La escena ocurrió en Casa Rosada durante una conferencia centrada en el nuevo régimen de inversiones que impulsa el oficialismo y en un operativo antidrogas en Santa Fe. Sin embargo, las preguntas de los periodistas rápidamente desviaron el foco hacia dos temas que incomodan al Gobierno: la investigación judicial sobre Adorni y las versiones sobre pagos extraoficiales a funcionarios nacionales.

El periodista Ariel Rodríguez, de Cadena3, introdujo el tema al señalar que empresarios argentinos ya hablan del “riesgo Adorni” y recordó que la senadora Patricia Bullrich pidió públicamente que el jefe de Gabinete adelante la presentación de su declaración jurada para despejar sospechas. Luego lanzó una pregunta directa: “¿Cobran sobresueldos o han recibido sobresueldos a lo largo de su gestión en este Gobierno?”.

La respuesta nunca llegó.

En lugar de contestar, Adorni interrumpió y dejó en claro que los funcionarios solo aceptarían preguntas relacionadas con los temas previamente establecidos por el Ejecutivo. “Queremos que sea agenda cerrada”, afirmó el funcionario, justificando la decisión en la “relevancia” de los anuncios oficiales.

La situación se repitió minutos después cuando el periodista Fabián Waldman consultó sobre el procesamiento del gendarme Guerrero por el ataque al fotógrafo Pablo Grillo durante una protesta frente al Congreso, y sobre las condiciones salariales de las fuerzas de seguridad. Nuevamente, Adorni evitó cualquier definición y sugirió que, si no había interés en la agenda oficial, se cediera el turno a otro periodista.

La escena dejó expuesta una contradicción cada vez más evidente dentro del gobierno libertario. La administración de Javier Milei llegó al poder con un discurso centrado en la transparencia, la lucha contra “la casta” y la crítica permanente a los privilegios de la política tradicional. Sin embargo, frente a preguntas vinculadas al patrimonio de sus funcionarios o a posibles sobresueldos, la respuesta oficial fue el silencio.

El problema político para la Casa Rosada es que las sospechas alrededor de Manuel Adorni ya dejaron de ser un tema marginal. La investigación sobre su patrimonio y las crecientes versiones de tensiones internas dentro del oficialismo empiezan a afectar incluso la percepción empresarial sobre la estabilidad política del Gobierno.

Además, la negativa a responder no se basó en restricciones judiciales ni legales. Ninguno de los funcionarios presentes argumentó impedimentos formales para hablar del tema. La decisión fue puramente política: cerrar el debate y limitar las preguntas a una agenda previamente definida.

Esa estrategia, lejos de desactivar la polémica, profundiza las críticas sobre el vínculo del Gobierno con la prensa y el manejo de información sensible. Organizaciones periodísticas y sectores opositores vienen denunciando un clima cada vez más hostil hacia periodistas críticos, especialmente cuando las preguntas apuntan a temas incómodos para el oficialismo.

La conferencia terminó dejando una imagen difícil de revertir para el Ejecutivo: ministros dispuestos a hablar extensamente sobre inversiones y seguridad, pero completamente mudos frente a las preguntas sobre privilegios, patrimonio y transparencia dentro de su propia gestión.