En estos días, la figura de Valentina Bassi se ha transformado en la portavoz, junto a otras personas famosas o no tanto, de la lucha que llevan adelante el colectivo de personas con discapacidad tratando de sobrevivir a la acción criminal que el gobierno de Milei lleva contra el mismo. Ello conjuntamente contra otros sectores pobres y vulnerables.

Si nos detuviéramos en la historia de las condiciones de vida de personas con discapacidad, lo cual excede este posteo, sabríamos que han sido asesinadas, despreciadas, marginadas, discriminadas y llevadas al límite de la miseria.

Doctrinas previas a la segunda guerra mundial, no sólo en Alemania, afirmaban que la vida de “los discapacitados”, “minusválidos”, “idiotas”, “mongoloides”, como despectivamente denominaban a las personas con discapacidad, constituían un gasto para el Estado, para solventar una vida que no merecía ser vivida.

Fueron por ello marginadas, internadas, esterilizadas, utilizadas como conejillos de Indias y por último asesinadas en masa, constituyendo ello un verdadero “genocidio”.

Derrotado el fascismo y con el nacimiento del sistema internacional de derechos humanos, se fue revirtiendo esta situación en base a los principios del modelo médico hegemónico normalizador, el cual no eliminaba del todo la discriminación.

Recién el 2008, la ONU sanciona la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la cual es ratificada y elevada a rango constitucional en nuestro país (leyes 26378 y 27044).

No obstante contar con una legislación tan de avanzada, las personas con discapacidad siguen siendo discriminadas, tanto en el plano educativo como laboral, político, social, etc.

Los gobiernos de derecha, como el macrismo y el mileismo, profundizan la discriminación, por ejemplo con la política de achicar o eliminar las pensiones no contributivas, tildándolas de fraudulentas.

Pero es en este gobierno en que se ha decidido, en forma desembozada, quitar todo apoyo al colectivo de personas con discapacidad, no sólo eliminando pensiones sino, también, eliminando los beneficios en materias como salud, educación, trabajo, accesibilidad, autonomía, etc., con el mismo argumento del estado nazi, “la vida de las personas con discapacidad es un gasto para el estado”, ya que estos -al igual que las personas jubiladas- no producen.

No otorgar las prestaciones citadas, el no cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad ni los fallos judiciales dictados en consecuencia, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso una ley que permita que las prestadoras puedan o no cumplir con las prestaciones requeridas, eliminando el nomenclador que fija el valor de las mismas, etc., constituyen acciones genocidas contra un colectivo, a fin de causarles graves daños físicos o mentales a sus integrantes e imponer condiciones de vida destinadas a destruir el grupo.

En esta apretada síntesis, se encuentran resumidas las causas por las cuales la lucha de las personas con discapacidad, sus familiares, así como los prestadores, deben ser apoyadas y ser incorporadas al resto de las luchas que libra el pueblo argentino contra un gobierno neofascista, o como quieran caracterizarlo.