El proyecto propone modificar la ley sancionada en 1973 y fue elaborado a partir de la polémica actuación del juez Mingarini
La transformación del Poder Judicial viene siendo un reclamo central de los feminismos y las organizaciones de mujeres y diversidades y la falta de perspectiva de género en las actuaciones de los magistrados llevan tiempo bajo la lupa. Semanas atrás fue la decisión del juez santafesino Rodolfo Migarini de dejar en libertad a un hombre imputado por abuso sexual por la sola razón de haber utilizado preservativo (se evalúa si debe ser sometido a un enjuciamiento y veinte legisladoras exigen que sea sancionado ) puso en evidencia una vez más «la necesidad» de llevar adelante reformas. Así lo consideran una decena de legisladoras provinciales de diferentes bloques partidarios que esta semana, también con la firma de algunos diputados, presentaron un proyecto busca modificar la ley que regula los tribunales de enjuiciamiento de los magistrados de primera y segunda para lograr que haya paridad de género a la hora de definir esa instancia y a quiénes los integran.
«En los últimos años, la transformación que se viene dando en nuestra sociedad en pos de alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar con una Justicia con perspectiva de género. Para ello, es necesario generar cambios en el Poder Judicial que permitan alcanzar ese objetivo», considera en sus fundamentos el proyecto que lleva las firmas de las diputadas del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) Gisel Mahmud, Lionella Cattalini, Clara García, Erica Hynes, Rosana Bellatti, Lorena Ulieldin, María Laura Corgniali y Claudia Balagué, la justicialista Lucila de Ponti y Dámaris Pachiotti, del bloque Ciudad Futura.
Para eso, la legisladoras proponen modificar justamente la integración de una de las principales herramientas de control que con las que cuenta el sistema para juzgar las actuaciones de los magistrados, como es la ley provincial N 7050 que regula los tribunales de enjuiciamiento y modificarla en sus artículos 2, 3, 10 y 11.
«Las reformas que se proponen son tres», detalla la diputada socialista Gisel Mahmud e indica que «la primera tiene que ver con la posibilidad de que los representantes del Poder Legislativo y de los Colegios Profesionales que integran los tribunales de enjuiciamiento sean electos con criterios de paridad porque en la actualidad estamos muy lejos de ese escenario en cualquier proceso que se lleve adelante».
La legisladora explicó además que de acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial el tribunal tiene que estar integrado además los jueces de la Corte Suprema santafesina, el máximo órgano judicial de la provincia que está integrado solo por una mujer.
«Por ley de paridad también la Corte debería comenzar a tener más integrantes mujeres, pero eso aún no sucede. Y a esa conformación se suman además un senador, que es Armando Traferri, y un diputado, que es Maximiliano Pullaro; en tanto, por los colegios profesionales se define por sorteo», continuó Mahmud.
Con ese escenario, la legisladores proponen llevar adelante las modificaciones necesarias «para que a través de los representantes del Poder Legislativo y de los Colegios Profesionales la conformación de los jury tengan una mayor participación de mujeres y por ende, lograr cierta paridad», explicó.
Transparencia
Otras modificaciones incluidas en el proyecto de ley, indicaron, tienen que ver «con hacer públicos los actos de la Procuración de la Corte Suprema de Justicia que hoy mantienen criterios de confidencialidad que no son más que vestigios de oscurantismo que deben ser desarraigados».
Con ese objetivo, el proyecto propone la modificación del artículo 11 de la actual ley estableciendo que «quien preside la Procuración General de la Corte Suprema está obligado a denunciar los hechos que constituyan causales de remoción de jueces» y señala que «a sus denuncias no será aplicable las exigencias, ni las sanciones, ni la reserva y confidencialidad», aunque sí continuarán «sometidas al trámite de admisión o rechazo».
Por último, la iniciativa intenta evitar la renuncia de los magistrados, una de las salidas administrativas que muchas veces se definen para no llevar adelante los procesos de enjuiciamiento. «Una vez que está la denuncia hecha contra el magistrado, no podrá renunciar porque lo que termina sucediendo es que se dilata la cuestión para que renuncie o pida la jubilación de modo tal de evitar ser juzgado», detalló la legisladora.
Un caso emblemático
Para la legisladoras, «la transformación de los procesos de enjuiciamiento de los magistrados es fundamental» en el marco de las reformas para lograr una perspectiva de género en los agentes del Estado y centralmente del Poder Judicial.
«La existencia de casos emblemáticos nos demuestran el claro desconocimiento de algunos jueces de toda la normativa que tutela a las mujeres configurándose así la posibilidad de sanciones y en caso de observarse un patrón de conducta en ese sentido incluso la posibilidad de remoción del mismo», señalaron, poniendo sin dudas como uno de los ejemplos más recientes y cercanos el del juez Rodolfo Mingarini.
El magistrado dejó en libertad a un hombre acusado de abuso sexual con la sola excusa de que en su opinión no le resultaba “lógico” que el agresor haya tenido tiempo suficiente de colocarse un preservativo en el momento en que “estaba sometiendo” a la víctima. Mingarini, que además contaba con antecedentes en otra polémica decisión sobre una situación de violencia de género, admitió en su fallo que pudo haber una “relación forzada”, pero justificó la decisión de liberar al imputado en su propias consideraciones, dejando de lado tanto el testimonio de la víctima como los informes de los peritos que determinaron la existencia de “lesiones compatibles” con el abuso y “otros golpes” en el cuerpo de la mujer.
Justamente avanzar sobre un tribunal paritario garantiza, para las legisladoras, «la representación de la mujer en igual proporción que el hombre», así como también que «el juzgamiento por estos hechos se haga con una mirada diferente, particularmente necesaria ante denuncias de estas características».
El proyecto destaca además «la necesidad de que el sistema judicial cuente con perspectiva de género y en pos de adecuar sus órganos a la ley de paridad vigente en nuestra provincia es que creemos necesario avanzar con una distribución equitativa entre hombres y mujeres en el órgano de enjuiciamiento de magistrados regulado en la ley provincia».