A ocho años de los hechos y luego de tres semanas de juicio oral, esta tarde se conocerá el veredicto en la causa de violencia institucional que tiene a 21 policías acusados por apremios, tormentos y vejaciones contra siete jóvenes, en las Cuatro Plazas y la comisaría 14°. Se trata de hechos que datan de marzo de 2018.

Desde la querella a cargo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) manifestaron expectativas en relación a la prueba que se pudo producir en las jornadas de debate en el Centro de Justicia Penal, donde a las 14.30 de hoy se leerá el fallo.

La decisión estará a cargo del tribunal integrado por Florentino Malaponte, Fernando Sosa y Gonzalo López Quintana. La acusación, en tanto, fue hecha por la fiscal de Violencia Institucional, Karina Bartocci, que solicitó penas de entre 5 y 10 años de prisión, además de inhabilitaciones y multa para los agentes, según el delito endilgado a cada uno; y por la querella, que pide hasta 12 años para los imputados.

El juicio comenzó el 18 de febrero pasado con los alegatos de las partes; mientras que las dos jornadas restantes estuvieron centradas en las declaraciones de los jóvenes que al momento de los hechos tenían entre 21 y 23 años. “Es para destacar la valentía que tuvieron, que siempre se preguntaron ¿por qué? Y además, protagonizaron una querella, que es muy importante», dijo el abogado querellante Federico Pagliero, quien sostuvo además que “es muy difícil llegar a juicio en este tipo de casos”.

En ese sentido, para el equipo jurídico de APDH, el relato de las víctimas “es fundamental en este tipo de causas, y es la prueba principal”. Y mencionaron como aval a esa afirmación jurisprudencia sobre causas relacionadas con los derechos humanos.

Además de las víctimas, el tribunal también escuchó la declaración de familiares y allegados de los jóvenes, “sobre cómo este hecho les influyó en sus vidas”, y profesionales psicólogos de fiscalía y querella, “también expresando cómo fue la metodología de las entrevistas en base al protocolo de Estambul, que dieron cuenta de un estrés post-traumático y de las consecuencias psíquicas”, tras los hechos.

La acusación señala que alrededor de las 4 de la madrugada del 23 de marzo de 2018, los jóvenes estaban en la zona conocida como las Cuatro Plazas, de Provincias Unidas y Mendoza, en barrio Belgrano, cuando fueron sorprendidos por efectivos policiales que llegaron al lugar.

Desde la querella indicaron, en la previa del debate, que “entre agentes, patrulleros y camionetas, contabilizaban veinte integrantes de la fuerza, que entre insultos y violencia aprehendieron a los jóvenes para requisarlos contra los móviles policiales”.

Uno de ellos, “en una actitud defensiva, logró eludir la violencia desplegada. Pero a pocos metros fue interceptado por una docena de agentes que lo tiraron al piso, golpearon salvajemente, esposaron y le cortaron sus rastas con un cuchillo”, recordaron.

De allí fueron trasladados a la comisaría 14°, donde “las agresiones continuaron”, y los jóvenes estuvieron esposados allí hasta aproximadamente las 16 o 17 horas.

El abogado querellante recordó que, frente a esa secuencia, “la causa tiene diferentes escenarios”; y en ese sentido indicó que “el broche de oro fue la procura de impunidad con la confección de un acta de procedimiento falsa”, en relación a lo que había ocurrido.

En tanto, en los alegatos de clausura del juicio, la querella -con acompañamiento de la fiscalía- planteó que en caso resolver el tribunal una sentencia condenatoria, se dicten prisiones preventivas, hasta que la resolución quede firme.