El presidente electo por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, aseguró que hay que «derogar la Ley de Alquileres», y considerarla un «contrato entre partes». Además, sostuvo que “lo único que ha hecho la Ley de Alquileres es generar daño”, y aseguró que “terminó perjudicando a aquellos que pretendía proteger”. Las alarmas se encendieron entre las organizaciones de inquilinos de Rosario que viene de librar una dura lucha en el Congreso nacional para conseguir una normativa que conlleve algo de protección para el eslabón más débil que es el inquilino. También reaccionaron porque Milei fue muy claro en expresar que las partes podrán acordar también la moneda en la que se hacen los acuerdos. «Es la misma política que Martínez de Hoz cuando desreguló los alquileres en 1977», aseguró Sebastián Artola.

Como referente de Inquilinos Agrupados Rosario y responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe, Artola sostuvo que “es volver a la idea de que el Estado no debe intervenir en el mercado inmobiliario”. Para el dirigente se pretende «por un lado, considerar al contrato de alquiler como algo privado, es decir, el famoso ‘acuerdo entre las partes’ donde sabemos que siempre termina perdiendo el inquilino y son los rentistas y el mercado los que imponen la condiciones”. Y por el otro lado «liberar todo el precio del alquiler, como se hizo en 1977, y legalizando que se puedan hacer contratos en moneda extranjera”.

“Esto significaría en lo inmediato un fuerte aumento en los alquileres y un retroceso total en materia de acceso a la vivienda en Argentina, con el agravamiento de la ya difícil situación que se vive”, afirmó Artola. Y adelantó que “con estas medidas no esperemos otro resultado que la expulsión de sectores asalariados y medios a la calle”. “Lo habíamos advertido en todos estos días, un gobierno de Milei sería catastrófico para los inquilinos”, subrayó concluyó el referente del movimiento de inquilinos de la ciudad.

El pasado 11 de octubre, la Cámara de Diputados convirtió en ley, por 128 contra 114 votos, el proyecto de reforma con los cambios incluidos por el Senado impulsados por Unión por la Patria, con lo cual se había establecido que los contratos entre propietarios e inquilinos se mantendrían por un plazo de tres años, con una actualización semestral, en función del denominado Coeficiente Casa Propia, utilizados desde hace dos años para los créditos enmarcados en el programa Procrear.

En tanto, los contratos deben de acuerdo a la normativa vigente ser estipulados «en valor único en moneda nacional». La reforma de la Ley 27.737 fue promulgada en estos términos con la publicación del Decreto 533/2023 en el Boletín Oficial.

Artola recordó que Milei como diputado nacional «ni siquiera acompañó la propuesta más dura para los inquilinos que era de Juntos por el Cambio». Efectivamente, ésta proponía acortar a dos años la extensión del contrato y actualizar el monto de los alquileres cada cuatro meses. La ley que salió mantuvo la duración de tres años y la actualización de alquileres cada seis meses pero además con un coeficiente más beneficioso para el inquilino.

Si bien el mecanismo institucional manda que spolo otra ley podría derogar la actual, Artola cree que «una fuerte decisión política podría avanzar con un decreto».