Otra semana de aguas agitadas en la política de Santa Fe, con rebotes en la Legislatura y en la Justicia. En medio de la vacunación contra el coronavirus y la vuelta a las clases presenciales, se viene el acalorado cierre de listas para las elecciones legislativas

Pocas veces como la semana que pasó se puso en escena el crudo enfrentamiento que jaquea la vida institucional de la provincia, donde el retruco es la regla y el golpe a golpe entre funcionarios, legisladores y miembros del Poder Judicial teje un laberinto cada vez más complejo.

La Corte Suprema declaró constitucional en fallo dividido por 4 a 2 la ley 13807 donde la Legislatura modifica la ley de creación del Ministerio Público de la Acusación (13013) y se adjudica para sí la facultad de suspender y remover de sus cargos a fiscales y defensores en reemplazo del tribunal de disciplina plural similar al que la Constitución provincial prevé para los jury de enjuiciamiento de jueces.

Ese fallo tiene una particularidad. Salvo los cuatro jueces que votaron a favor de la Constitucionalidad –Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Roberto Falistocco y Eduardo Spuler– y algunas que otra voz suelta, la apabullante mayoría de jueces, fiscales, defensores y el procurador de la Corte están convencidos de lo contrario. En su momento lo expresaron los colegios de magistrados, la Junta de fiscales, la Asociación de Fiscales, el Servicio Público de la Defensa Penal, entre otras instituciones. Algunos lo hicieron de forma más vehemente, otros de forma más tibia.

Hay varios aspectos de ese fallo que no encajan. Además del contenido que en su momento se encargará de corregir la Corte nacional, no encajan las cuestiones de formas. Los seis votos estaban redactados hace tiempo. De hecho era vox populi el resultado de la votación y quién había votado a favor y quién en contra de la constitucionalidad (Mario Netri y Daniel Erbetta). No suena a casualidad que la misma mayoría de ministros resolviera sacarlo en la misma semana y horas antes de que dos jueces de menor rango decidiesen sobre casos de alto voltaje político.

Esos dos casos comparten la misma raíz que la ley 13807 que la Corte declaró constitucional. Son el intento de la fiscalía por extender una investigación penal al senador Traferri sobre el que tiene que decidir el camarista José Luis Mascali; y el enfrentamiento feroz entre el gobernador Perotti y su ex ministro Sain con la Legislatura, sobre el que una jueza laboral resolvió un amparo. Tres temas que tienen la misma raíz y que llegaron a la Justicia porque la política santafesina está rota e imposibilitada de construir consensos mínimos y estables. No es fácil, pero es necesario solucionarlos.

El juez José Luis Mascali retardó la detonación de la bomba sobre el caso Traferri para esta semana. Su fallo no será definitivo. Hay un conflicto muy profundo ahí entre las constituciones provincial de 1962 y la nacional de 1994. Podría haberlo resuelto la política. Salidas había, pero las desconfianzas, las actitudes corporativas y las inquinas personales y sectoriales no permitieron ni siquiera analizarlas. Ya judicializado, tiene un largo camino por delante que seguramente terminará una vez más en la Corte nacional.