Trabajadores de las aplicaciones de delivery reclamaron esta semana la implementación de la ley de monitoreo informático permanente, sancionada por la Legislatura y promulgada en mayo del año pasado por el Poder Ejecutivo provincial, pero nunca reglamentada ni puesta en marcha. “Nosotros tenemos un promedio de cinco robos por día, es muchísimo”, dijo durante un encuentro en la Cámara de Diputados, María Fernanda Fernández, representante de los cadetes santafesinos. “Ellos se meten en lugares donde incluso la policía no entra. Nos cuentan que a veces le piden bebidas o medicamentos en pasillitos apenas pasan. Es muy distinto a pensarlo lo que vemos en el centro de la ciudad”, dijo a Rosario|12 la diputada del Frente Renovador, Verónica Baró Graf, impulsora de la norma. “Hay muchas cosas que no se implementan a pesar de que la Legislatura lo ha aprobado”, sostuvo la legisladora, quien quiere “pensar bien” y creer que la no implementación de la ley obedece a un desborde de la demanda de seguridad que tiene el Estado provincial.

Uno de los puntos de la ley establece que el Estado debe “confeccionar un registro de personas trabajadoras y proveedoras independientes de servicios de reparto a domicilio de todo tipo de productos, en formato delivery, mediante aplicaciones móviles”. En Santa Fe no existe tal registro, por lo que no sabe cuántas personas desarrollan esa tarea.

En Rosario se estiman que son unos 9 mil, aunque la cifra es variable porque es un sector muy dinámico e informal. De hecho, desde el Sindicato de Repartidores y Cadetes de Rosario vienen trabajando para actualizar la ordenanza local, con el objetivo de aggionarla a estos tiempos. Su secretario general, Nicolás Martínez, pidió que quienes prestan el servicio para plataformas digitales “sean reconocidos como trabajadores, que estamos en la calle, que hemos puesto un montón de cosas”. Agregó que los empleadores “son empresas multinacionales que se escudan en que son una plataforma tecnológica”.

Martínez dijo a Rosario|12: “Vemoos con preocupación que siguen profundizándose los hechos de inseguridad, con el agravante que a nosotros nos roban la herramienta de trabajo, la moto o la bicicleta, y al otro día pasamos a ser desocupados”.

“Hemos tenido reuniones en el Ministerio de Seguridad donde planteamos la necesidad de que se creen políticas públicas pensadas para nuestro sector en esa materia, pero realmente no se llegó a nada concreto ni hubo ningún avance, ni inversión en ese sentido del parte del Gobierno”, recordó el dirigente.

En esa línea, agregó: “Vamos a ver de qué manera seguimos visibilizando y reclamando, porque es un problema que aparece en las asambleas y en las reuniones de trabajadores, y no queremos esperar a lamentar una víctima fatal para salir a las calles a reclamar, sino que se trabaje en políticas de prevención”.

La norma provincial aprobada y promulgada contempla el uso de GPS para la georeferenciación de los vehículos -desde motos y bicicletas hasta utilitarios-, el monitoreo de sus recorridos en los horarios de trabajo y la implementación de un botón antipánico para los trabajadores de servicios de cadetería.

Al tema discusión no le faltó, atento a que el primer proyecto fue presentado por el entonces diputado provincial Oscar Martínez, pero tras la aprobación en la Cámara baja perdió estado parlamentario. Tras varias insistencias, la iniciativa terminó por convertirse en ley. El 26 de mayo de 2025 el Poder Ejecutivo la promulgó. Sin embargo, aún no se puso en práctica.

Fernández, de la asociación que agrupa a los trabajadores de aplicaciones en la ciudad de Santa Fe, contó: “Nos reunimos con funcionarios del Ministerio y nos encontramos con que los mismos desconocían la existencia de esta ley y sus alcances”.

Tras la reunión de esta semana en la Legislatura, la referente del sector reclamó la implementación de la ley porque “es de público conocimiento que nosotros hace más de seis años que venimos siendo el foco de robos”.

Recordó que “sin ir más lejos, unos días atrás a una compañera le metieron un culatazo y casi le complican la vida. Es una situación que lo viven prácticamente a diario los trabajadores de delivery”. Los datos que recabaron desde la asociación indican que sufren unos cinco asaltos semanales en la ciudad capital.

Sin veto ni aplicación

La ley 14.362 de “Monitoreo Informático Permanente” fue promulgada por el Poder Ejecutivo santafesino el 26 de mayo del año pasado, pero no está implementada. Su artículo 1 crea el PIM “mediante sistemas de posicionamiento global (GPS), que tiene por objetivo garantizar la seguridad de los trabajadores independientes que presten servicios de reparto de todo tipo de productos a domicilio, formato delivery, mediante aplicaciones móviles”.

En el artículo 2 dispone como autoridad de aplicación al Ministerio de Justicia y Seguridad, que tiene a su cargo, entre otras funciones, confeccionar un registro de trabajadores, asignar un dispositivo GPS para su geolocalización en horario de trabajo, crear un sistema de monitoreo informático permanente, crear una central de denuncias con botón antipánico ante cualquier situación sospechosa y crear uno o varios canales de denuncia anónima para delitos vinculados a las actividades y las personas trabajadoras contenidas en el artículo 1.

Pero nada de eso ocurrió luego de más de un año de promulgada la norma que procura proteger a los trabajadores de aplicaciones, una de las “salidas laborales” más buscadas ante la crisis de empleo formal y registrado que sufren el país y la provincia.

“La ley está aprobada y necesitamos que se reglamente por parte del Ejecutivo, que no la vetó, al contrario, hizo una pequeña modificación que tenía que ver con que se podía utilizar cualquier sistema para el monitoreo de los deliverys, para asegurarnos primero la vida propia del muchacho o de la chica que trabaja en el delivery y después también la recuperación de los elementos que le roban, sea el celular, sea el móvil”, dijo Baró Graf a este diario.

“Piensen que estos chicos -continuó la diputada- trabajan por cuenta propia, en el sentido que ponen ellos su material para el trabajo, además del esfuerzo físico”. La legisladora también puso el acento en el costado de “servicio” que tiene esa tarea remunerada: “Ellos se meten en lugares donde incluso la policía no entra. Les piden bebidas o medicamentos en pasillitos que apenas pasan”.

Esta semana, la legisladora convocó a un encuentro a los trabajadores de aplicaciones de Rosario. “Queremos hacer una reunión con los de acá como para también mostrar que esto es una realidad de todos, no solamente de la gente de Santa Fe, que es un poco más militante sobre este tema. El objetivo es ver cómo podemos seguir ayudando, hacer de nexo entre la necesidad y el Ejecutivo, o el Estado”.