Cambios en el Ministerio Público Fiscal

 

Alejandra Gils Carbó ya no es más Procuradora General de la Nación. Mauricio Macri logró, gracias a una gigantesca operación mediático-judicial, cumplir con una de sus obsesiones: remover la única funcionaria estatal de relevancia que aún no controlaba. En su lugar quedó de forma interina Eduardo Casal que será, en el corto plazo, el encargado de la poda al modelo Gils Carbó. Desplazamientos, hostigamiento burocrático, creación de áreas que cambian el rumbo de la política criminal y el futuro incierto para el nombramiento de un nuevo procurador forman parte del combo con el que Macri desembarcó en el Ministerio Público Fiscal.

Quienes conocen al interino Casal lo describen, básicamente, como un típico judicial con la consecuente “lógica del judicial”, corporativa y conservadora. Retro, como alguna vez se autodefinió.

El próximo 21 de febrero cumplirá 60 años. Pasó por el Colegio Nacional Buenos Aires y luego por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió de abogado en 1983. En 1987 ya era Secretario letrado de la Corte Suprema. En 1992 llegó a Procurador Fiscal ante la Corte, cargo que tiene hasta la actualidad. Como era el Procurador ante la Corte más antiguo le correspondió el interinato tras la salida de Gils Carbó. Penalista, su bajo perfil no le impidió tejer vínculos con Comodoro Py y con sectores de la vieja SIDE.

Como procurador ante la Corte Suprema, Casal intervino en la investigación por el atentado a la Embajada de Israel en 1992. El derrotero de esa causa es casi calcado al del atentado, dos años más tarde, en la AMIA. Nunca se esclareció. Generó, además, uno de los mayores papelones de la historia judicial argentina. En la apertura del año judicial de 2015, el supremo Ricardo Lorenzetti aseguró erróneamente que era “cosa juzgada”. Casal fue parte de esa investigación aún trunca, pero que le abrió contactos naturales con Israel y Estados Unidos, además de los servicios locales.

Tal como informó Nuestras Voces, una de las primeras medidas de Casal fue crear una estructura “contra el extremismo violento y el terrorismo internacional” que le brinde al sistema judicial “aquellas herramientas necesarias para abordar de manera integral ese fenómeno delictivo de extrema complejidad y actualidad”. Tal vez pesaron en esta decisión el curso que hizo en 1987 organizado por la DEA norteamericana y otro al año siguiente organizado en conjunto por la procuración y la Embajada de Estados Unidos. El área antiterrorista lleva la firma Made in USA.

 

El periodista Ricardo Ragendorfer publicó en Nuestras Voces algunos datos relevantes de su biografía: “En los pasillos de la Procuración todavía se lo recuerda por haber sido el ‘garrote’ de Ángel Agüero Iturbe, quien supo comandar dicho lugar durante la presidencia de Carlos Menem, con quien compartía un estudio jurídico en La Rioja. Aquel hombre, muy cuestionado por diversas trapisondas, fue sucedido por otro menemista de fuste, Mariano Cavagna Martínez, al que Casal también sirvió con abnegación. Se puede decir que en el Ministerio Público él ya era parte del mobiliario. Y un amanuense de lujo para las peores causas. Por caso, haber favorecido a represores requeridos durante la década del ’90 en Italia al escamotear las notificaciones de los juicios por crímenes de lesa humanidad en Roma. Así obtuvieron el dulce beneficio de ser condenados ‘en rebeldía’”.

El perfil es claro.

¿Nuevo procurador?

Casal, el interino, tomó el control de la Procuración el 21 de noviembre de 2017. El mismo día, la diputada Paula Oliveto, que responde a Elisa Carrió, le marcó la cancha: “Dr Casal usted no quedó a cargo de la Procuración para hacer lo mismo que Gils Carbó. Sepa que hay que logar equilibrio institucional. No va x el camino correcto”, publicó en su cuenta de Twitter.

