Se complicó con el decreto sobre familiares que, si bien tuvo amplio apoyo externo, hizo ruido en interna de Cambiemos. Ayer sumó otro dolor de cabeza.

Nadie podrá decir que Mauricio Macri no le pone el pecho a la adversidad cuando ésta toca la puerta de su gabinete. El problema es saber si los ministros a los que el Presidente defiende hacen lo suficiente por ahorrarle costos políticos y dolores de cabeza a la hora de atenerse a las normas básicas que rige el comportamiento de funcionarios en la administración pública.

Macri provocó un desplazamiento de agentes del Estado sólo por su condición de parientes de algún ministro nacional, y convocó al resto de los mandamás del país a seguirlo, en medio de la crisis que le provocó Jorge Triaca y la relación laboral de su familia con Sandra Heredia.

Está claro que el Presidente decidió pagar el costo de mantener a Triaca en el gabinete porque lo considera, desde siempre, un elemento valioso; también piensan lo mismo los sindicalistas que negociaron y negocian con él la reforma laboral que, aunque sea descuartizada, debería llegar a discutirse en el Congreso en algún momento. Todo el mercado y el mundo empresarial saben que, tal como prometió Macri en la campaña presidencial de 2015, este país es inviable con el actual esquema de leyes y costos laborales.

Debilitar al Gobierno en esa pelea que quiere dar desde el propio Presidente hasta Marcos Peña es dejarlo rengo en un tema clave.

Macri volvió a escuchar en este último viaje a Europa las dudas esenciales que los empresarios tienen sobre el futuro del país. Hay una a favor: nadie duda ya de la seguridad jurídica para sus inversiones. No es poco tras 15 años en los que sólo se animaban a atornillar dólares al suelo argentino quienes venían con negocios regulados y rentabilidades siderales garantizadas de antemano. No hay que engañarse: durante los gobiernos Kirchner nadie vino a competir a la Argentina.

Pero el Presidente también escuchó que se mantienen en alerta los inversores por el peso del poder sindical y en la misma línea por el nivel de la inflación. En Francia, que terminó 2017 con una inflación de 1,19% y que en los últimos 10 años acumuló 10,75%, las empresas tienen problemas en explicar cómo manejar presupuestos y stocks en un país como la Argentina donde esos números rondan el 25% anual. Y si bien están acostumbrados los europeos a lidiar con sindicalistas duros, ninguno de ellos puede arrancarles subas salariales como las nuestras y mucho menos con cláusulas condicionales que los CEO de aquí difícilmente puedan explicarles a sus jefes en las casas matrices.

De todos esos problemas se habla en la Casa Rosada mientras enfrentan tormentas ministeriales por temas que hoy no deberían estar cruzados con esas peleas clave para la economía argentina.

Ayer, otro conflicto de ese tipo tuvo una nueva y difícil escala. El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, devolvió el bono de $500.000 que había logrado que le pagara la Sociedad Rural Argentina cuando dejó la presidencia de esa entidad y pasó a sentarse en el gabinete.

«El día de la fecha procedí a transferir la suma de 500.000 pesos de mi cuenta personal a favor de la Sociedad Rural Argentina. De esta manera, cumplo mi deseo de ratificar mi firme e incólume vocación con la ética, legalidad y transparencia», decía ayer el comunicado.

Como en el caso de Triaca, donde el problema central no es el insulto a Heredia, quizás en medio de un ataque de nervios, sino el nombramiento en un gremio intervenido, aquí la cuestión no parece terminarse con la devolución.

Laura Alonso ya inició en la Oficina Anticorrupción una investigación. Aun espera un descargo del ministro de Agroindustria para hacer el dictamen técnico. Desde la propia OA ayer confirmaron: «Estamos obligados a emitir siempre su opinión técnica para informar a la ciudadano, al funcionario y a los funcionarios en general si ese hecho que existió estuvo reñido con la Ley de Ética Pública». De nuevo, no deberían los ministros cargar al Presidente con un peso como este.