Una niña relata en el consultorio que alguien le hace cosas que no le gustan, que le dan vergüenza y a veces le duelen pero él le dice que es un jueguito, un secreto entre ellos, no hay que contar y a veces hasta le da premios después.

La psicóloga escucha. Es testigo del trauma que la niña padece y que despliega en lo que siente un espacio seguro.

La intervención ética requiere priorizar la seguridad de la víctima y para ello debe romper el secreto profesional para realizar la denuncia legal correspondiente y evitar la revictimización. Ella tiene obligación de denunciar si se detectan indicadores o señales de situaciones abusivas. Sin embargo … si lo hace comienza la persecución.

Recibirá amenazas, presiones de todo tipo y será denunciada por el agresor por falso testimonio. Es decir que su buen nombre profesional será afectado gravemente por haber cumplido con lo que la ética profesional le exige. Una paradoja que la deja en un lugar imposible.

A partir de ahí comienza un tiempo raro. La angustia frente a la denuncia, la búsqueda de abogado o abogada penalista que la defienda (si tiene el dinero para pagarlo) notificaciones, citaciones, amedrentamientos de todo tipo para ella y sus familias, con el consecuente daño psicológico y físico que todo esto conlleva.

Es importante aclarar que la psicología puede aportar en estos casos algo muy específico: luego de haber establecido una relación transferencial donde el niño/ niña pueda sentirse lo suficientemente segura, se podrá evaluar mediante herramientas propias de la formación profesional, la producción integral de la subjetividad infantil.

De este modo se observa si existen marcas traumáticas que afecten el desarrollo infanto juvenil y en el caso de que las hubiera, si las mismas son compatibles con agresiones sexuales.

Pero en ocasiones entre esas marcas aparece también el relato de un abuso que ese niño/a sufrió o está sufriendo y eso constituye un indicador específico que no puede desconocerse.

Luego de informarse al organismo pertinente, será la Justicia quien lleve adelante las acciones necesarias para esclarecer ese delito y su consecuente sanción.

Sin embargo, el ataque es indefectiblemente sobre las psicólogas. Se debe utilizar el término psicólogas porque son mayoritariamente mujeres quienes atienden estos casos y cabe preguntarse ¿cuando el profesional interviniente es un varón el ataque cobra la misma violencia?

Sabemos que son menos los varones que trabajan estos temas, precisamente porque les cuesta mucho abandonar ciertos prejuicios ancestrales respecto a las mujeres, para poder escuchar niños cuando relatan que un varón los agredió.

Cuando la consulta se produce frente a una sospecha de abuso, el entorno familiar y muchas veces la madre que la solicita intenta negarla, porque le resulta francamente insoportable e increíble que algo tan siniestro ocurra dentro de su familia.

A diferencia de esta realidad que vemos en la práctica profesional, existen corporaciones que sostienen, no ingenuamente, que las denuncias de abuso son falsas mientras intentan, mediante el amedrentamiento, lograr que las madres o adultos protectores no denuncien a riesgo de ser penalizadas/os por hacerlo.

Es decir proponen penalizar a quien intenta proteger a los niños y las niñas a pesar de que la ley 26061 de Protección Integral de niños niñas y adolescentes ordena su protección, es decir que cualquier adulto que tuviera conocimiento de que los derechos de un niño, niña o adolescente estuvieran siendo vulnerados tiene obligación de informarlo es decir de ponerlo en conocimiento del estado.

¿Entonces?

Las psicólogas atacadas, perseguidas, injuriadas pertenecen a distintas provincias pero todas absolutamente todas resultan profundamente dañadas por este ataque injusto que se produce sólo por cumplir con los deberes éticos de la profesión.

Por supuesto que puede haber informes más contundentes, más o menos elaborados pero eso no quiere decir que todos los informes que muestren marcas traumáticas correspondientes a situaciones extremas tales como el abuso sexual carezcan de validez.

Por supuesto, esta problemática, como todas las que se dan en el campo social, está atravesada por las coordenadas políticas de la época y el contexto en que vivimos actualmente no favorece la visibilización y la ruptura del silencio frente a las agresiones sexuales.

Sería de suma importancia y ayuda para todas/os escuchar la posición y el lineamiento de los Colegios de Psicólogos y Psicólogas frente a esta paradoja terrible en la que las profesionales se encuentran.

¿Qué hacer frente a una consulta por sospecha de abuso o frente al pedido de tratamiento de un niño/niña que lo ha sufrido ?

¿Cumplir con lo que la ley y la ética profesional indica e inmolarse frente al ataque de señores denunciados por ese delito? o ¿Guardar silencio, no informando los indicadores que pudieran observarse y ser cómplices de la vulneración de derechos que ese niño, niña o adolescente estuviera sufriendo?

Realmente se necesita conocer el posicionamiento explícito de los colegios profesionales que son los organismos que rigen al cuerpo profesional para no quedar en una zona gris reducida a las condiciones de cada profesional.

Para terminar y ahora en nombre propio quiero decir que como psicóloga con casi cuarenta años de profesión, treinta y tres años de docencia universitaria, un doctorado cuya tesis fue “Abuso sexual en la infancia: sus efectos psíquicos”, defendida y aprobada con valoración sobresaliente en la UNR y un postdoctorado en Estudios de Género, así como numerosos artículos y dos libros publicados sobre el tema, me permito dar mi respuesta .

No he sido cómplice del silencio cuando los derechos de un niño, niña o adolescente podían estar siendo vulnerados, después por supuesto es la Justicia quien investiga, evalua y decide.

Pero estoy segura que este amedrentamiento que nos injuria y perjudica de una forma imposible de dimensionar, es un ataque ante todo hacia los niños y niñas víctimas que tendrán mucha dificultad en encontrar terapeutas que puedan ayudarlos y muchos de ellos/as volverán a someterse al silencio ominoso de ser utilizados como objetos del goce sexual de adultos.

Una sociedad que no puede proteger a sus niños, niñas y adolescentes es una sociedad que ha perdido la ética, la ternura y el registro del sufrimiento del otro, en síntesis ha perdido su propia humanidad.

La caza de brujas sobre las mujeres que no se someten ni se callan ha existido en todos los tiempos, este ataque sobre las psicólogas que atendemos víctimas es la nueva modalidad.

*Psicóloga Matrícula 1091