Mañana, martes 4 de noviembre, el Tribunal Oral Federal N° 1 dará a conocer su veredicto en el juicio de la causa conocida como el Villazo, por delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros metalúrgicos en 1975, en Villa Constitución. La sentencia llega a casi dos años del inicio del debate oral y público que tuvo un centenar de testimonios. Para los y las protagonistas, sobrevivientes, querellantes y familiares, se trata de una jornada «histórica», por lo que organismos de derechos humanos, organizaciones y sindicatos que vienen acompañando a víctimas y allegados convocan a un acto que se realizará desde las 10 en calle Oroño al 900, con micrófono abierto, para escuchar de manera colectiva la decisión judicial.

«Es un momento histórico. Una fecha que se espera hace más de 50 años. Este juicio significó muchísimo para la historia de los juicios de lesa humanidad, para la historia obrera y por sobre todo para los querellantes, los y las sobrevivientes, familiares que han declarado, a quienes siempre agradecemos por poner el cuerpo y el alma», sostuvo el abogado Federico Pagliero, del equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), querellante en la causa.

En la previa de conocer el veredicto, el letrado aseguró que «gracias a estos relatos se pudo reconstruir una rica historia que tiene dos aristas. Por un lado, está la dolorosa y tremenda represión que sufrió Villa Constitución y la región, en aquel 75, año democrático, que a todas luces nos da una convicción de que el terrorismo de estado comienza antes del 24 de marzo de 1976, que acredita a las claras la participación económica en este caso encarnada en Acindar. Y por otra parte, queremos resaltar que este juicio también nos dio la rica historia obrera que tuvo el país, en este caso puntual la gran organización de la lista Marrón en Villa Constitución, que supo tejer lazos de solidaridad con otros trabajadores, con otras localidades y que todo el país en ese momento apoyaba y pedía por la libertad de los dirigentes que habían sido injustamente encarcelados».

Para Pagliero, que integra el equipo de APDH con las abogadas Gabriela Durruty, Julia Giordano y Jésica Pellegrini «después de 50 años, el Estado argentino tiene la posibilidad de poder establecer la verdad de los hechos, romper la impunidad de estos años y nosotros esperamos que el tribunal esté a la altura de las circunstancias y que continúe con este camino que se emprendió ya hace más de 20 años, del juzgamiento de estos graves y aberrantes delitos, y que es un deber del estado nacional pronunciarse y condenar a los culpables que formaron parte del aparato represivo».

Además, planteó que «este momento, esta sentencia, significa muchísimo para la localidad de Villa Constitución y por sobre todo para los querellantes, familiares, víctimas, sobrevivientes, que pusieron el cuerpo. Gracias a ellos y ellas pudimos reconstruir los hechos, se pudo armar este rompecabezas y este grito de justicia ya lleva más de 50 años, no comenzó con el inicio de esta causa hace casi 15 años, sino con los primeros pedidos de libertad, con las primeras formaciones de los organismos de derechos humanos en Villa Constitución. Es una lucha histórica que lleva medio siglo y está en manos ahora del Estado poder de alguna manera recomponer todo el daño y el dolor que llevó adelante el propio estado, y reconocer estos hechos con condenas ejemplares».

En esa línea, el abogado agregó: «Los sobrevivientes que han protagonizado ese mojón de la historia llamado el Villazo, nos dicen que cuando hablemos de aquella gesta lo hagamos de forma plural, porque fue eso, una construcción colectiva, y en ese punto, aquellos lazos de solidaridad que gestó Villa Constitución, que gestó la lista Marrón (que encabezaba Alberto Piccinini), hoy se ven retribuídos porque los organismos de derechos humanos de Rosario, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles y sociales, están organizando un gran acto para el día de la sentencia», este martes.

«Es reconfortante saber el apoyo que tiene esta causa», dijo. Y recordó que «muchos obreros no estarán presentes. Lamentablemente, el paso del tiempo llevó a que perdamos a muchos protagonistas, como el propio Piccinini -fallecido en 2021-, y muchos obreros que fueron asesinados estarán presentes en la memoria colectiva, más que nunca el día del veredicto».

La acusación

El expediente tiene como acusados a 15 expolicías federales y un expolicía provincial; al tiempo que, por primera vez en la provincia, se juzga a civiles en el caso de dos ex jerárquicos de Acindar, Roberto Pellegrini y Ricardo Torralvo (a quienes alcanza el pedido de prisión perpetua), en el marco de la acusación por responsabilidad empresaria.

En el debate se juzgaron ocho casos de homicidio agravado, y diferentes hechos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados y asociación ilícita, que tuvieron como víctimas tanto a trabajadores vinculados a la Seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), como a militantes políticos y simpatizantes de la lista Marrón de esa organización sindical, que poco tiempo antes había ganado las elecciones y ocupaba su conducción.

En la causa, la Fiscalía -Adolfo Villatte, de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad del Distrito Rosario y los auxiliares fiscales Juan Patricio Murray y Álvaro Baella- hizo pedidos de penas de prisión perpetua para los dos exdirectivos de Acindar; y otras que van de 10 a 25 años de prisión, para expolicías federales y uno de la guardia rural, por 67 casos.

En tanto, la querella del equipo jurídico de APDH también solicitó dos condenas a prisión perpetua para los civiles y otras de 16, 22 y 25 años de prisión para el resto de los acusados.

Como indicó la acusación fiscal al inicio del debate, los hechos represivos juzgados fueron la respuesta a la histórica protesta conocida como «El Villazo». Los secuestros sucedieron entre el 20 y el 26 de marzo de 1975, y también en abril, mayo y junio de ese año. Las privaciones de la libertad se prolongaron por meses o años, según cada caso. En enero y marzo de 1976 también se produjeron secuestros y posteriores homicidios relacionados a estos hechos.

El requerimiento agrega que en aquel momento “se inició una verdadera cacería que perduró hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y continuó con posterioridad, aunque adquiriendo otras características. La estrategia de aniquilamiento de la resistencia obrera fue notoria en todo el cordón industrial y, en nuestra zona, no sólo incluyó a Villa Constitución, sino también a Rosario, San Nicolás y San Lorenzo».

Desde APDH, en tanto, vienen sosteniendo que se trató de hechos que «tuvieron como objetivo derrotar la lucha sindical de lxs trabajadorxs metalúrgicxs. El operativo ‘Serpiente roja del Paraná’ fue una prueba piloto del terrorismo de estado en el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que luego se aplicaría durante la dictadura de forma sistemática».

Además, Pagliero recordó que los civiles juzgados «pertenecían a la empresa Acindar y con ello acreditar que hubo un plan económico, teniendo en cuenta que el presidente del directorio de Acindar, en el momento de la cruenta represión de Villa Constitución, era Martínez de Hoz, quien luego del golpe de Estado pasa a ser ministro de Economía de la dictadura cívico militar; aplicando un plan económico neoliberal de miseria para la mayoria del pueblo Argentino y una concentración en pocas manos del capital y de la producción industrial en la que aquella empresa se vio claramente beneficiada, como fueron beneficiadas por esas políticas genocidas otras grandes empresas del país».