Los propietarios y/o representantes legales del frigorífico Europlus, de Villa Gobernador Gálvez, y de la fábrica de maquinaria agrícola Vassalli, de Firmat, adoptaron idéntico temperamento al no presentarse en las respectivas audiencias fijadas por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe ante sendos conflictos, ignorando tanto los padecimientos de sus empleados como a la autoridad laboral del Estado provincial. En ambos casos las empresas fueron adquiridas en los últimos años por capitales argentinos de familias radicadas en otras provincias, y coinciden también en sus conductas antisindicales.

“No sabemos qué quieren”

La tripería Europlus Argentina, antes llamada Euro a secas y ubicada en Villa Gobernador Gálvez, mantiene un conflicto con sus operarios desde el día de Reyes de este año, cuando anunció 70 despidos a través de la aplicación de mensajería digital WhatsApp. Luego de retrotraer esa medida por la resistencia de los trabajadores, acompañada por el Sindicato de la Carne, la semana pasada reincidió en ese comportamiento: cesanteó a otros seis empleados.

“Los compañeros se presentaron a trabajar y nos los dejaron entrar, entonces dejaron constancia en la comisaría”, dijo a Rosario/12 Walter Navarro, delegado sindical. “Y ahora, estando acá en el Ministerio, nos enteramos de que le llegó otro telegrama a la casa, diciéndoles que hicieron abandono de trabajo”, agregó. Por lo que los despidos sin causa se convirtieron en cesantías causadas, por lo tanto sin el pago de las correspondientes indemnizaciones.

“Así que no sabemos qué es lo que quiere la empresa, hasta dónde quiere tirar, no sabemos porque no podemos hablar con ellos, no sabemos realmente qué es lo que quiere, no sabemos”, repitió Navarro.

Ese “no saber” pareciera ser una estrategia patronal, ya que ni los propietarios del frigorífico ni sus representantes legales acuden a las convocatorias del Ministerio de Trabajo. Ante el cese de tareas que habían declarado los operarios frente a los despidos injustificados, la cartera laboral santafesina dictó ayer la conciliación obligatoria por quince días. Y fijó un nuevo encuentro para el lunes a las partes.

El delegado agregó: “Nosotros hemos hablado en su momento para ver qué es lo que querían. Si a la empresa no le da los números y tienen 60 compañeros fuera, que busquen una forma. O sea, si no quieren seguir renegando, ellos sabrán lo que tienen que hacer. O si tienen que dejar la empresa a los compañeros, que se la dejen”.

El uso de medios de comunicación digitales es una herramienta de Europlus, la tripería que durante años fue propiedad de la familia Lequio de Villa Gobernador Gálvez, y que hace unos años acordó el ingreso de capitales de una familia de Mar del Plata que, según creen los trabajadores, finalmente se quedó con la totalidad del paquete accionario.

También fue por WhatsApp que la semana pasada los seis despedidos, a quienes les habían ofrecido pagarles la indemnización legal en 12 cómodas cuotas, se las rebajaron a 9. Pero el plan de pagos no conformó a los damnificados.

En su página web, la firma señala que “Europlus Argentina es la nueva denominación que refleja una etapa innovadora en la vida de Euro S.A”.

Agrega que “una nueva estructura de capital asegura la solidez financiera de la empresa y un renovado equipo de excelencia conformado por accionistas, managers profesionales y colaboradores dedicados aportan a la compañía un vasto expertise en la producción y distribución global de alimentos, desarrollado durante muchos años desde la Argentina hacia el mundo”. No pareciera.

“La situación es muy crítica”

 

Los propietarios de la fábrica de cosechadoras Vasalli, adquirida en enero de 2024 por el empresario entrerriano Eduardo Marsó, de la familia dueña de la avícola Las Camelia, tampoco asistió ayer a la audiencia convocada por la cartera laboral santafesina, a raíz del conflicto laboral suscitado por la falta de pago de los últimos tres meses de salarios, entre otras deudas acumuladas.

Tampoco acudió a la cita oficial la nueva abogada de la compañía, que los trabajadores denominan “la mediática Florencia Arietto”, ex encargada de seguridad del Club Atlético Independiente, militante sucesivamente y en poco tiempo del Frente Renovador, de Juntos por el Cambio y ahora en La Libertad Avanza.

“Nos hemos presentado nuevamente en audiencia, la empresa no se presentó, teníamos la información de que podrían presentar un escrito con un plan de trabajo, pero no ha llegado nada, ni la propuesta por escrito, ni la empresa, ni ningún representante legal”, enumeró sobre las ausencias Diego Romero, secretario general de la seccional Firmat de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Recordó el corazón el conflicto: “Hace tres meses que no pagan salarios”. La semana pasada la empresa colgó un cartel en transparente de la planta ubicada sobre la Ruta Nacional N°33, en el ingreso a Firmat, en el que comunicaba que estaría cerrada hasta este viernes por “razones de seguridad”. Esa es la estrategia de Arietto, que sin pretensión de mostrarse innovadora pretende dividir al sindicato de sus afiliados, apelando a la muletilla de la “mafia sindical”. Pero Firmat no es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La situación es dramática para los trabajadores. “Son 288 obreros, la situación es crítica, hay población joven que alquila, que están por ser desalojados, hay cortes de luz y de gas y lo más importante es que no tienen para parar la olla”, describió Romero en declaraciones a RTS.

“Todo lo demás –siguió- de alguna manera se gestiona, se habla y tratamos de que las inmobiliarias aguanten, pero el tema es plato de comida de la gente que no tiene para comer”. En esa línea, el dirigente gremial afirmó que la que viven las familias “es una situación muy crítica y nos está empezando a preocupar”.

 

Tras el comunicado en la planta informando que la fábrica estará cerrada, “los obreros siguen yendo igual, están ahí en la puerta”, explicó Romero.

“Eso es preocupante porque la gente está en estado de desesperación, puede pasar cualquier cosa. Si a algún obrero le pasa algo en la ruta yo responsabilizo a la familia Marsó”, añadió. La responsabilidad social empresaria, hasta ahora, no parece estar ubicada entre las prioridades del entrerriano.