El pasivo del Estado nacional alcanzó el 87% del PBI, con lo que es mayor al previo de la reestructuración de Néstor Kirchner.
Por la política de endeudamiento masivo del Gobierno, el pasivo del Estado ya superó el nivel de 2005, cuando Néstor Kirchner la reestructuró por primera vez. En la actualidad se ubica en el 87% del PBI y podría ser aún mayor para fin de año.
El presidente, Mauricio Macri, apoya todas sus medidas económicas en el incremento de la deuda, ya que la precisa para los abundantes déficits fiscal y comercial. La suba de la tasa de interés en el mundo empantanó las posibilidades de Cambiemos de mantener la exclusiva vía de conseguir dólares.
Esto fue sorteado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con el préstamo del FMI por U$S 50.000 millones, que sacian las necesidades de financiamiento por al menos dos años. Los créditos del Fondo siempre poseen un costo menor, pero debido a que son acompañados por severos condicionamientos a las políticas de gobierno.
No conforme con esto, Dujovne continuó con la colocación de bonos en dólares. Durante junio, el Gobierno nacional emitió deuda por un total de U$S 5.527 millones, de los cuales U$S 1.221 millones fueron nominados en moneda extranjera.
En el segundo trimestre del año el Ejecutivo emitió U$S 24.219 millones, con una elevada participación de las colocaciones en pesos (62% del total). En lo que va del año, el endeudamiento ascendió a U$S 49.122 millones.
Con las corridas cambiarias, en el primer semestre la deuda pública aumentó 29,9 puntos porcentuales, de acuerdo al Observatorio de la Deuda de la Fundación Germán Abdala. Para los economistas que rastrean todas las colocaciones, hoy el pasivo estatal llegó al 87% del PBI, el nivel máximo desde 2004, cuando Argentina estaba sumida en el default.
En la primera reestructuración de bonos de 2005, el entonces secretario de Finanzas Guillermo Nielsenconsiguió que el grueso de los acreedores acepte una quita del 65%, con lo que la deuda bruta argentina se recortó del 118,1% al 80,5%. La segunda quita la realizó el Ejecutivo en 2010, donde se acordó con casi la totalidad de los bonistas, a excepción de un reducido pero poderoso grupo de fondos buitre.