La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, autorizó a la senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti a participar de manera remota en las sesiones de la Cámara Alta, incluida la convocada para este jueves para debatir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. La medida responde a una restricción médica que le impide trasladarse desde su provincia hacia la Ciudad de Buenos Aires debido a un embarazo de riesgo.

La decisión quedó establecida en el Decreto de Presidencia 66/2026, firmado este martes, que habilita a la legisladora del bloque Justicialista a intervenir de forma virtual, «con voz y voto», mientras se mantenga la situación médica acreditada o hasta el inicio de su licencia por maternidad. No obstante, la autorización fue dictada *ad referéndum* del pleno del Senado, por lo que deberá ser convalidada durante la sesión.

La participación de Fernández Sagasti adquiere especial relevancia para el debate previsto este jueves, ya que el oficialismo no tiene asegurados los votos necesarios para aprobar el proyecto, cuyo eje central propone modificaciones a la normativa sobre la propiedad de tierras rurales. Para habilitar la modalidad remota será necesario modificar el plan de labor parlamentaria, una decisión que requiere el respaldo de los dos tercios de la Cámara.

En el decreto, Villarruel aclaró que la autorización tiene carácter «individual, excepcional y transitorio» y que no modifica el reglamento del Senado ni constituye un antecedente de aplicación automática para otros casos. Además, estableció que la legisladora deberá participar de manera virtual desde el edificio de la Legislatura de Mendoza.

Según los fundamentos de la resolución, Fernández Sagasti cursa un embarazo de 32 semanas considerado de riesgo. Un certificado emitido por el jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Luis C. Lagomaggiore de Mendoza recomienda reposo relativo y contraindica expresamente la realización de esfuerzos físicos y viajes por cualquier medio de transporte. La senadora había presentado el pedido formal el 30 de julio, solicitando autorización para participar «de manera remota o virtual, con voz y voto» durante el tratamiento del proyecto.