El Comité Nacional, presidido por el santafesino Leonel Chiarella, cuestionó la iniciativa oficial y defendió los límites actuales a la compra de tierras por extranjeros.

La Unión Cívica Radical (UCR) fijó una posición institucional contra el proyecto del Gobierno nacional que busca modificar la Ley de Tierras.

A través de un comunicado oficial firmado por el presidente del Comité Nacional, el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella, el partido sostuvo que «se trata de eliminar limitaciones razonables, comprometiendo así la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país». El pronunciamiento se conoció el mismo día en que el Senado postergó el tratamiento de la iniciativa hasta agosto por falta de consensos.

En el documento, el radicalismo remarcó que «el Estado debe fomentar la producción, la innovación y la inversión, pero sin poner en riesgo nuestros recursos estratégicos» y reivindicó el rol histórico del partido en la sanción de la actual Ley de Tierras.

Además, recordó que la normativa vigente establece un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, un máximo del 30% de ese cupo para una misma nacionalidad, restringe la adquisición de más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo por un mismo titular extranjero y prohíbe compras en zonas fronterizas o con acceso a lagos y ríos.

La UCR cuestionó especialmente que el proyecto oficial habilite a cada provincia a definir sus propios criterios para la compra de tierras por parte de extranjeros, lo que, según advirtió, podría derivar en una desregulación preocupante. También expresó su preocupación por las modificaciones propuestas a la Ley de Manejo del Fuego, al considerar que flexibilizan las restricciones sobre el uso de suelos afectados por incendios. «Defender nuestra soberanía implica hacer cumplir la legislación existente», enfatizó el comunicado.

El documento concluye que países como Estados Unidos, Canadá y Francia mantienen regulaciones estrictas para proteger sus recursos estratégicos y sostiene que Argentina debe seguir ese camino. «Defendemos la inversión productiva, por eso creemos que el rol del Estado debe ser promover incentivos para nuestros productores y regulaciones razonables. Cuidando nuestras tierras y nuestros recursos», afirmó la conducción nacional del radicalismo. En el Senado, donde el proyecto volvería a debatirse el 6 de agosto, los votos de los diez legisladores radicales serán determinantes para definir el futuro de la iniciativa.