Un abogado fue condenado a seis años de cárcel por haber colaborado con reconocidos jefes narcos presos de Rosario a quienes, aprovechando su condición profesional, visitaba en sus lugares de detención y los ayudaba a coordinar actividades delictivas. Se trata de Iván Carlos Méndez, de 53 años, quien aceptó la pena en un juicio abreviado en la Justicia federal.

Entre los criminales para los cuales se le achacó a Méndez haber colaborado hay pesados hampones de Rosario como “el Peruano” Julio Andrés Rodríguez Granthon, con condenas por narcotráfico y una pena de prisión perpetua por su participación en el asesinato del pastor y exconcejal Eduardo Trasante; el apodado “Rey de la Efedrina” Mario Roberto Segovia, condenado por tráfico internacional de precursores químicos y contrabando de armas; Uriel Luciano “Lucho” Cantero, preso como miembro de la tercera generación de Los Monos, y Cristian “Pupito” Avalle, condenado a prisión perpetua por liderar desde la cárcel una violenta banda ligada a Los Monos que cometió más de cincuenta hechos —varias balaceras extorsivas y homicidios— en Villa Gobernador Gálvez y el sur rosarino.

El acuerdo pleno entre el acusado y el Ministerio Público Fiscal (MPF) fue homologado por el juez federal de garantías Carlos Vera Barros e incluye, además de los seis años tras las rejas —actualmente está detenido en el penal federal de Marcos Paz—, una inhabilitación especial por ocho años para ejercer la abogacía, una multa y la declaración de reincidencia.

Méndez fue detenido en septiembre del año pasado acusado de colaborar con presos. Según dio a conocer el portal fiscales.gob.ar, mediante el acuerdo que firmó admitió su participación en seis delitos, entre ellos el de integrar una asociación ilícita “dedicada a mantener activas estructuras criminales comandadas desde establecimientos penitenciarios federales por internos de alto perfil vinculados al narcotráfico”. Para ello, según los acusadores, “aprovechaba su condición de abogado para entrevistarse con los detenidos y retransmitir directivas a personas en libertad, eludiendo las restricciones impuestas por el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo.

El acuerdo fue homologado en audiencias realizadas entre el 31 de marzo y el 16 de abril pasados, donde el fiscal Matías Mené, de la oficina de Narcocriminalidad de Investigación y Litigios de Casos Complejos de Rosario, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, expusieron las evidencias en contra de Méndez, entre ellas intervenciones telefónicas, registros de visitas y documentación que “confirmaron el rol estratégico del imputado en la estructura criminal”.

Así, Méndez fue condenado como autor de delitos como asociación ilícita, encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad, lavado de activos agravado por haber sido cometido como integrante de una banda, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, confabulación de dos o más personas para el tráfico de drogas y acopio de piezas y municiones de armas de fuego.

Nexo sistemático

La investigación ubicó a Méndez como un “nexo sistemático” entre jefes narcos que están presos bajo regímenes de seguridad y los integrantes de sus respectivas organizaciones a quienes solía comunicarles las órdenes sobre las actividades que debían realizar en la calle. La fiscalía incluyó a los presos en esa asociación ilícita que funcionó entre el 29 de enero y el 17 de septiembre de 2025 cuando el letrado fue detenido.

El objetivo del grupo, para la acusación, era “mantener vigente la disposición sobre el patrimonio adquirido ilícitamente y las actividades criminales de esas organizaciones mediante intercambio de información, retransmisión de mensajes y distintas gestiones realizadas por el abogado”.

Entre otros hechos, a Méndez se le atribuyó una “triangulación sistemática de comunicaciones entre Rodríguez Granthon y su pareja, Lucila R., quien le informaba sobre alquileres y propiedades vinculadas al patrimonio del condenado”. También se le achacó haber oficiado como enlace entre César Morán de la Cruz, referente narco del barrio Carlos Mugica (conocido como Villa 31) de la Ciudad de Buenos Aires, para transmitir información y coordinar gestiones a los miembros de su estructura.

Otro delito que admitió el abogado es haber intermediado para que Segovia comprara un campo pertenenciente a Morán de la Cruz. También se le atribuyó una participación en la venta de una casa del Peruano a Lucho Cantero y en la entrega de un Fiat Cronos.

La condena incluye una tenencia de cocaína con fines de comercialización, que se incautó en un allanamiento en su domicilio de la Villa 31 donde también se halló una carabina calibre 223, piezas para su armado y 120 municiones.

Para la fiscalía, el hallazgo de material bélico y “la evidencia de que sus maniobras permitían que organizaciones de alta peligrosidad conservaran capacidad operativa fuera de las prisiones, con impacto directo sobre la seguridad pública”, acentuaron la gravedad de las imputaciones contra el abogado.