La chicana tenía un sentido: Casal ocupa, aunque interino, un lugar muy preciado, y Carrió tiene su propio candidato: el fiscal porteño José María Campagnoli.

Campagnoli saltó a la fama por inmiscuirse de forma irregular en la causa Hotesur, pero su verdadero rostro es el que mantiene atemorizados a los habitantes que quedaron bajo su circuscripción en Saavedra, especialmente en Barrio Mitre, y que fueron víctimas de su devoción por los operativos tipo SWAT para investigar robos menores.

Las hipótesis sobre el futuro de Casal y la cabeza de los fiscales son varias. Una, previsible, es que Casal haga buena letra en su interinato. Esto significa ser funcional a los intereses del Gobierno. Más concreto, priorizar la persecución judicial a opositores y el blindaje a Macri y sus amigos. No es una hipótesis descabellada y tiene un antecedente en la ciudad de Buenos Aires, laboratorio de muchos de los engendros que Macri llevó al plano nacional. Cuando era Jefe de Gobierno Macri puso a Martin Ocampo como fiscal general de la ciudad, equivalente porteño al procurador. Al contrario de Gils Carbo, a quien nunca se le encontró una filiación partidaria, Ocampo era un confeso militante PRO. Era, de hecho, legislador macrista antes de su nombramiento. Luego, dejó ese cargo para asumir como Ministro de Seguridad de Horacio Rodriguez Larreta. En lugar de pasar de nuevo por el proceso para designar un fiscal general, el macrismo optó por dejar en su lugar, de forma interina, a Luis Cevasco, hombre de Daniel Angelici.

La otra posibilidad es que Macri busque nombrar un nuevo procurador. Esto tiene varios escollos. Por un lado, Macri no logró modificar la ley orgánica del Ministerio Público, por lo que aún necesita los votos de dos tercios de los senadores presentes al momento de elegir un nuevo Procurador. Los candidatos son varios, y en cada caso tendrá que negociar y duro con diferentes sectores.

 

Hay al menos 3 ternas de candidatos y sus respectivos grupos de lobby con los que negociar. Una es proponer a un fiscal, alguien de la corporación, una relación que Macri dejó algo dañada tanto por la virulencia contra Gils Carbó (incluso entre algunos de sus detractores) como por los avances que pretende sobre la autonomía de los fiscales. No falta, igual, fiscales díscolos. En esta rama pican en punta los fiscales Raúl Plee y Guillermo Marijuan. Plee estuvo al frente de una unidad antilavado sin resultados, fue denunciado por obstaculizar causas por delitos de Lesa Humanidad en la Cámara de Casación y por demorar la acusación contra los acusados del encubrimiento del atentado a la AMIA. Conoce bien a a Macri porque integró en 2007 a la comisión asesora en temas de seguridad en Boca. Marijuan sumó porotos al inaugurar la cacería K con su reality show de excavadoras en la Patagonia. En este rubro también hociquea el mediático Ricardo Saenz, vinculado a una causa por forum shopping junto al jefe de jurídicos de la Policía Federal. Saenz dictaminó a favor de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y presionó fuerte a la fiscal Viviana Fein, su subalterna, durante el primer tramo de la investigación por la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman.

La segunda terna incluye a los abogados del establishment, con los que Macri tiene una relación privilegiada. Tal como reveló Nuestras Voces, son una pieza clave del poder detrás del presidente. La selección dentro de esta terna sería un eslabón más de esa relación promiscua entre Gobierno y el establishment jurídico y los escribas dictatoriales, pero tensaría el trato con la runfla fiscal de Comodoro Py. En esta terna asoman los nombres de Máximo Fonrouge, Ezequiel Cassagne, el actual procurador del tesoro Bernardo Saravia Frías e incluso Guillermo Lipera, que por ahora tuvo un premio consuelo con su inclusión en la lista de posibles conjueces para la Corte Suprema, muy menor comparado con los servicios prestados para correr del medio a Gils Carbó.

