La jueza de Menores de Rosario María Dolores Aguirre Guarrochena sostuvo que los cuestionamientos públicos impulsados por el Gobierno de Santa Fe contra magistrados que adoptan decisiones contrarias a la política de seguridad oficial constituyen un intento de “disciplinamiento” que pone en riesgo la independencia judicial y, con ella, las garantías de toda la ciudadanía.

Sus declaraciones llegaron después de que el camarista Tomás Orso revocara la nulidad que había dictado sobre un allanamiento realizado sin orden judicial y en medio de la ofensiva política encabezada por la vocera provincial, Virginia Coudannes, quien la descalificó públicamente tras su resolución.

La magistrada dejó en claro que no cuestiona el fallo del camarista Orso sino que lo ubica dentro de un debate jurídico abierto sobre los alcances de la denominada “flagrancia virtual”, una figura utilizada por el Gobierno provincial para justificar allanamientos sin autorización judicial cuando una investigación apoyada en inteligencia artificial identifica el domicilio de un sospechoso.

Sin embargo, diferenció ese debate jurídico de la respuesta política que recibió luego de su resolución y advirtió sobre las consecuencias institucionales de convertir las decisiones judiciales en objeto de campañas públicas de desacreditación.

“Lo preocupante, desde el punto de vista institucional y del Estado democrático, son estos dichos que tienen que ver con una pretensión de control político sobre los jueces a través de la desacreditación, el linchamiento mediático y la deslegitimación”, afirmó en el programa Trascendental por LT8.

Y agregó que esas prácticas “significan un intento de disciplinamiento no solamente respecto de la jueza atacada sino respecto de cualquier juez que tenga una opinión que no sea complaciente”.

El conflicto comenzó cuando Aguirre Guarrochena declaró nulo el allanamiento realizado en una vivienda de España al 7000, en Rosario, durante la investigación de una balacera ocurrida el 19 de junio contra una casa de Entre Ríos al 6200. La resolución no anuló la investigación ni la imputación del adolescente detenido. El planteo se limitó a examinar la legalidad del ingreso policial al domicilio.

La jueza concluyó que habían transcurrido más de doce horas desde la comisión del hecho y que ya no existía una situación de urgencia o flagrancia que habilitara el ingreso sin autorización judicial. El procedimiento había sido realizado a partir de un seguimiento efectuado por el sistema Lince, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para reconstruir recorridos mediante cámaras de videovigilancia.

Tras esa resolución, el Gobierno provincial reaccionó con una conferencia de prensa en la que la vocera Virginia Coudannes acusó a la magistrada de sostener una “mirada garantista”, afirmó que desconocía la normativa vigente y llegó a decir: “Si es tan bueno, llévatelo a tu casa”, en referencia al adolescente investigado.

Semanas después, el camarista Tomás Orso revocó la nulidad. Su fallo no cuestionó la necesidad de preservar el control judicial como regla general, pero interpretó de manera diferente el concepto de urgencia.

Mientras Aguirre Guarrochena sostuvo que el plazo debía computarse desde la comisión del delito, Orso entendió que debía comenzar cuando el sistema de inteligencia artificial emitió el informe que individualizó el domicilio donde presuntamente habían ingresado los sospechosos.

Lejos de presentar esa diferencia como un enfrentamiento personal, la jueza encuadró ambas decisiones dentro de un proceso de construcción jurisprudencial. “Son criterios en construcción. El impacto de la inteligencia artificial obliga a repensar muchas categorías jurídicas, entre ellas qué entendemos por flagrancia”, explicó.

Según precisó, la diferencia central reside en determinar desde qué momento comienza la urgencia que habilitaría una excepción al requisito constitucional de obtener una orden judicial. “Yo entendí que debía contarse desde el momento del hecho. El camarista interpreta que debe medirse desde el momento en que el sistema de inteligencia artificial arroja el resultado positivo”, señaló.

Para Aguirre Guarrochena, el debate excede ese expediente. Si el parámetro pasa a ser el informe elaborado por un algoritmo, advirtió, queda sin respuesta cuánto tiempo puede transcurrir entre el delito y ese procesamiento tecnológico.

“Si la urgencia empieza cuando la inteligencia artificial emite el informe, la pregunta es cuánto tiempo puede pasar hasta que ese informe exista. ¿Un día? ¿Dos? ¿Tres? Ese límite hoy no está fijado”, sostuvo.

La magistrada también recordó que las imágenes utilizadas por el sistema corresponden a registros captados por cámaras ubicadas a gran distancia de las personas observadas.

“Los supuestos sospechosos eran puntitos muy chiquitos”, describió al explicar que esas imágenes son procesadas posteriormente por inteligencia artificial para reconstruir recorridos y señalar un domicilio.

En ese esquema, remarcó, la decisión de ingresar a una vivienda sin orden judicial deja de pasar por un magistrado y queda en manos de un funcionario del Poder Ejecutivo. “La orden de allanamiento no la da un juez sino un funcionario del Poder Ejecutivo, que en este caso fue el ministro de Seguridad”, explicó.

Aunque reconoció que el fallo de Orso fija un criterio vigente para este caso, estimó que la discusión seguirá abierta porque la legislación todavía no establece parámetros temporales claros para la utilización de estas herramientas tecnológicas.

La parte más dura de sus declaraciones estuvo dirigida al modo en que el Ejecutivo respondió a una decisión estrictamente jurisdiccional. Aguirre Guarrochena afirmó que las descalificaciones públicas no constituyen un conflicto personal sino un problema institucional.

“No afecta solamente a una persona. Afecta a toda la independencia del Poder Judicial”, afirmó. Y rechazó que el debate pueda reducirse a una defensa corporativa de los jueces.

“La independencia del Poder Judicial no protege a los jueces; protege a los ciudadanos. Sin jueces independientes no hay individuos protegidos frente al poder”, sostuvo.

Para la magistrada, cuando desde el poder político se promueven mecanismos de desacreditación pública contra quienes dictan resoluciones contrarias a los intereses del Ejecutivo, el efecto excede ampliamente un expediente determinado.

“Si aceptamos estos mecanismos de deslegitimación y de linchamiento mediático, lo que estamos debilitando son las garantías de toda la ciudadanía. Ese es un peligro para la democracia”, concluyó.