dinero a Ponce Asahad el 9 de julio de 2020 a cambio de protección para el negocio ilegal de apuestas. También se investigan mensajes en los que habría instado a destruir teléfonos. Se trata de hechos atribuidos por la Fiscalía, no de responsabilidades establecidas por una sentencia.

Moschini, por su parte, es señalado como intermediario entre Peiti y Traferri. La acusación sostiene que intervino en la estrategia para impedir que el empresario ampliara su declaración como arrepentido y que obtuvo y difundió un borrador del acuerdo de colaboración. También fue imputado por su presunta participación necesaria en peculado, en relación con un subsidio destinado a la Asociación Civil Palabra Mayor, de la que era tesorero. Según la Fiscalía, esos fondos habrían servido para beneficiar a Peiti. Por este último hecho, Traferri ya había sido imputado como presunto autor, junto con otras personas señaladas como partícipes.

Ramificaciones políticas y judiciales

La investigación se originó en el entramado del juego clandestino y en las sospechas sobre la protección que habría recibido Peiti. El expediente puso bajo análisis los vínculos del empresario con funcionarios judiciales, entre ellos Ponce Asahad, el entonces jefe de los fiscales Patricio Serjal y el empleado judicial Nelson Ugolini.

La nueva imputación amplía el foco hacia los presuntos operadores políticos y comerciales que, según la Fiscalía, habrían contribuido a sostener el negocio. Traferri es señalado como supuesto jefe de la asociación, mientras que los seis acusados de esta audiencia habrían cumplido distintas funciones para favorecerla. La acusación incluye conversaciones telefónicas y mensajes que los investigadores interpretan como indicios de gestiones, protección y maniobras para ocultar vínculos.

La audiencia de este miércoles no resolvió la culpabilidad de los imputados ni la responsabilidad definitiva de Traferri. Su resultado inmediato fue formalizar las acusaciones contra los seis señalados y rechazar las restricciones preventivas que había pedido la Fiscalía por considerar insuficientes los elementos presentados para justificarlas. La investigación continúa, con una hipótesis central: determinar cómo se articulaban el negocio ilegal de apuestas, las gestiones políticas y los contactos judiciales que, según los fiscales, permitieron sostenerlo.