Tanto la terna de fiscales como la de abogados del establishment requieren negociaciones a muchas bandas.

La tercera terna no tiene nombres. Sería la opción de un “tapado”, un nombre fuera de circulación que logre acuerdo del Senado para, luego, lotear el Ministerio Público Fiscal entre los que otorguen los votos.

Los Juanes

El 21 de noviembre el interino Casal designó a sus laderos: Juan Manuel Olima Espel, Juan Pablo Ugarte y Juan Manuel Casanovas. Los 3 Juanes.

Olima Espel quedó a cargo de la Secretaría de Coordinación Institucional. Es su mano derecha, en sentido literal y simbólico. Es hijo de Juan Carlos Olima, vicecanciller menemista que fue procesado por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Olima Espel lleva muchos años pululando en la procuración, pero nunca descuidó sus vínculos con la AMIA y la DAIA. En agosto participó de un intercambio con la Corte Suprema de Israel y en su cuenta de Twitter muestra que su  prioridad gira en torno al combate del terrorismo. Una agenda importada de Estados Unidos e Israel que comenzó a materializarse.

Ugarte quedó al frente de la Secretaría General de Administración y Recursos Humanos. Oriundo de Chascomús, es radical como buena parte de su familia, y porta un apellido que tiene peso en el terruño originario de Raúl Alfonsín. Como muchos radicales actuales, Ugarte no sigue las enseñanzas de su último líder: se alineó con el PRO. Ugarte era muy cercano al ex procurador Esteban Righi y fue desplazado en su momento por Gils Carbó.

Casanovas quedó al mando de la Secretaría Disciplinaria y Técnica. En Nuestras Voces, Ragendorfer contó: “Se trata del vástago de Jorge Casanovas, el hombre que puso Carlos Ruckauf al frente del Ministerio de Justicia bonaerense, cuya ideología lo situaba a la diestra de Atila”. Casanovas tiene vínculos con Juan Mahiques, el representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura, y con Angelici.

Brochazos

Los nuevos comandantes del Ministerio Público tienen una obsesión: las oficinas. Manifiestan la discrecionalidad del poder a través de los espacios físicos. Si quieren marcar una diferencia o un cambio de jerarquías, lo primero que cambian es eso: las oficinas.

Otro mecanismo son los artilugios burocráticos. Varias fiscalías e incluso empleados que los interinos consideran no alineados ya recibieron extraños pedidos cuyo único objetivo es malgastar su tiempo y amenazar con sumarios administrativos.

 

Los cambios en la procuración del interino Casal y los Juanes no son maquillajes, sino los primeros brochazos de la restauración post Gils Carbó.

Una de las primeras desplazadas fue la fiscala Cristina Caamaño, que estaba el frente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Caamaño volvió a su fiscalía y en su lugar asumió Gabriel Gonzalez Da Silva.

Otro cambio significativo fue el desplazamiento de Félix Crous de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). Fue justo antes de la brutal represión a las movilizaciones en contra del saqueo previsional y poco después de la intervención de la Procuvin en el caso Santiago Maldonado. Crous volvió a trabajar en causas por delitos de lesa humanidad. En su reemplazo quedó Héctor Andrés Heim.

El cambio se notó también en temas vinculados a Derechos Humanos. El 15 de diciembre el interino Casal asistió a la Mesa de Discusión Institucional, una instancia promovida desde la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la que participan representantes de los organismos de Derechos Humanos, del Poder Ejecutivo y y del Legislativo. Madres, Abuelas, el CELS, la APDH e HIJOS, entre otros, querían conversar con el interino y preguntarle sobre la continuidad de las áreas que aportan a los juicios de lesa humanidad. No hubo tiempo. Casal estuvo en la apertura y se retiró.

 

Por ARI LIJALAD |