En los pasillos judiciales se da por segura la confirmación de la sentencia, algo que los simpatizantes de la expresidenta ya anticipan. Militantes kirchneristas han prometido reunirse frente al edificio judicial para denunciar un supuesto «lawfare». Sin embargo, este proceso representa una oportunidad para que se haga justicia después de años de investigaciones y denuncias de manejos corruptos de los recursos del Estado.

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña se han coordinado para la audiencia, en la cual solo se espera que se lea la parte resolutiva del fallo, que será transmitida en vivo. Fuentes judiciales indicaron que el fallo será breve, ya que la extensión del documento, de más de 1500 páginas, hace imposible una lectura detallada en ese momento.

Se especula que Borinsky y Barroetaveña apoyarían la confirmación de la condena original, mientras que Hornos podría respaldar la solicitud de la fiscalía para elevar la pena a 12 años de prisión, señalando a Kirchner como jefa de una asociación ilícita.

En diciembre de 2022, luego de un extenso juicio y una contundente acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, el Tribunal Oral Federal 2 dictó la condena de seis años de prisión para Cristina Kirchner, así como la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Este proceso penal ha sido calificado por algunos sectores como una señal de la gravedad de la corrupción en la administración kirchnerista, que habría desviado millones destinados a obras públicas en beneficio de unos pocos.

Los detalles de la sentencia serán notificados de inmediato a los abogados del caso. La expectativa de confirmación ha generado movilizaciones de apoyo a la expresidenta, mientras que en el ámbito judicial se ha montado un operativo de seguridad.

Aunque se descarta la presencia de Cristina Kirchner, se prevé una importante convocatoria de medios y manifestantes. En tanto, la audiencia se celebrará en medio de la causa contra los acusados del intento de asesinato a la exmandataria en 2022, lo que ha impedido el traslado a una sala más amplia.

El caso Vialidad representa una de las investigaciones más complejas y prolongadas contra la corrupción en la política argentina. Durante el proceso, la defensa de Cristina Kirchner desplegó múltiples maniobras para dilatar el juicio, recusando jueces y promoviendo incidentes que entorpecieron el avance del caso. Esta estrategia, vista como una táctica para evadir la justicia, ha mantenido en vilo al país y ha retrasado el fallo final durante años.

Mientras tanto, líderes y militantes kirchneristas, encabezados por figuras como Juan Grabois y el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena, han convocado a una clase pública para denunciar «persecución judicial» contra la expresidenta.

Esta movilización busca cuestionar la legitimidad del fallo y construir una narrativa de victimización que intenta desviar la atención de los graves cargos por corrupción que enfrenta Cristina Kirchner.

La confirmación de la condena podría ser revisada en última instancia por la Corte Suprema, aunque las fuentes judiciales señalan que este proceso sería lento. No obstante, de llegar a este punto, quedará en manos del máximo tribunal determinar si finalmente se aplica una condena efectiva, lo que marcaría un precedente histórico en la lucha contra la corrupción.