El resultado de agosto dispara las preguntas sobre si el plan económico de Milei de ajuste del gasto y apretón monetario empieza a encontrar límites. En el Gobierno se atajaban y explicaban que el índice de inflación de agosto estaba muy impregnado de las subas de tarifas. Es cierto que ese rubro fue el que más subió, lo que arrastró el promedio. Pero también se verificó en la misma medición que la inflación núcleo -que prescinde de las variaciones estacionales y de los precios regulados- se movió al alza por 2do mes consecutivo. En mayo ese indicador tocó el piso del 3,7% que repitió en junio, pero desde allí rebotó: 3,8% en julio y 4,1% en mayo. Este movimiento relativiza la calma que quiere llevar el Gobierno cuando le carga la responsabilidad de la suba del IPC al ajuste tarifario.

Que la suba de los precios se haya estabilizado en torno al 4% durante el periodo recesivo también abre interrogantes sobre cuál será el impacto en la inflación de una reactivación más homogénea de la economía. Aunque todavía eso no está a la vista. Varios de los sectores que mostraron un repunte en julio volvieron al rojo en agosto, como la venta de insumos para la construcción (Índice Construya) y los despachos de cemento. En tanto que las ventas minoristas, es decir, el consumo masivo, también registraron una nueva caída tanto en términos interanuales (10,5%) como en la comparación con julio (1,3%), según datos de CAME. Si bien el impuesto PAIS podría darle al IPC un alivio en septiembre quedan por delante más aumentos de tarifas que complican el descenso de la inflación. Por otro lado, ¿cómo se alinearán las expectativas a partir de este estancamiento?¿Habrá una mayor presión devaluatoria con el dólar oficial moviéndose al 2% mensual mientras que la inflación duplica ese crawling peg?

El estancamiento de la inflación en un nivel tan alto es un problema económico para Milei, pero también uno político. En la desaceleración del índice (que primero llevó al 25% con la devaluación de diciembre) el Presidente consiguió cristalizar su vínculo con buena parte de la opinión pública, lo que le otorgó un capital político que no tiene, por ejemplo, en el Congreso. El Presidente todavía estaba festejando que consiguió que un grupo de diputados radicales que buscan algún destino el próximo año electoral lo ayudará a blindar el veto contra la ley de movilidad jubilatoria cuando en el Senado convirtió en ley el aumento del financiamiento a las universidades públicas y, en un hecho inédito, ratificó la anulación del DNU que amplió los gastos reservados para el área de Inteligencia. La muñeca política que Milei había demostrado para bloquear la insistencia de la movilidad jubilatoria (que se aprobó, pero sin los 2 tercios necesarios) se develó insuficiente a la luz del resultado en el Senado. La anulación del DNU, el primero en la historia que fue rechazado por ambas cámaras, le quita calidad de reservados a los fondos y obliga a que se haga público en qué se gastó. El Gobierno hizo trascender que asignó el 80% de los $100 mil millones, pero se ejecutó sólo el 5%. Se analizaba por estas horas si había que devolver todo ese fondo al Tesoro.

El tratamiento del DNU fue sorpresivo, ya que Victoria Villarruel había acordado con los dialoguistas quitar la cuestión del temario y eventualmente tratarlo en una sesión “secreta” de la bicameral de Inteligencia. Pero Unión por la Patria reclamó reincorporarlo, a lo que se sumó el radicalismo, que había quedado herido por la defección de sus diputados neo-libertarios con la movilidad jubilatoria. Esa alianza logró una mayoría agravada para reinstalar la discusión con una final cantado: el rechazo del DNU con más de 2 tercios de los presentes. El Gobierno culpó al kirchnerismo y al radicalismo por frustrar el decreto de Necesidad y Urgencia, pero exceptuó al PRO a pesar de que la mitad del bloque votó por la anulación y de que el propio Mauricio Macri la incentivó. Fue un duro revés para Santiago Caputo, quien digita desde las sombras los servicios de Inteligencia. Tal vez lo haya celebrado Guillermo Francos, quien masticó bronca porque ‘el Mago del Kremlin’ (Carlos Pagni), ‘l’enfant terrible’ (Carlos Fara), lo desautorizó ni bien había prometido en el Congreso analizar la reglamentación que restringió los pedidos de Acceso a la Información, lo que sigue vigente. Fueron días complicados para el jefe de Gabinete entre rumores de renuncia y la internación por una lipotimia que le provocó la pérdida de conocimiento.

En cuanto al aumento del presupuesto universitario, Milei confirmó otro veto total. Queda latente la posibilidad de otra mega manifestación en apoyo de la educación pública como la que se vio en abril. Se trata de una causa que demostró poder de convocatoria. No tienen esa suerte los jubilados, cuya marchas de apoyo se limitan a algunos manifestantes y partidos de izquierda. Es mucho más notorio en esas jornadas el exagerado despliegue de Seguridad, cuyos excesos quedaron de manifiesto cuando trascendieron imágenes de un efectivo de la Policía Federal rociando con gas pimienta a una niña que se encontraba entre los manifestantes. Desde el ministerio de Patricia Bullrich salieron a instalar que se trató de una agresión por parte de otros manifestantes. Pero un video que se viralizó luego desnudó la mentira. Ante la caída de la fake news, el vocero Adorni salió a culpar a la madre de la menor por haberla llevado a la marcha.

Los vetos presidenciales tienen como justificativo la defensa del equilibrio fiscal. Ese será el corazón del proyecto de Presupuesto que el propio Milei presentará en un acting el domingo por la noche desde el recinto de la Cámara de Diputados y por cadena nacional. El Gobierno quiere recrear la épica de la apertura de sesiones ordinarias. Pero ya se anticipan grandes ausencias de sectores que no quieren prestarse para una puesta en escena de lo que será un mero acto político. Milei necesita recuperar la iniciativa tras las duras derrotas en el Senado y la inflación de agosto. El Presidente defenderá su primer proyecto de presupuesto, sin embargo, puertas adentro se entusiasma con que los legisladores lo rechacen por contractivo y así prorrogar otra vez la ley de 2023 -que hoy está vigente- y continuar con el ajuste vía la licuación del gasto. Sería muy deseable por parte de Milei que eso ocurra, pero al mismo tiempo plantea un inconveniente: cualquier negociación seria con el FMI requerirá para empezar un presupuesto avalado por el Congreso. El Fondo hizo un gesto en pos de lograr un acuerdo con el Gobierno para un programa que suceda al de Facilidades Extendidas que vence en noviembre: Rodrigo Valdés, director para el Hemisferio Occidental y acusado por Milei de tener animosidad contra su gobierno, se apartó de las negociaciones para facilitarlas. La decisión fue celebrada en la Casa Rosada, pero en simultáneo le quitó a Milei una excusa para victimizarse.