La fiscal federal de Rosario Soledad García imputó esta semana a una partera de 88 años de edad, que trabajó en el área de maternidad del Hospital Roque Sáenz Peña por la presunta supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una niña de diez años, además de falsedad ideológica de instrumento público. La investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer que descubrió, mediante un estudio de ADN, que la persona que figuraba como su madre en la partida de nacimiento no tenía vínculo biológico con ella.

La acusación fiscal contempla una sola denuncia por ahora, pero detrás se agolpan numerosos casos similares que describen un negocio estructurado y clandestino para la venta de bebés, por lo menos desde finales de los años ’60 hasta los ’80.

García, de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas de la Unidad Fiscal Rosario, atribuyó a Dolly Viale de Garrido haber confeccionado en 1970 un certificado de nacimiento con información falsa sobre la filiación de una beba.

El caso podría tener una dimensión mayor. La Fiscalía incorporó denuncias de otras cinco personas que aseguran haber sufrido la supresión de su identidad y analiza si existió un mecanismo de entrega de recién nacidos a cambio de dinero durante el período en que la imputada trabajó en la maternidad del hospital, entre 1968 y 1980.

“De manera sistemática entre 1968 y 1980 separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba por dinero. Hay al menos cinco víctimas”, sostuvo la fiscal durante la audiencia de imputación, realizada el miércoles pasado ante el juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz.

Falsear la identidad

La acusación se concentra en un nacimiento registrado en 1970. Según la Fiscalía, la entonces partera certificó que E.A.Q. y A.T.B., ambos fallecidos, eran los padres biológicos de una niña que luego fue inscripta en el Registro Civil como Carmen Quiroga.

La investigación sostiene que la documentación oficial consignó como lugar de nacimiento el Hospital Roque Sáenz Peña y que la imputada intervino en la confección del certificado con datos falsos.

La denunciante había comenzado a investigar sus orígenes años atrás. En 2012 pidió a quien figuraba como su madre en la partida que se realizara un estudio genético. El resultado determinó que no existía vínculo biológico entre ambas, con una probabilidad de vínculo del 0 por ciento.

Según su relato, antes de morir su madre de crianza le contó que el nacimiento habría ocurrido alrededor del 27 de diciembre de 1969, mientras que la partida fue confeccionada el 9 de enero de 1970. También le habría revelado que la niña había sido entregada a la familia que la crió a cambio de dinero.

La denunciante señaló además que su identidad fue mantenida en secreto durante su infancia y que su padre, quien se desempeñaba en fuerzas de seguridad de Santa Fe, habría utilizado su posición para evitar que se conociera el origen de la niña. Una tía aportó un testimonio coincidente y afirmó que existieron amenazas para mantener el silencio familiar.

La Justicia ordenó un ADN

Durante la audiencia, la defensa de la partera planteó que la acción penal estaba prescripta. El juez rechazó el planteo y consideró que el hecho investigado constituye un delito continuado, cuyos efectos permanecen mientras no se determine la verdadera identidad de las víctimas.

A pedido de la Fiscalía, el magistrado también autorizó una extracción compulsiva de ADN de la imputada. La medida busca establecer si existe un vínculo biológico entre la acusada y una de las denunciantes, identificada como D.E.V. y criada como hija de la propia partera.

El juez fundamentó la decisión en el derecho de las víctimas a conocer su identidad y consideró que la extracción no vulnera las garantías de la acusada ni constituye una declaración contra sí misma.

La mujer continuará el proceso en libertad. Deberá presentarse cada 15 días ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, entregar su pasaporte, no salir del país, mantener distancia de las víctimas e informar cualquier cambio de domicilio.

La investigación continúa con el análisis de las otras denuncias y de la documentación vinculada con los nacimientos. El Área de Atención a las Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario también interviene en el acompañamiento de las personas damnificadas.

La Fiscalía habilitó el correo atencionvictimas-ros@mpf.gov.ar para recibir información relacionada con los hechos investigados y brindar asistencia a potenciales víctimas.