La acusación fue presentada por el Partido Justicialista de Mendoza en la que exigieron a la Justicia que investigue la firma del convenio que le otorgaba $18 millones a la fundación del ex senador y religioso.
El Partido Justicialista de Mendoza, que preside Anabel Fernández Sagasti, presentó este lunes la denuncia penal contra el Gobierno de Mendoza, comandado por Rodolfo Suárez, por el escandaloso subsidio de 18 millones de pesos que iba a entregarle al exsenador y pastor Héctor Bonarrico, tras haber llegado a un supuesto acuerdo político para que se bajara de su candidatura.
“Varios partidos políticos y otros me han mostrado la voluntad de presentarse como querellantes en el expediente. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para saber si es un hecho aislado, esto de la posible compra de la voluntad del exsenador Bonarrico o es un modus operandi del gobierno provincial”, sostuvo la presidenta del partido local y senadora nacional.
Asimismo, la legisladora hizo refirió a la contra denuncia que pretende realizar Ejecutivo contra el pastor. “Es una jugada distractiva para que los mendocinos se confundan y se distraigan del real hecho. Lo grave es que querían pagar 18 millones de pesos a cambio de bajarse de una candidatura”, insistió Sagasti.
La denuncia
En el documento al que accedió El Destape, el Partido Justicialista exigió a la Justicia que investigue los siguientes delitos:
- a) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (Art. 265 del CP), delito que se configura ante el involucramiento en contratos u operaciones públicas para beneficio propio del funcionario que debe intervenir.
- b) Enriquecimiento ilícito de funcionarios (Art. 268 (2) CP);
- c) Malversación de caudales públicos (Art. 261 segundo supuesto CP).
- d) Cohecho y tráfico de influencias (Art. 256 CP).
En la denuncia además se incorporaron las declaraciones del exsenador en los medios de comunicación en las que admite que la donación que iba a efectuar el Gobierno provincial eran en el marco de un acuerdo político que hizo su Partido Movimiento de Acción Social (MASFE) con Cambia Mendoza.
Por otra parte, en la denuncia escrita, que tiene 7 fojas, se asegura que el gobierno provincial “busca desviar la investigación y culpar solamente a Héctor Hugo Bonarrico, con la presentación que hizo el ministro Víctor Ibáñez por ‘tentativa de fraude al Estado’”. “Este Ministro ha firmado todos y cada uno de los actos en los que se funda la denuncia. Si Bonarrico ha cometido un delito, Ibáñez ha sido coautor del mismo necesariamente. Es totalmente absurdo el planteo de desconocer cuál ha sido la motivación del convenio de colaboración que no es más que el acuerdo político y electoral que realizaron para defraudar al Estado”, remarca la denuncia.
Por último, se enfatiza es que la marcha atrás del otorgamiento del subsidio “de ninguna manera exime de responsabilidad a los denunciados en el escrito o de ser investigados por el hecho”.
El hecho
El Partido Justicialista de Mendoza denunció al gobierno de Mendoza liderado por Rodolfo Suárez, por el escandaloso subsidio que iba a entregarle el Gobierno provincial al exsenador y pastor Héctor Bonarrico. El decreto que establecía la transferencia de dinero fue dado de baja después de que el dirigente cometiera un sincericidio en una radio: confesó que el dinero era por un acuerdo electoral.
Todo comenzó cuando el gobierno de Mendoza presidido por el radical Suárez firmó un convenio con la Fundación Acción Social, presidida por el ex senador aliado al oficialismo.
El acuerdo por al menos $18 millones fue publicado este jueves en el Boletín Oficial, a través del decreto 684. De acuerdo al anexo de la disposición, el Ejecutivo le dará «la suma de $9 millones distribuidos en 4 pagos trimestrales de $2.250.000, comenzando el primer desembolso a partir de la fecha de aprobación del presente decreto» que podrá «ser renovado tácitamente por igual término si las partes así lo quisieran».
Luego, en una entrevista en el medio MDZ Radio, el pastor confesó que el subsidio había sido a cambio de bajar su candidatura a senador provincial. Tras el sincericidio, el gobernador, Rodolfo Suarez, ordenó hacer una revisión del decreto que permitía el desembolso millonario.