El Gobierno británico salió a responderle a Javier Milei después de que el Gobierno presentara en el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que amplía las sanciones contra personas y empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.

La respuesta llegó a través de una declaración de la subsecretaria parlamentaria británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran. Londres calificó de “inaceptables” y “sin justificación legal” las acciones impulsadas por la Argentina contra compañías e individuos que suministran bienes y servicios al archipiélago, incluidos los vinculados con el sector de hidrocarburos.

“El Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas e individuos”, sostuvo Kumaran en el comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico.

La funcionaria también afirmó que las Islas Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales y rechazó cualquier intento argentino de utilizar mecanismos internacionales contra personas o compañías que hagan negocios con el archipiélago.

La nueva ley que presentó Milei

La reacción británica se produjo después de que el Gobierno argentino enviara al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa busca reemplazar la Ley 26.659, vigente desde 2011, y ampliar el alcance de las restricciones y sanciones que hoy se concentran principalmente en la actividad hidrocarburífera.

El proyecto alcanzaría a distintas formas de explotación de recursos naturales, renovables y no renovables, en zonas que la Argentina considera bajo su soberanía. El proyecto contempla multas, inhabilitaciones y penas de prisión de hasta 20 años para determinadas conductas.

También propone crear un registro público de personas y empresas sancionadas y un Sistema de Seguridad Nacional coordinado por un Consejo encabezado por el Presidente.

Londres ya había fijado posición

La declaración de Kumaran no fue el primer pronunciamiento británico de esta semana. El 15 de septiembre, el Reino Unido había publicado una guía dirigida a empresas que trabajan con las islas, en la que sostuvo que la Argentina no tiene soberanía ni jurisdicción sobre el archipiélago y que su legislación no puede aplicarse a las compañías que desarrollan actividades allí.

Un día antes de la nueva declaración británica, además, la Justicia Federal de Río Grande había ordenado a Rockhopper y Navitas Petroleum abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas con Sea Lion.

En este nuevo contexto, mientras el Gobierno intenta continuar con esta nueva cruzada soberana presentando un nuevo marco legal para sancionar actividades que considera contrarias a los derechos sobre Malvinas, Londres deja en claro que respaldará a las empresas que operen en las islas.