En base a una denuncia de la AFIP, se investiga el armado de una estructura destinada a ocultar el vaciamiento de fondos públicos y de las personas que serían las responsables de la asociación ilícita.
El Juzgado Federal de Salta Nº1, a cargo de Julio Leonardo Bavio, investiga al Gobierno de Salta capital, comandado por el intendente PRO Gustavo Sáenz, por el armado de una asociación ilícita para ocultar el vaciamiento de fondos públicos, los verdaderos responsables de la estructura corrupta y beneficiarios de maniobras de evasión de impuestos. Una organización ilegal compuesta por empresarios, compañías insolventes y funcionarios, que habrían sido destinatarios de un retorno económico por facilitar el direccionamiento de licitaciones y contrataciones directas. En esta investigación, iniciada por una denuncia de la AFIP, se descubrió que 26 empresas facturaron a la Municipalidad de esa ciudad y muchos de estos comprobantes fueron creados desde la misma dirección IP que la de la casa del Ejecutivo.
La pesquisa analizó los movimientos y contrataciones de 2017 y 2018, con facturas, testimonios y escuchas a los implicados. En esos períodos se detectó una “faceta delictiva” que “operaría mediante el empleo de personas físicas y jurídicas en actividad, otras de “papel” (legales pero insolventes al no tener bienes registrables, compras ni empleados) que ocultan a sus verdaderos titulares para, con la connivencia de funcionarios públicos, resultar adjudicatarias de obras públicas con sobreprecio, las cuales obtendrían directamente o con el concierto de voluntades a través del direccionamiento a su favor”, según el documento legal al que accedió El Destape.
Según el juez federal Bavio, se encontró que “en muchos casos la utilización de facturas apócrifas (duplicadas) tendría el propósito de ocultar salidas ilegales de fondos públicos cuyo destino habría sido el patrimonio de los mismos funcionarios públicos”.
SEC S.A. es la empresa que está en el ojo del huracán. Se creó en 1998 pero en 2017 pasó a manos de Gerardo Rubén Romero y Camila Muñoz y su domicilio fiscal se concretó en Vicente López al 1700, donde no se registra actividad industrial ni comercial, sino que el lugar es ocupado por un estudio jurídico y figura como domicilio de Aníbal y Álvaro Anaquin, ambos empleados públicos. Según la Justicia, el empresario Matías Huergo es quien maneja el control operacional desde las sombras.