La fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, salió a chocar de frente al proyecto sostenido por el oficialismo que propone que el mandato del fiscal general dure cuatro años, al igual que el del gobernador, y que las gestiones de ambos sean coincidentes. Y calificó la iniciativa considerada desde lo institucional como «un golpe bajo». «Hay dos proyectos, uno de la UCR y otro del PRO, que bajan la periodicidad. Eso no nos parece mal. Pero nos quieren meter por la ventana sin dar una discusión franca y sincera y es que el período del fiscal general concuerde con el inicio del mandato del Ejecutivo y dure cuatro años. Esto afecta la independencia. Están diciendo: ‘como gobernador elijo a los ministros y también al que lidera el MPA’. Ahora, si esta es la discusión deberían haberla dado francamente. Han hecho esto de modo oculto. Es un golpe bajo institucional. Afectaría directamente la independencia del MPA. Esto más allá de que trabajamos hasta ahora muy fuerte junto con el Ejecutivo. Pero entrar e irse con el mismo gobierno es otra discusión. Ese debate no lo dieron. Lo quieren meter por la ventana”.

Las declaraciones se volcaron en un zoom del Colegio de Abogados sobre la reforma en los últimos días, y adquiere gran importancia porque la iniciativa podría plasmarse esta misma semana.

En esa misma intervención con otros referentes del sistema judicial como defensores, fiscales y abogados, Vranicich volvió a reclamar la independencia de otros poderes. “Somos independientes de otro poder del Estado. Esto incluye al Poder Judicial. Quien más nos ha obstaculizado en nuestra eficiencia y eficacia es la propia Corte y lo he dicho en la propia Convención”, dijo la jefa de los fiscales provinciales. “Por eso peleamos para tener nuestra propia superintendencia. Para eso necesitamos que la Constitución nueva hable de que somos autónomos, autárquicos e independientes de todos los poderes del Estado”.

Y en esa línea abundó sobre sus diferencias. “Con el Poder Legislativo tenemos una discusión con el sistema de remoción. Pero decimos que la función del diseño de la política de persecución penal la tiene el Ministerio Público de la Acusación en coordinación con el Poder Ejecutivo. Porque sectores del Poder Ejecutivo pretenden ponerlo como una facultad de ese poder y no de los fiscales”, sostuvo.

La discusión con diputados y senadores tiene su historia: en 2016 los fiscales Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja, osaron investigar la forma en que senadores distribuían subsidios. Allí nació la ley que pone en cabeza de los legisladores la sanción a fiscales. como resultado Narvaja fue denunciado, apartado y la causa contra los cinco senadores quedó en la nada.

La fiscal general recordó allí que ellos proponen que para enjuiciar fiscales y defensores haya equilibrio en el tribunal de enjuiciamiento. “Si la balanza está desequilibrada no nos espera un buen futuro. Nuestro sistema de origen en el tribunal de enjuiciamiento habla de un representante de la fiscalía, de los colegios de abogados, un senador y un diputado. Pero hay un proyecto que va por más y dice que la presidencia la tiene que tener el Poder Ejecutivo”, dijo.

Se refería al proyecto del radicalismo. Que dispone que haya en el tribunal tres senadores y tres diputados. Más el representante del Ejecutivo. Y luego un representante del Ministerio Público, uno de los abogados y uno de las universidades. “En un escenario donde de los diez consejeros siete provendrían del estamento político entre legisladores y Ejecutivo, no van a elegir un perfil técnico sino político”, dijo Vranicich.

Las diferencias entre Vranicich y Unidos es la primera grieta que se muestra en veinte meses de gestión, que parece no querer dejar en manos de los fiscales la persecusión penal cuando en la mira está nada menos que el propio ejercicio de la gestión pública de miles de millones de pesos de las arcas del Estado.