El proyecto ya tiene media sanción del Senado, pero no logra consenso en la Cámara baja. Este miércoles habrá una reunión clave con funcionarios de distintas ciudades.

Funcionarios municipales de distintas localidades de Santa Fe participarán este miércoles de una reunión de la comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados de Santa Fe para analizar el proyecto que propone prohibir la actividad de los cuidacoches.
La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado, pero su tratamiento en la Cámara baja permanece estancado por falta de consenso, incluso dentro del oficialista frente Unidos.
La reunión está prevista para las 13.30 y contará con la presencia de secretarios de control de ciudades como Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución y Santo Tomé, entre otras.
Por el momento, la posibilidad de una sanción en el corto plazo aparece lejana. Dentro de Unidos, persisten diferencias entre sectores del socialismo y del radicalismo. Mientras algunos impulsan avanzar con la prohibición, otros plantean que la normativa debe contemplar la complejidad social del fenómeno y no limitarse a una respuesta punitiva.
La oposición, por su parte, tampoco está dispuesta a acompañar el proyecto tal como llegó desde el Senado, según lo manifestado en reuniones previas de comisión.
Qué propone el proyecto
El texto con media sanción plantea modificar el Código de Convivencia mediante la incorporación de un artículo 66 bis, que tipifica como infracción la actividad de quienes ofrezcan o exijan dinero a cambio de permitir estacionar, cuidar o limpiar vehículos en la vía pública sin autorización.
La norma abarca tanto los pagos voluntarios como aquellos realizados bajo presión, siempre que la actividad esté prohibida por ordenanzas locales.
Además, establece un esquema progresivo de sanciones que incluye:
- Trabajo comunitario
- Restricciones de circulación
- Arresto en casos de reincidencia
También se contemplan agravantes en situaciones de violencia, actuación en eventos masivos o cuando exista una organización detrás de la actividad.
El control de la actividad quedaría en manos de los gobiernos locales, con la posibilidad de requerir intervención policial en los casos que lo ameriten.
La reunión de este miércoles aparece como una instancia clave para escuchar la experiencia de los municipios y, eventualmente, acercar posiciones en un debate atravesado tanto por la seguridad urbana como por la dimensión social del problema.
