El escenario generado en la provincia de Santa Fe a partir de la última negociación paritaria docente deja sobre la mesa una situación que obliga al Poder Ejecutivo a resolver cómo, cuándo y a quiénes liquidará el aumento ofertado. El cuadro tiene su particularidad porque los dos gremios mayoritarios del sector rechazaron el incremento del 8% propuesto para el próximo trimestre.

La desestimación se dio con matices, y ello también suma complejidad al asunto. Por un lado, el sindicato que representa a los maestros del sector público (Amsafé) decidió rechazar la suba y exigir una nueva convocatoria a paritaria, al tiempo que resolvió un plan de lucha que implicará un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para el próximo miércoles, y una movilización hasta Tribunales el jueves, para reclamar que se derogue la última reforma previsional.

Por el lado de la docencia privada (Sadop), si bien vetaron la oferta y también pidieron nueva convocatoria, no realizarán medidas de fuerza.

Alternativas

Habiéndose expedido los sindicatos sobre la propuesta planteada, es el gobierno quien debe mover ahora sus fichas. Y ello implica decidir, por ejemplo, si acepta el pedido de los gremios y vuelve a convocar a paritaria. A juzgar por los antecedentes de las últimas discusiones salariales, en ningún caso el gobierno generó una nueva citación después de un rechazo.

Menos aún, existiendo un sector (el de la administración central) que ya aceptó la misma oferta. Reunirse nuevamente con los docentes y modificar eventualmente la propuesta implicaría un nuevo movimiento en la discusión con ATE y UPCN que -como se dijo- ya se dio por cerrada.

De confirmarse ese supuesto – la inexistencia de una nueva convocatoria-, el gobierno debe decidir qué hace con el aumento. En gestiones anteriores, cuando el rechazo se generaba de manera unánime, los gobiernos de turno casi sin opción, debían promover una nueva convocatoria para destrabar el conflicto.

Pero desde que la actual gestión instrumentó el Premio a la Asistencia Perfecta y el descuento del día de paro, sobre todo el sindicato que representa a los docentes privados debió morigerar su posición en más de una ocasión, y aceptó las propuestas.

Esa convalidación, aun cuando fuese en disconformidad, le permitió al gobierno liquidar de todos modos el aumento, sobre la base de que al menos uno de los dos sindicatos había aceptado.

La situación es distinta esta vez, porque ninguno de los dos gremios mayoritarios aceptaron. El Poder Ejecutivo puede, entonces, establecer el pago de los incrementos por decreto.

Sería con el argumento de que se aspira a lograr el «mayor beneficio posible» para los trabajadores, según explicaron fuentes oficiales a El Litoral, pero ello podría detonar un planteo sindical sustentado en que el gobierno no debería fijar aumentos de manera unilateral, puesto que ésa es una competencia de la paritaria. Los gremios podrían solicitar que el Ejecutivo se abstenga de hacerlo.

Desde la Casa Gris aseguraron a este medio que no hay al respecto todavía una decisión tomada. Sí la de pagar las mejoras al sector estatal que aceptó la oferta el viernes pasado, así como la de descontar el día a los docentes que adhieran al paro del próximo miércoles