El gobernador Maximiliano Pullaro envío este jueves a la Legislatura los pliegos de los tres postulantes escogidos por el Poder Ejecutivo para ocupar vacantes en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, una vez cumplidos los plazos para presentar adhesiones e impugnaciones a los candidatos. Una de ellas fue la de la Red de Mujeres por la Justicia que, como adelantó Rosario/12, objetó todo el proceso porque aún no se presentaron las renuncias formales de dos ministros del alto tribunal, además de consignar que no se cumple con la paridad de género estipulada en normas locales, nacionales y del derecho internacional.

El texto ingresado al Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia plantea la suspensión del procedimiento por considerarlo “viciado de nulidad”. “La selección de nuevos ministros/as debe ser un proceso transparente y claro. Iniciar este procedimiento sin renuncias formales, además de estar viciado de nulidad, pone en crisis la confianza en el sistema político y judicial, creando dudas sobre la legitimidad de las propuestas”, afirma la Red.

Ansiedad institucional

La ansiedad oficial por avanzar en la segunda etapa del proceso de renovación de la Corte Suprema santafesina encarada por el gobernador Pullaro, omitió que las renuncias de los ministros Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco fueron anunciadas públicamente por ellos mismos para fines de 2026, pero no se efectivizaron en términos formales. Por lo tanto, no se puede avanzar en el reemplazo de un cargo que no está vacante, ni siquiera a plazo fijo. Sí, en cambio, la presentó con fecha de septiembre el tercer juez que anunció su renuncia por superar los 75 años de edad establecidos en la Constitución como límite máximo para el ejercicio de la magistratura, Eduardo Spuler.

En el punto IV de la extensa impugnación presentada por la Red de Mujeres por la Justicia, que preside la camarista penal de Chubut, Carina Estefanía, dice que “surge de los fundamentos del Decreto 3218/25 que el señor gobernador menciona que los doctores Roberto Héctor Falistocco y Rafael Francisco Gutiérrez anunciaron públicamente que dejarían su cargo como ministro de la Corte Suprema de Justicia a partir del 1 de noviembre de 2026”.

Sin embargo, “más allá de las manifestaciones públicas realizadas por los ministros, quienes a la fecha no han siquiera presentado la renuncia, es evidente que no están cumplidos los requisitos legales para iniciar el proceso de selección de postulantes para ocupar sus cargos”.

La objeción recuerda que “la normativa estipula que debe existir una renuncia formal para liberar el cargo”, de manera tal que “la ausencia de la renuncia impide que se inicien formalmente los procesos de selección y nombramiento, ya que legalmente los actuales ministros aún están en funciones hasta que se complete el proceso de renuncia, que, -como venimos señalando- ni siquiera se ha iniciado”.

Para la Red de Mujeres por la Justicia, “la renuncia es un acto jurídico que para su validez debe cumplir con ciertas formalidades. Las manifestaciones públicas de los ministros, aunque significativas, no son válidas, ni suficientes para dar inicio al proceso de cobertura de las vacancias”.

Finalmente, el escrito de impugnación hace hincapié en que “la selección de nuevos ministros/as debe ser un proceso transparente y claro. Iniciar este procedimiento sin renuncias formales, además de estar viciado de nulidad, pone en crisis la confianza en el sistema político y judicial, creando dudas sobre la legitimidad de las propuestas”.

Los boinas blancas

De todos modos, los pliegos ingresaron este jueves a la comisión bicameral de Acuerdos que preside la diputada socialista Lionella Cattalini, que deberá convocar a diputados y senadores para comenzar a analizar los antecedentes de los postulados, así como las adhesiones recogidas y las objeciones realizadas durante el período de 15 días establecido por decreto a tales efectos.

El proceso se inició el 18 de diciembre del año pasado, cuando el Ministerio de Justicia y Seguridad publicó los antecedentes y currículums de los tres candidatos: el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde; el actual secretario Administrativo de la Cámara de Senadores de la provincia, Diego Maciel; y la jueza de Faltas rosarina, Jorgelina Genghini.

Los dos últimos tienen vínculos directos con la UCR santafesina, a través del senador Felipe Michlig en el primer caso y de los hermanos Lucas y Julián Galdeano en el segundo. Lucas fue convencional constituyente por Unidos el año pasado y Julián es secretario de Vinculación Institucional del Gobierno de Pullaro.

Maciel fue asesor del bloque de diputados del Frente Progresista entre 2007 y 2011, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de la Producción entre 2011 y 2015 y secretario del bloque senadores de la UCR del 2015 a 2019. Su padre fue secretario privado del vicegobernador radical Carlos Fascendini.

Genghini trabajó en el Ministerio de Ambiente de la provincia (2016-2019); se desempeñó en la coordinación técnica del gabinete de la Municipalidad de Rosario; en el Tribunal de Faltas y en los equipos de descentralización y modernización de la Intendencia local.

Paritaria de género

Una de las impugnaciones -tanto al proceso como a los postulantes- la realizó la Red de Mujeres por la Justicia, al cuestionar la falta de paridad en el máximo tribunal santafesino: si se aprueban los pliegos enviados por Pullaro la Corte quedará conformada por cinco varones y dos mujeres.

“Solicitamos al señor gobernador de la provincia de Santa Fe deje sin efecto la postulación presentada de dos varones y una mujer y, una vez producidas las vacantes, proponga dos mujeres y un varón y de ese modo cumplir con el mandato constitucional provincial y nacional y convencional”, señala la presentación, realizada formalmente el 2 de enero pasado.

Explica que se trata de una cuestión estructural, no de nombres: “Aclaramos que no impugnamos a la candidata mujer ni a los varones en particular. Nuestro reclamo está dirigido a corregir la postulación de modo tal que sean dos mujeres y un varón, para de ese modo cumplir con el mandato constitucional y convencional de paridad”.

La objeción interpuesta por la Red sostiene que la postulación realizada para cubrir las vacantes “vulnera derechos y principios expresamente consagrados convencional y constitucionalmente”. Y agrega: “Es que la Corte, de aprobarse estas propuestas, quedará integrada con cinco varones y dos mujeres. Dos de siete no es paridad”.

Además, en un texto de 28 páginas, plantea que “la decisión que se adopte en este proceso de selección producirá efectos irreversibles sobre derechos fundamentales de las mujeres y sobre principios esenciales del sistema democrático y sobre la configuración del sistema de administración de justicia en su conjunto”.